Invierno en Polonia
Morawiecki releva a sus ministros más polémicos horas antes de ver a Juncker
Varsovia se embarca en una ofensiva diplomática para tratar de desactivar el grave choque político que se avecina con sus socios europeos a raíz de sus controvertidas reformas judiciales.
Varsovia se embarcó ayer en una auténtica ofensiva diplomática para tratar de desactivar el grave choque político que se avecina con sus socios europeos a raíz de sus controvertidas reformas judiciales. Pocas horas antes de viajar a Bruselas para reunirse con la cúpula de la Comisión Europea, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, anunció el relevo de un tercio de los miembros de su gobierno, entre ellos algunos de los más polémicos. Los cambios pretenden “reconciliar la dimensión europea con nuestra dimensión local, polaca”, aseguró Morawiecki, que posó con su nuevo equipo delante de nueve banderas europeas (y otras tantas polacas).
Aunque amplia, la remodelación tiene más de lavado de cara y purga de rivales internos que de rectificación respecto a las reformas adoptadas en los últimos dos años bajo la batuta del partido Ley y Justicia (PiS), que según Bruselas suponen un peligro para la democracia.
El cambio más relevante afecta al Ministerio de Exteriores. El ultraconservador y beligerante Witold Waszczykowski, defensor de la teoría del atentado como causa del accidente aéreo que costó la vida al presidente Lech Kaczynski, sale del Gobierno y deja paso a su número dos, Jacek Czaputowicz, más centrista. Con este golpe de mano, Morawiecki, que asumió el cargo de primer ministro en diciembre, reafirma su autoridad dentro del PiS y del Gobierno. También ha relevado al titular de Medio Ambiente, Jan Szyszko, que autorizó una tala en un parque nacional, el bosque de Bialowieza, que le valió a Polonia una denuncia ante la Justicia europea. Sale también Mariusz Blaszczak (Defensa), cuya abrupta decisión de cancelar la compra de unos helicópteros franceses provocó un enfrentamiento con París.
Hay más cambios pero ninguno afecta al Ministerio de Justicia, responsable de las polémicas reformas judiciales que Morawiecki deberá ahora defender ante sus socios europeos. Su nuevo ministro de Exteriores viajará en los próximos días a Bulgaria, que ostenta la presidencia de turno de la Unión, y a Berlín para intentar enmendar las relaciones con su principal socio comercial.
También en Bruselas hay ganas de pasar página. “No estamos en guerra con Polonia. No hay ni una batalla ni una guerra”, dijo ayer el portavoz de Juncker, que anoche mantuvo una cena de trabajo con Morawiecki. Hace sólo tres semanas la Comisión decidió elevar al Consejo (los gobiernos) el expediente abierto a Varsovia por poner en peligro el Estado de derecho en el país, una decisión sin precedentes que tomó frustrada por el fracaso del diálogo bilateral. Juncker recomendó darle tres meses de plazo para rectificar pero, lejos de retractarse, el presidente firmó ese mismo día la última de las leyes de la discordia, que según diferentes organismos conceden al poder ejecutivo pleno control sobre los jueces.
Corresponde ahora a los gobiernos europeos determinar si, en efecto, como Bruselas sostiene, la democracia está en peligro en Polonia. Es aquí cuando entra en acción el nuevo equipo de gobierno de Morawiecki, en teoría más abierto y con más habilidades negociadoras que sus antecesores. Si las capitales comparten la apreciación de la Comisión, la primera medida sería enviar a Varsovia una recomendación para que rectifique, una reprimenda inédita entre socios europeos. En caso de que sus peticiones no fueran atendidas, se podría pasar a la siguiente fase e intentar retirarle el derecho de voto en el Consejo.
Pero tan drástica decisión sólo puede tomarse por unanimidad y Polonia cuenta con que Hungría la frene. París ha sugerido un castigo alternativo: privar de ayudas comunitarias a los países que se alejen de los valores europeos. Al menos una de las dos partes saldrá magullada del choque: bien Varsovia, si es humillada por sus socios, bien la UE, si es desautorizada y constata que no tiene capacidad para que sus miembros sigan por la senda democrática una vez dentro del club.
Los gobiernos europeos deben evaluar si Varsovia ha puesto en peligro el Estado de derecho