A la caza del refugiado
El 51% de los afectados lleva más de 20 años residiendo en Estados Unidos
El presidente Donald Trump ha iniciado una nueva oleada de extradiciones, esta vez de 260.000 refugiados salvadoreños que podrían además servir como moneda de cambio para facilitar la construcción del muro con México.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó ayer recuperar el timón de su agenda política con el anuncio de la deportación de 263.000 refugiados salvadoreños. La medida coincide con uno de los pilares de su Administración e intenta contrarrestar el efector devastador que ha tenido sobre su imagen la publicación de un libro sobre las interioridades de la Casa Blanca.
Trump acudirá al Capitolio el próximo día 30 para pronunciar el discurso sobre el estado de la Unión. Es la cita legislativa más importante del año para el presidente, la oportunidad, en un marco único, de dar a conocer su agenda política para el segundo año de su presidencia.
Después del terremoto que ha causado el libro Fire and fury, donde varios colaboradores y expertos cuestionan su capacidad para ejercer la presidencia, Trump necesitaba reencontrarse con la base más fiel de su electorado y nada mejor que anunciar la expulsión de inmigrantes ilegales.
Los afectados son 263.282 refugiados salvadoreños, que llegaron a EE.UU. huyendo de los terremotos que asolaron su país en el 2001 y causaron 3.000 muertos. Entonces se acogieron a un estatus de protección temporal (TPS en inglés) que ofrece residencia y permiso de trabajo a las personas que huyen de una guerra, un desastre natural o una epidemia. Junto a los damnificados por los temblores de tierra también se adhirieron al TPS otros salvadoreños que habían llegado a EE.UU. en los años ochenta y noventa. De ahí que el 51% de los afectados por la medida lleve más de veinte años residiendo en Estados Unidos.
La salvadoreña es una comunidad muy bien integrada. El 88% tiene un empleo, según el Centro de Estudios sobre Migración. El 25% vive en California y el 20% en el área metropolitana de Washington DC. Es más, los beneficiarios del TPS que ahora se quiere revocar con el argumento de que las condiciones en El Salvador han cambiado, tienen 190.000 hijos nacidos en EE.UU. y, por lo tanto, con nacionalidad estadounidense.
La disgregación familiar es uno de los argumentos que utilizan los abogados, políticos y activistas que protestan la medida. Otro es que El Salvador sigue siendo un país pobre y violento, incapaz de asumir a 200.000 refugiados, gente que ven como emigrada y que, además, envía importantes remesas para el sustento de sus familiares.
Trump es consciente de todo ello, así como de que los salvadoreños son una mano de obra barata y fiable de la que dependen numerosas empresas estadounidenses. Por eso les ha dado hasta septiembre del 2019 para regularizar su situación. Los que no lo consigan, serán deportados.
El anuncio de la deportación y el plazo de un año y medio para ejecutarla da a Trump una importante herramienta negociadora con los demócratas. De ellos necesita apoyo parlamentario para financiar el muro con México. A cambio de estos fondos –18.000 millones de dólares– podría ser muy flexible con los salvadoreños.
Los refugiados, una vez más, se convierten en moneda de cambio. La Administración Trump considera que “las condiciones extraordinarias pero temporales –que justificaron su acogida– ya no existen”. Los salvadoreños no son los únicos afectados. Más de 60.000 haitianos, 5.000 nicaragüenses y un millar de sudaneses recibieron la misma noticia semanas atrás. Los únicos beneficiados del TPS que se han librado, de momento, son 57.000 hondureños, a los que se les ha prolongado el estatus hasta el próximo mes de julio dada la inestabilidad política que ha generado la reelección del presidente Juan Orlando Hernández.
En todo caso, los salvadoreños representan el 60% de los refugiados acogidos al TPS que ahora se cancela.
El presidente intenta recuperar el timón de su agenda tras las duras revelaciones sobre su gestión