Clamor a favor de la ley contra la pobreza energética

La Alianza contra la Pobreza Energética, una de las entidades que impulsó la iniciativa legislativa popular que cristalizó en la ley 24/2015, ha subrayado que esta normativa sigue plenamente vigente. Una juez de Barcelona ha anulado el protocolo de la ley por entender, entre otras cosas, que la Generalitat carecía de competencias para implantarlo.

Pero la sentencia no anula la ley en sí, como anunció ayer este diario. Tampoco “tendrá ninguna consecuencia directa en su aplicación, dado que el texto es bastante claro en el establecimiento del principio de precaución antes de cortar la luz, el agua o el gas”, añade la Alianza contra la Pobreza Energética. La 24/2015 fue aprobada por unanimidad por el Parlament y merece elogios de las más diversas asociaciones cívicas y altruistas.

Según la Agència Catalana del Consum, la norma ha impedido más de 39.000 cortes de suministros, lo que la convierte en “un referente europeo en la lucha contra la pobreza energética”. Càritas, que también apoya la ley sin fisuras, denuncia sin embargo que las compañías “incumplen a veces el principio de precaución” y cortan suministros básicos a personas en riesgo de exclusión social.

Según la juez que ha anulado el protocolo, el “principal mecanismo” para la protección de los consumidores vulnerables es el bono social, que prevé descuentos en las facturas y ayudas para las familias con dificultades económicas. Càritas replica que el bono “es insuficiente” y los trámites burocráticos para conseguirlo “difíciles”. La entidad vinculada a la Iglesia recalca que las personas no son meros clientes de las compañías suministradoras, “sino titulares de un derecho: suministros básicos a un precio asequible”.