Llarena: un encarcelado, un voto
En el equipo de Carles Puigdemont se sostiene con vehemencia que si hay 70 votos para su investidura se debe buscar la manera de hacerlo posible. “El mecanismo debe adaptarse a la voluntad de la mayoría absoluta del Parlament, no la mayoría absoluta del Parlament al mecanismo”. La negociación política propia de una investidura ha sido sepultada por un bombardeo de artículos del Reglamento de la Cámara, la ley de la Presidència de la Generalitat, la ley del Régimen Jurídico del Sector Público y hasta la ley de Enjuiciamiento Criminal sobre cómo gestionar políticamente la estancia en Bruselas del candidato a la presidencia de la Generalitat.
Pero las urgencias del bloque independentista pasan hoy por “recuperar el Parlament” y garantizar en el pleno del miércoles una mayoría que propicie la presidencia de la Cámara para ERC. Y entre diputados, letrados del Parlament y abogados del Estado…, el magistrado Pablo Llarena ha dado un paso adelante que está lejos de ser inocuo: un diputado encarcelado, un voto.
Es a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, “y no otros”, a quienes el juez permite que ejerzan su derecho de representación. Y son ellos, desde Estremera y Soto del Real, frente a Puigdemont y los otros cuatro diputados electos refugiados en Bruselas, quienes pueden impedir “la modificación de la aritmética parlamentaria configurada por la voluntad de las urnas”.
El mecanismo se adapta, no a la voluntad de la mayoría absoluta, si no a la prisión preventiva. Llarena es un intérprete adelantado del reglamento del Parlament. Coge el artículo que regula la delegación del voto y decide convertir a los políticos presos en “diputados en situación de incapacidad prolongada debidamente acreditada”, aunque hasta ahora en la Cámara sólo se había contemplado en términos médicos. Y no sólo podrán votar, sino que el juez les blinda ante las tentaciones del bloque constitucionalista de impulsar expedientes de suspensión por sus ausencias en los plenos y las comisiones. Los 62 votos garantizados del independentismo se convierten en 65, pero la tranquilidad parlamentaria no llega hasta los 66. Falta un voto y está en Bruselas...
Junqueras, Forn y Sànchez han prometido cumplir con la Constitución y el Estatut ante el Supremo, de manera más o menos explícita, pero también por escrito en el Parlament para formalizar la toma de posesión de su acta de diputado. Igual que los 36 diputados de Ciudadanos y los 4 de la CUP. Pero ahí el juez no atiende al fondo, sino a la interpretación de las formas y, para que salgan de la prisión, ya no hay mecanismo que valga.