Por la concordia

La crisis Catalunya-Estado ha desembocado en un escenario de marcada polarización social y política. La sociedad catalana aparece dividida en dos bloques antagónicos, con un apoyo popular similar si bien el soberanismo tiene la mayoría absoluta en el Parlament. En paralelo, el choque ha despertado en buena parte de España un sentimiento nacional dormido durante años que se ha visto acompañado por la emergencia de un anticatalanismo tácito y, en numerosas ocasiones, expreso en amplios sectores de la opinión pública. La combinación de ambos fenómenos ha conducido a un equilibrio inestable y envenenado. Esta situación dificulta pero a su vez plantea la imperiosa necesidad de buscar una fórmula inteligente de concordia para un problema cuyo enquistamiento constituye un riesgo para la estabilidad y la prosperidad de Catalunya y del conjunto del Estado.

La disputa abierta entre el Gobierno central y la Generalitat catalana no es algo nuevo. Se inscribe en una dilatada trayectoria de encuentros y desencuentros sobre la articulación institucional de las Españas. En sus versiones extremas, esa dialéctica llevó en ocasiones a rechazar, desde Catalunya, el fet español, una simple superestructura de poder y, desde el centro, a negar el fet diferencial catalán. La tensión entre esas dos posiciones está en el origen de las políticas asimilistas aplicadas desde los gobiernos centrales y de las actitudes separatistas del Principat a lo largo de los últimos tres siglos. Las fuerzas centrífugas y centrípetas han logrado converger en ocasiones, el Estatut de 1932 y la Constitución de 1978, pero estos compromisos siempre han terminado de manera abrupta en medio de recriminaciones mutuas.

Para abordar “la cuestión catalana” es vital partir de un hecho básico. Si por su reconducción se entiende la pretensión de encontrar una solución definitiva, la probabilidad de alcanzar esa meta es remota. El anclaje de Catalunya en la estructura estatal de las Españas es problemático y dinámico. Por tanto, cualquier iniciativa ha de ser humilde en sus objetivos. Se está ante un proceso evolutivo, de ensayo-error cuyo resultado final es imposible determinar a priori. Con un cierto pesimismo orteguiano, el rompecabezas catalán no es soluble, sino conllevable pero el paso previo para enfrentarse a él es el desarme sentimental del conflicto. Como describió Vicens Vives, el talante de los catalanes oscila entre el seny, la disposición al pacto y al compromiso, y la rauxa, el dominio de los impulsos emocionales y la propensión a jugarse la partida a todo o nada. Cuando el rauxismo se desboca, la política desbarra en el Principat por las pendientes de un misticismo mesiánico que lleva al precipicio.

Dicho esto, la reconducción de la crisis catalana ha de partir de dos premisas: el reconocimiento de la ausencia de vencedores y vencidos en el conflicto, y la obligada e inexorable coexistencia entre dos formas distintas de entender Catalunya y su vinculación con España. Sólo de esta forma es factible emprender una negociación sensata, capaz de desembocar en un compromiso razonable. Si se asume la imposibilidad, la irracionalidad y la indeseabilidad de una independencia unilateral y se acatan las reglas del juego legal-constitucional, se abriría una ruta de diálogo sereno que ha de plasmarse en decisiones jurídicas. La Constitución y las leyes han de ser respetadas y cumplidas pero también pueden y deben ser modificadas cuando las circunstancias lo exigen o lo aconsejan. Es aquí donde la política, la imaginación y el sentido del Estado han de desempeñar un papel esencial.

Quienes defienden la inmutabilidad de la Carta Magna en lo referente a la organización territorial del Estado olvidan que ya se produjo una mutación de ella en 1981, cuando el pacto PSOE-UCD eliminó de facto la distinción constitucional entre regiones y nacionalidades en favor del criterio de uniformidad generalizada de las autonomías. Si a este artificial y ajeno a la historia enfoque armonizador se añade la ausencia en la Constitución de un reconocimiento explícito a la realidad nacional de Catalunya dentro de esa nación de naciones que es España, los gérmenes del actual conflicto estaban ya inoculados y su posterior propagación era previsible, por no decir, inevitable.

La teoría según la cual una reforma constitucional es la vía adecuada y necesaria para reconstruir el anclaje de Catalunya en el Estado es discutible. Por añadidura, esa opción choca con el escollo de un mecanismo extremadamente rígido y de alcance imprevisible si se acometiese una revisión stricto sensu de la ley de leyes. Esta es la posición de algunos ilustres constitucionalistas que han planteado opciones que no fuerzan a realizar un cambio formal de la Constitución y abren la posibilidad de una lectura flexible de su marco políticonormativo. En concreto cabe avanzar hacia un sistema de federalismo competitivo de simetría variable y de corresponsabilidad fiscal mediante una ley orgánica que regule la financiación autonómica o introducir una Disposición Adicional a la “vasco-navarra” que reconozca la singularidad catalana.

En coyunturas como la presente es fácil y tentador desde los bandos en disputa maximizar sus apuestas para obtener réditos político-electorales a corto plazo dentro y fuera de Catalunya. Esta tendencia se acentúa cuando las cuestiones a debate adquieren o, mejor, se las dota de un carácter existencial y, por tanto, movilizador de las esencias patrias en una y otra dirección. En este entorno, el coste de una estrategia con amplitud de miras puede ser alto y su tasa de retorno para quienes la promueven baja o negativa. Ahora bien, aceptar este planteamiento es un error. Constituye una visión alicorta que sólo serviría para generar frustración y mantener abiertas las heridas creadas por el desarrollo del procés.

La batalla contra el separatismo irredento no se ganará con la ley, mediante la fuerza o con una constante apelación a los males y costes de la independencia,

El paso previo para enfrentarse al rompecabezas catalán es el desarme sentimental del conflicto

Entre el inmovilismo y la revolución hay siempre un camino poco espectacular pero fructífero y razonable

sino con ideas y con la oferta a Catalunya de un proyecto sugestivo de vida en común para las Españas que permita desplegar y canalizar las energías creadoras de los catalanes en un Estado compartido, en un club de ciudadanos libres y responsables. En este sentido, la proclama de Prat de la Riba, Catalunya lliure dins l’Espanya gran, guarda toda su vigencia y enarbolarla en estos tiempos de incertidumbre y de zozobra supone un poderoso antídoto contra los separadores y los separatistas.

Quien escribe estas líneas, un liberal castellano, es consciente de que estas ideas no son compartidas por muchos catalanes y por muchos españoles. Unos las considerarán una concesión inaceptable a los independentistas; otros una manifestación más o menos sofisticada de la sujeción de Catalunya a una estructura estatal rechazable. Ahora bien, entre el inmovilismo y la revolución hay siempre un camino poco espectacular pero fructífero y razonable, el de la reforma y el pacto entre visiones finales incompatibles pero gestionables en un clima de racionalidad mínima que permita restaurar la concordia.