Los piratas de la arqueología se instalan en internet
Vendían una hacha neolítica por internet. Ofrecían puntas de flecha, huevos de dinosaurio, fósiles, pulseras neolíticas, libros, partituras antiguas... “Y lo que no tenga te lo encuentro”, remataba el anuncio. El hacha llamó la atención de un arqueólogo, que alertó a los Mossos.
La Unitat Central de Patrimoni Històric de la policía detuvo este verano a dos hermanos que vendían a sus anchas por internet las piezas que robaban en yacimientos.
La magnitud del expolio era tal que los agentes han solicitado para ellos una medida pionera: una orden de alejamiento de los yacimientos que saquearon. Este es sólo uno de los 25 casos contra el patrimonio que los Mossos han abierto este año, a los que hay que sumar otros 27 expedientes tramitados y 12 casos más cerrados.
Para llevarse la impresionante colección que habían acumulado estos dos hermanos en su casa de Amer (Girona), los agentes –que nunca habían visto tal cantidad de material expoliado junto– llenaron tres furgonetas. Las piezas han quedado depositadas en la sede de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) donde tres especialistas las están analizando.
“Aunque también falsificaban, nos ha sorprendido enormemente la dimensión casi industrial del expolio”, afirma el director del MAC, Josep Manuel Rueda.
Los dos hermanos, de 29 y 35 años y a quienes ahora se investiga por un delito continuado de estafa y contra el patrimonio histórico, han declarado que vendían piezas desde 2011, que cada año doblaban beneficios y valoraron su colección en más de 80.000 euros.
Bautizado como Isurus, este caso ilustra la facilidad con la que estos piratas de la arqueología han accedido al mercado a través de internet y la laboriosidad que supone para los investigadores deshacer el entramado virtual e identificar a todos los implicados en el proceso. “Estábamos acostumbrados a detectar las piezas en anticuarios, en subastas... donde se revisan catálogos y hay mecanismos de control... Los decomisos estaban bastante estabilizados antes de este caso... Lo que sorprende es que llevasen tantos años vendiendo sin ser detectados”, añade Rueda.
Los canales se han ampliado. Muchas ventas se han desplazado a la red, que ofrece menos control y donde es más fácil, tanto para el vendedor como para el comprador, permanecer en el anonimato.
“La mayoría de denuncias nos llegan porque a alguien le ha llamado la atención alguna pieza o comentario que ha visto en ciertos foros o páginas web”, explica José Luís González, jefe de la Unidad Central de Patrimoni Històric de los Mossos. Algunos portales están más “especializados”, pero los hay de todo tipo: “Hemos visto incluso en Wallapop, ánforas romanas a la venta”, añade Pere Canal, jefe de equipo de la Unitat.
Perseguir a los expoliadores –tanto si se mueven en el mercado virtual como en el tradicional– implica minuciosas investigaciones en la que los Mossos a menudo recorren a especialistas: desde informáticos para seguir el rastro digital, a expertos e historiadores del arte para determinar si las obras son auténticas o falsas, para identificar el yacimiento exacto de donde fue robada una pieza... También se tramitan permisos judiciales para intervenir teléfonos y líneas de ADSL.
En algunos casos, para sorprender al pirata en acción, incluso se han hecho seguimientos en helicóptero. El último fue hace unas semanas. “Normalmente no se puede seguir al expoliador hasta un yacimiento en medio del campo... sería demasiado evidente”, añade Canal.
“No hay un perfil específico de expoliador, suelen ser hombres de entre cincuenta y sesenta años; en la gran mayoría de casos son coleccionistas pero también los hay que roban exclusivamente para vender”, explica González.
Por primera vez, la policía pide orden de alejamiento de un yacimiento. Los Mossos han abierto este año 25 nuevos casos por expolio
En el caso Usiris, los dos hermanos, eran verdaderos profesionales. Un de ellos, geólogo, hizo su trabajo de final de máster sobre las hachas neolíticas, la pieza que ha hecho saltar por los aires su montaje. Conocían tan bien los objetos que funcionaban en el mercado que llegaron a fabricar ellos mismos algunas piezas. También compraban objetos etnológicos africanos modernos, como brazaletes, y los vendían como piezas neolíticas de Catalunya.
“La gente no tiene asumido que lo que está bajo tierra, aunque sea en un terreno de propiedad privada, es de dominio público, por ley es de la Administración”, insiste Canal.
En el caso de Amer, tanto el Departament de Cultura de la Generalitat, como el ministerio de Cultura de Andorra (que investigaba el expolio en algunos de sus yacimientos) presentaron denuncia y la Fiscalía de Girona abrió la investigación, que comenzó hace un año, desembocó en la detención de los dos hermanos a finales del pasado verano y que ahora está a punto de culminar con el análisis de toda la información incautada, especialmente la que guardaban en sus ordenadores.
Además de las piezas arqueológicas, los Mossos se llevaron del piso de Amer los detectores de metales de los dos investigados. “No todos los propietarios de detectores son expoliadores, pero todos los expoliadores tienen detectores”, afirma el jefe de la unidad.
En el almacén de la comisaría central de los Mossos, además de otras obras de arte falsificadas, hay media docena de detectores. “Esta herramienta es como el cuchillo más afilado: puede servir para preparar un sushi fantástico o para cometer un asesinato”, mantiene el arqueólogo Roger Sala, especializado en geofísica arqueológica. “Cualquier intervención que se hace en un yacimiento es destructiva, por eso los científicos documentamos todo lo que encontramos y por eso tendría que restringirse el uso de los detectores y utilizarlos sólo para la ciencia y con un proyecto de lo que se va a hacer”, opina Sala.
Los expoliadores barren el terreno con su detector –los más sofisticados discriminan distintos tipos de metales– y cuando la máquina se activa hacen un agujero para sacar la pieza en cuestión, que puede ser una moneda, un clavo de bronce o algo sin ningún tipo de valor... “Cada vez que cavan un agujero provocan daños en el yacimiento, se pierde el contexto y mucha información, que muchas veces es más valiosa para el estudioso que el objeto en sí”, explica Pere Canal.
Precisamente, un vecino de Ulldecona descubrió este verano varios agujeros en el yacimiento íbero de Ulldecona, tras lo cual el Ayuntamiento presentó una denuncia por expolio. En este caso, los agujeros, de hasta un metro de profundidad, causaron importantes daños al yacimiento. Tras desplegar un operativo de vigilancia, se descubrió in franganti al autor del expolio, un hombre de 43 años que pasó a disposición judicial en septiembre y quedó en libertad con cargos.
“El problema no es el detector, sino cómo se utiliza; y sólo hay dos posibilidades para solucionar el problema: prohibirlos o regular su uso a través de licencias. Y si se sorprende a alguien actuando sin licencia, multarlo”, mantiene Pierre Astor, arqueólogo y presidente de la Asociación de Detectoristes de Catalunya (ADC).
Astor promovió la creación de esta entidad –está prohibido buscar en yacimientos, pero no en playas o caminos– en 2012 para mejorar la imagen del colectivo. Lo primero que hicieron es redactar un código ético para diferenciar la “detectoafición” del expolio. Ahora son 120 socios, “un 60% se han incorporado en los dos últimos años y calculamos que representamos al 40% de los detectoristas de Catalunya”, explica. En otras comunidades autónomas, como Andalucía, se ha prohibido el uso de los detectores tras registrarse, durante décadas, verdaderos saqueos en yacimientos, con retroexcavadoras incluidas.
La ADC ha promovido numerosas actividades para mejorar su imagen, han mantenido reuniones con representantes de cultura y patrimonio e incluso han organizado una jornada de formación para los agentes forestales que también tienen competencias en la protección del patrimonio. La asociación se ofrece para colaborar en excavaciones arqueológicas. Ya han participado en campañas. “Ahora hay un vacío legal y tenemos la oportunidad de regular la situación”, insiste Astor, partidario de sistematizar y compartir con la comunidad científica la información de que disponen muchos de sus socios.