Un recurso al TC impide a la Generalitat combatir el cambio climático
Numerosos sectores censuran la impugnación del Gobierno
Un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley de Canvi Climàtic de la Generalitat ha provocado reacciones contrarias de múltiples sectores. Muchos expertos estiman que el recurso deja a la Administración autonómica sin capacidad para poder contribuir a mitigar este problema. La ley fue aprobada con 122 votos favorables y 11 abstenciones (PP) y fue considerada unánimemente como un ejemplo de consenso político y participación social.
“Esta decisión es incompresible; maniata por completo a la Administración catalana para combatir el cambio climático, pese a los compromisos internacionales de España”, señalan fuentes de la Administración catalana.
El recurso impugna un impuesto destinado a gravar las emisiones del CO2 de los coches destinado a reducir las emisiones y mitigar el cambio climático. La introducción del nuevo impuesto se llevaría a cabo de forma paulatina a partir del 2018, y debía servir para nutrir un fondo para favorecer la energía y el transporte limpio.
Los autores del texto de la ley catalana ya se imaginaban que el Gobierno central recurriría algunos artículos de la ley, como la petición de la Generalitat de que se distribuyan territorialmente los ingresos que obtiene el Estado por las subastas de los derechos de emisión que paga la gran industria (térmicas, siderurgia, cementeras, vidrio…) como permisos para emitir CO2. La Generalitat siempre ha reclamado su reparto, ya que muchas acciones contra el cambio climático están bajo su responsabilidad (transporte, renovables, residuos…).
También era previsible que el Gobierno recurriera el artículo de la ley que sitúa el fin de las nucleares en Catalunya en el año 2027. Pero lo que se imaginaban era que tampoco se aceptara que la Generalitat efectúe inventarios de gases invernadero, algo que se venía haciendo desde hace años; ni su capacidad para fijar planes de adaptación al cambio climático; ni el presupuesto de carbono de Catalunya, una planificación destinada a evaluar periódicamente la reducción de gases. “Si se nos impiden fijar objetivos, ni estrategias de mitigación ni adaptación al cambio climático, estamos ante un intento de impedir que estas políticas prosperen en España”, dicen las mismas fuentes.
“Es de locos que se impugne la ley catalana de cambio climático”, declaró Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, prestigioso centro de estudios francés. “Este es un movimiento negativo porque en materia de cambio climático hay un consenso social. Es una torpeza inmensa hacer dejación de funciones e impedir que los demás avancen”, opinó.
“La promulgación y el apoyo a esta ley ambiental es un patrimonio político del Parlament que hay que preservar. Hay que detener el recurso de inconstitucionalidad”, señala Manel Cunill, presidente del Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya).
“La acción del Gobierno español atenta casi el 50% de la ley. Más que un conflicto de competencias estamos ante una nueva manera de censurar las políticas de progreso ambiental para contentar a los lobbies energético y motorizado”, sostiene Cunill, quien ve también un ofensiva contra la implantación de las energías renovables y las medidas de reducción de emisiones. “Se atenta contra el objetivo más ambicioso, como es la transición energética hacia un modelo cien por cien renovable, sin nucleares y descarbonizado, neutro en emisiones de gases, que reduzca la vulnerabilidad del sistema energético catalán y garantice el derecho al acceso a la energía como bien común”.
“El Gobierno actúa como el perro del hortelano; ni come ni deja comer”, sentenció Marta Subirá, hasta ahora secretaria de Medi Ambient en funciones.
FISCALIDAD AMBIENTAL
La legislación incluía el impuesto al CO2 de los coches aprobada por gran mayoría
MANEL CUNILL
“No es un conflicto de competencias, sino una censura a las políticas de progreso ambiental”