Nuevo desalojo de la residencia de estudiantes okupas del Consistorio
La concejal Gala Pin no tuvo ayer un plácido regreso de sus vacaciones navideñas. Agentes de la Guardia Urbana desalojaron a primera hora de la mañana el número 9 del pasaje Sant Bernat del barrio del Raval. Buena parte de los movimientos alternativos de la ciudad criticaron con mucha dureza a la edil responsable del distrito de Ciutat Vella. En ocasiones incluso se ensañaron en las redes sociales. En un tuit muy retuiteado dijeron que la concejal estaba actuando como “brazo armado del capital”. También la acusaron de fomentar la especulación, de ponerse de lado de las inmobiliarias... A la activista forjada en unas cuantas okupaciones muy reivindicativas tuvo que dolerle en el corazón. La alcaldesa Ada Colau tampoco se libró de las críticas. Los guiños que el gobierno municipal brinda a los okupas no son recíprocos.
El 9 de San Bernat es una finca de titularidad municipal. Otrora fue una escuela de adultos. Tras diez años de abandono, en la primavera del 2016, el inmueble fue okupado por varios jóvenes con el objetivo de montar una residencia de estudiantes alternativa y autogestionada. Su idea era prestar un ayuda a tantos estudiantes de los alrededores de Barcelona que no tienen dinero para alquilar una habitación en esta ciudad. El gobierno de Colau dijo que permitiría a los okupas llevar a cabo sus planes, mientras que ello no obstaculizara ningún proyecto municipal, que prefería que las propiedades del Ayuntamiento sin ningún uso encontrarán así una finalidad en lugar de degradarse lentamente. Entonces parecía que todos estaban de acuerdo. Esta estrategia se convirtió en política, como también lo demuestran los casos de antigua comisaría de Gràcia o las casitas de Hort de la Vila.
La verdad es que aquel destartalado aspecto de la finca de Sant Bernat cambió muy pronto. Pero el 1 de diciembre la concejal Pin colgaba en su perfil de Facebook un largo y sentido texto donde lamentaba no tener otro remedio que desalojar el inmueble. Su mal estado desaconsejaba cualquier uso ciudadano. Los okupas, no obstante, no le creyeron, respondieron con un montón de matizaciones, reokuparon la finca a los pocos días. Algunos vecinos sostienen que algunos okupas hicieron uso de un escondrijo durante el primer desalojo a fin de reokupar la finca desde dentro. Otros que el Ayuntamiento no tomó las medidas de precaución oportunas. En un barrio asolado por los narcopisos, por las ocupaciones realizadas para vender drogas, la usurpación de la propiedad tiene abierta una gran división ciudadana. “Con el 15-M, la gente pensó que salían nuevos partidos y una nueva política –dijo un representante de los estudiantes okupas tras el desalojo–. Y sí, son más simpáticos, se reúnen contigo, pero, a efectos prácticos, son lo mismo”. Fuentes municipales aseguraron que esta vez sí se llevaron a cabo los trabajos oportunos para que la finca no se okupe de nuevo. Una veintena de personas cortó la Gran Via durante unos minutos.
Movimientos alternativos acusan al gobierno de Colau de avivar la especulación inmobiliaria