Bloqueo de la financiación autonómica
LA inestabilidad institucional que sufre España ha obligado a prorrogar los presupuestos generales del Estado del año pasado para este 2018. El conflicto abierto en Catalunya ha condicionado el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) al Gobierno –imprescindible para sacar a adelante unas nuevas cuentas públicas para este año en el Parlamento– mientras no se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se ofrezca una salida política.
La prórroga presupuestaria, a su vez, consolida el bloqueo de la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica y congela, asimismo, los recursos que deben recibir las comunidades autónomas este año. Con ello se perjudica el funcionamiento de los servicios básicos que estas tienen traspasados, como son la sanidad, la enseñanza y las ayudas sociales, entre los más importantes.
En este escenario de mal funcionamiento de la financiación autonómica, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha introducido mayor malestar y crispación al haber tomado la decisión de suspender las entregas a cuenta a las comunidades autónomas para el 2018 hasta que entren en vigor unos nuevos presupuestos generales del Estado para este 2018. Esta medida afecta a todas las comunidades del régimen general. Catalunya es la más afectada, ya que le supone un recorte en su financiación ya prevista para este año de 780 millones de euros.
El PSOE ve en dicha decisión de Hacienda un chantaje a las autonomías socialistas para condicionar el voto de este partido en el Congreso de los Diputados ante el proyecto de presupuestos del Estado para el 2018, dadas las reservas que plantea el PNV para apoyarlos, a diferencia de lo que hizo con los del año pasado a cambio de sustanciales mejoras para el País Vasco. Desde las filas socialistas se afirma, y en ello llevan razón, que las entregas a cuenta a las comunidades autónomas que estaban previstas no están sujetas a la aprobación de los presupuestos del Estado.
En cualquier caso, al margen de la aprobación de los presupuestos del Estado para el 2018, el gran problema que resolver en este país, como se evidencia de nuevo ahora, es el establecimiento de un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que el actual se halla caducado desde hace años y resulta insuficiente para hacer frente a la financiación de las competencias traspasadas a las comunidades.
Hace justo un año, en la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos, a la que no asistió el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se acordó reformar la financiación autonómica. El consejo de expertos creado al efecto emitió en julio pasado un informe en el que se proponía dotar a las comunidades autónomas de mayor capacidad para fijar copagos, la posibilidad de instaurar un IVA colegiado y una mejor fiscalidad global para financiar adecuadamente las competencias traspasadas. Pero, pasado el verano, y ante la evolución del proceso independentista en Catalunya, el debate quedó aparcado.
A nadie se le oculta la dificultad política y económica de instaurar un régimen financiero adecuado para hacer sostenible el actual sistema de comunidades autónomas. No hay más alternativa que la negociación en profundidad, hasta ahora inexistente, para poder superar el actual bloqueo de la financiación autonómica, que es clave para el país, y que además debe encontrar la fórmula más adecuada para poner fin a la grave discriminación financiera que sufre Catalunya.