Tormenta de nieve, tormenta política
MÁS de tres mil vehículos quedaron atrapados el sábado y el domingo, algunos a lo largo de dieciocho horas, en la autopista AP-6 que une Ávila, Segovia y Madrid. La causa del incidente fue una tormenta de nieve, que cubrió el vial y paralizó numerosos coches, que a su vez dificultaron la labor de las máquinas quitanieves. Fue precisa la intervención de la Unidad Militar de Emergencias para prestar auxilio a los automovilistas afectados, no pocos de ellos acompañados de niños de corta edad que regresaban a sus domicilios tras festejar los Reyes en casas de familiares.
El caos circulatorio causado por esta tormenta de nieve propició una posterior tormenta política. PSOE, Ciudadanos y Podemos registraron ayer en el Congreso de los Diputados peticiones de comparecencia de los ministros del Interior y de Fomento, para que expliquen a la Cámara las razones de lo que calificaron como “grave imprevisión”. Previamente, el Gobierno y organismos oficiales como la dirección general de Tráfico habían cruzado acusaciones más o menos veladas con Iberpistas, la concesionaria de la autopista, mientras trataban de minimizar sus propias responsabilidades. También los conductores atrapados fueron considerados corresponsables del caos, toda vez que algunos de ellos no iban equipados con cadenas, algo muy aconsejable, por cierto, durante la estación invernal.
Es cierto que este accesorio –las cadenas– debe incluirse en el utillaje de cualquier vehículo expuesto a la nieve. Pero también lo es que no toda la responsabilidad de lo ocurrido debe recaer sobre los automovilistas, que al fin y al cabo fueron las víctimas principales de la tormenta. Y que, al pagar peaje por circular por una autopista, se hacen acreedores de una circulación fluida y sin contratiempos mayores, que debe garantizar el concesionario de la instalación.
En lugar de intercambiar reproches, sería bueno que los distintos estamentos implicados en este incidente se preguntaran en qué han fallado cada uno de ellos, y si se han coordinado adecuadamente. La naturaleza tiene sus leyes y puede sorprender a algunos desprevenidos. La política tiene las suyas, que se traducen en el aprovechamiento de cualquier ocasión para desgastar al rival: es pertinente recordar que el actual presidente del Gobierno pidió la dimisión de la titular socialista de Fomento en el 2009, a raíz de otra nevada con consecuencias. Pero los automovilistas tienen el derecho a estar perfectamente informados sobre el tiempo que se avecina, así como la obligación de tomar las precauciones convenientes. De la misma manera que los concesionarios de las autopistas tienen que acondicionarlas con sal para evitar que los coches resbalen y las colapsen. O de cerrar sus accesos en el mismo instante en que las precipitaciones empiezan a comprometer la seguridad de la carretera, y no cuando ya es una ratonera. No parece que todo ello se hiciera el pasado fin de semana con la debida diligencia, según podrán atestiguar todos los que quedaron atrapados, y tal y como demuestra la gran repercusión mediática del caso.
Por ello, lo más urgente ahora, además de reparar los daños ocasionados, es revisar y afinar los protocolos de coordinación interinstitucional en casos de perturbaciones como la padecida el fin de semana. Porque no es admisible que tras tormentas de nieve y atascos semejantes, que se repiten, dicho sea de paso, a menudo, todo lo que ocurra sean tormentas políticas.