Efectos y alertas del 21-D

VARIOS líderes políticos comparecieron ayer ante la prensa, pocas horas después de que las urnas del 21-D nos confirmaran lo ya sabido: que la sociedad catalana está fracturada en dos bloques. No los citaremos aquí a todos, sólo a tres: Inés Arrimadas, Carles Puigdemont y Mariano Rajoy. La cabeza de lista de Ciudadanos, fuerza ganadora en votos y escaños, anunció que este partido renunciaba por ahora a los contactos para formar Govern, pese a que eso es lo que le correspondería como vencedora. De este comunicado cabe hacer una lectura en clave pragmática: Arrimadas prefiere esperar a ver los movimientos de sus rivales y ahorrarse el desgaste político. Y otra en clave positiva: con su rápido movimiento, Arrimadas aporta algo de dinamismo a una escena política que lleva años estancada.

Puigdemont, que al frente de Junts per Catalunya arrebató contra pronóstico a ERC la primacía soberanista, compareció en Bruselas. Su mensaje no aportó grandes novedades. La sensación fue, por el contrario, de déjà-vu. O, mejor dicho, de déjà-entendu. Crecido por su buen resultado, Puigdemont exigió la retirada del 155 y la liberación de los presos, abonado a la retórica mitinera y victimista que tan buen rédito le dio en campaña. En lo tocante a diálogo, propuso una reunión “sin condiciones” al presidente español, “en Bruselas o en cualquier lugar de la UE”, incluso “en la Moncloa si se dan garantías”. Es decir, siendo consciente de que si vuelve a España será probablemente detenido.

Mariano Rajoy rechazó al poco esa reunión fuera de España. Reiteró, eso sí, su tradicional y teórica oferta de diálogo dentro de la ley. Pero con el futuro Govern, del que espera que deje la vía unilateral. Añadió Rajoy que no pensaba anticipar las elecciones generales. A pesar de que la caída en picado del Partido Popular el 21-D ha supuesto para él un bofetón, cuyos efectos en la escena nacional se verán tarde o temprano.

No puede decirse que Puigdemont o Rajoy aportaran en sus intervenciones esperanzas para una pronta resolución del conflicto derivado del proceso soberanista. Al contrario. Tampoco nos pareció, dada su actitud, que fuera plenamente conscientes de la gravedad de la situación en Catalunya tras cinco años de proceso independentista, cuyo legado es una sociedad dividida y un deterioro económico que empezó con la fuga de empresas y, lamentablemente, puede acabar teniendo efectos en la esfera laboral.

Esta actitud de quienes se postulan como defensores de los intereses de Catalunya no es tranquilizadora. Los resultados del 21-D repercutieron negativamente ayer en la bolsa, y aunque de forma moderada agravaron las caídas que registraron los mercados. Las principales cabeceras de la prensa europea abrían sus ediciones digitales ayer a media tarde con informaciones que reflejaban inquietud por la situación catalana, que es de difícil compostura, anuncia inestabilidad y, por tanto, dificultades para la recuperación social y económica. Aunque, posiblemente, no es necesario asomarse a las capitales europeas para constatar eso. Porque los efectos políticos del 21-D se hacen notar, ante todo, en nuestro país. Por ejemplo en Catalunya, donde el independentismo sigue diciendo que prioriza el logro de la secesión, previa revocación de las medidas judiciales adoptadas contra quienes por su causa vulneraron la ley. Una prioridad que, más allá de los círculos militantes, no será compartida por todos, ya que el proceso ha roto en Catalunya muchas cosas que requieren urgente reparación. Lo primero sería pues reducir la fractura social, fijar objetivos comunes de progreso y consensuar las políticas convenientes a tal fin. En suma, gobernar para todos. Porque es absurdo que quienes se ofrecen para esa tarea subordinen el interés colectivo al de los suyos.

Tampoco podemos calificar la reacción de ayer de Rajoy como ágil o renovadora. El 21-D ha sido negativo para el PP a escala catalana, nacional y continental. El partido que gobierna en España con 134 diputados ha pasado de 11 a 3 en el Parlament, mientras Ciudadanos ganaba las elecciones y se hacía con 37 de los 135 escaños catalanes. El eco de este bombazo naranja quizás cause cierto dolor de cabeza a Rajoy, que disfrutó del inequívoco apoyo de la Unión Europea ante el desafío independentista, sin sacarle gran rendimiento. Y ese eco del bombazo le apremia a actuar para evitar que estalle también a escala peninsular. Pero lo único que hizo ayer Rajoy fue insistir en su mensaje de diálogo combinado con el imperio de la ley. Como si el ejercicio de la política le quedara lejos. Como si no fuera tiempo de manos tendidas. El mensaje de Rajoy nos llegó, por cierto, el mismo día –inoportuna coincidencia– en que el juez del Supremo Pablo Llarena anunció la ampliación de la causa por rebelión, sedición y malversación de fondos relativa al proceso independentista a otras políticas catalanas, como Marta Rovira, Anna Gabriel, Marta Pascal, Mireia Boya o Neus Lloveras.

En Barcelona, los resultados del 21-D han dejado asimismo una estela de inquietudes. La alcaldesa Ada Colau cerraba la lista de Catalunya en Comú-Podem, que fue la quinta más votada, tan sólo por delante de la CUP y el PP. Este resultado, que supone un retroceso respecto al de Catalunya Sí que es Pot en el año 2015, no puede interpretarse como una sanción positiva a la gestión de Colau. Más bien como un toque de atención.

Todos estos datos, y otros, acreditan la relevancia de las elecciones del 21-D, no sólo para Catalunya –aunque sí principalmente–, sino también para España y Barcelona. Parecería lógico, por tanto, que las reacciones que han generado vinieran acompañadas de propuestas refrescantes y esperanzadoras, capaces de abrir nuevos horizontes. Pero todavía no las hemos oído. Y el riesgo de cronificación del conflicto es alto. La posible tentación, tanto de Puigdemont como de Rajoy, de dar tiempo al tiempo y gestionarlo sin prisas no nos parecería aceptable. Las estrategias que nos han traído hasta aquí no son buenas. Si algo no se puede permitir Catalunya es que los agentes políticos se comporten como si los últimos cinco años hubiera sido inocuos. En Madrid han podido ya comprobar una y otra vez que la resistencia electoral del independentismo es grande. Y, en Barcelona, que quien vulnera la ley en el ejercicio de sus responsabilidades públicas puede acabar en el exilio o en la prisión. No se puede condenar a los catalanes a repetir el proceso. En lugar de eso, sus representantes políticos deben aparcar el cruce de reproches y sentarse para hablar, pactar y contribuir a mejorar una situación colectiva que ya está muy deteriorada. Pero que aún puede empeorar.