Mar de fondo

Lunes 13 de noviembre, pocas horas después de que las bases de BComú votaran a favor de expulsar al PSC del gobierno de Barcelona. Suena el teléfono en el Gremi de Restauració. Llama la teniente de alcalde Janet Sanz y pide una reunión inmediata para resolver la guerra de las terrazas de una vez por todas. Este era uno de los temas que llevaban los socialistas y que dejaron sin solucionar. En el Gremi se frotan los ojos por el cambio radical que iba a tomar un conflicto que, durante más de dos años, había llevado a mantener una relación con el gobierno municipal entre mala y muy mala. Todavía resuena en la memoria de los restauradores la incautación por la fuerza de la Guàrdia Urbana de mesas y sillas de las terrazas en aplicación de la polémica ordenanza. Pero el conflicto había llegado a un punto muy peligroso políticamente para la alcaldesa Ada Colau porque el Gremi había logrado recoger 18.138 firmas que obligaban al gobierno a debatir y votar la propuesta de normativa de los propios restauradores que tenía todos los números de ser aprobada por la mayoría del plenario municipal debido a la ínfima minoría que disponen los Comunes.

Por eso Janet Sanz llama al Gremi de Restauració. Había que firmar la paz aunque fuera a cambio de aceptar una ordenanza mucho más laxa de la que habían defendido hasta ahora. Se trataba de dar una salida a un embrollo y convertir una derrota segura en una victoria inédita en este mandato puesto que la normativa propuesta por los restauradores dispone del apoyo de todos los concejales del Consistorio, excepto de la CUP. Así fue como Colau, la alcaldesa de Barcelona con la minoría más pequeña de la democracia, anunció la semana pasada el fin de la guerra de las terrazas con el apoyo de 38 de los 41 concejales del Ayuntamiento. El mensaje de fondo era claro y llegaba en plena campaña electoral del 21-D: Colau está en minoría pero es capaz de alcanzar acuerdos amplios. Días más tarde se especulaba con la posibilidad de que Xavier Domènech, candidato de los Comunes, pudiera ser investido president de la Generalitat ante una situación de bloqueo entre los partidos independentistas y constitucionalistas. Una solución al estilo de la admirada serie de televisión Borgen.

Pero la resolución de la guerra de las terrazas tiene otra lectura menos visible. Se trata de la relación interna entre las familias políticas que forman BComú que ha quedado tocada por la expulsión del PSC del gobierno. Los concejales de la antigua Iniciativa per Catalunya (ICV) defendieron hasta el último momento mantener el pacto con los socialistas. Por eso, la salida de Collboni y los suyos fue una derrota para los ediles de ICV y supuso un serio aviso de cómo pueden quedar reducidos los ecosocialistas en las listas electorales de los próximos comicios municipales. La victoria política en el conflicto de las terrazas ha sido mérito de Janet Sanz, una de las representantes de ICV en el gobierno de los Comunes. Estos concejales quieren reivindicarse y ven una oportunidad en la asunción de las funciones que tenía el PSC. Otro ejemplo es la reorientación en la relación con los sectores comerciales y de turismo que impulsa Agustí Colom, también originario de Iniciativa. Se ha cerrado una guerra, pero subyace una batalla en forma de silenciosa mar de fondo.

Los concejales de ICV se reivindican entre los Comunes con la firma de la paz en la guerra de las terrazas