El pleno de investidura se enreda en los tribunales
El Supremo ve difícil autorizar a Puigdemont para que asista al debate JxCat presiona a ERC con las renuncias de sus dos diputados en Bruselas
Hace tres semanas una abogada que dijo actuar en representación de Carles Puigdemont llamó al Tribunal Supremo (TS) para contactar con el magistrado Pablo Llarena para plantear la hipótesis de un regreso de Bruselas del presidente cesado. El propósito no era otro que conocer el tratamiento judicial que recibiría. El juez no atendió la llamada y pidió a su secretaria que trasladara a la abogada que, en todo caso, se expusieran por escrito las razones de la iniciativa. En el tribunal no volvieron a tener noticias de la defensa de Carles Puigdemont hasta que el Tribunal Constitucional (TC) situó la pelota en su tejado.
El abogado Jaime Alonso-Cuevillas estudiaba ayer presentar un escrito siguiendo las indicaciones del TC para que el juez conceda al candidato a la presidencia de la Generalitat permiso para participar en el debate de investidura, que sigue señalado para mañana por la tarde. El equipo de Puigdemont pretendía inicialmente que el Supremo resuelva la disyuntiva sobre la compatibilización del derecho de sufragio pasivo del candidato y una hipotética detención e ingreso en prisión tal y como esgrime el Gobierno central.
Aunque esa era la determinación manifestada por Josep Rull en diferentes entrevistas radiofónicas, la decisión final se tomará esta mañana una vez estudiadas todas las posibilidades y los riesgos que asumiría Puigdemont, así como la repercusión del movimiento judicial, ya que sobre la mesa está también acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata, al fin y al cabo, de dar la batalla judicial contra el veto a su candidatura a la investidura como president para la que no hay recambio. “Puigdemont o Puigdemont”, sostienen.
En cualquier caso, en el Tribunal Supremo no se ve mucho margen para que el presidente cesado pudiera obtener una respuesta positiva a su petición de permiso, con el fin de someterse al debate de investidura. En las fuentes consultadas se estima que una solicitud de este tipo debería ir precedida de un acto previo, el de ponerse a disposición del juez Llarena. Ese requisito equivale a que, con toda seguridad, a que ingresaría inmediatamente en prisión, desde donde podría plantear su petición de acudir al pleno de investidura.
La advertencia sobre la necesidad de que Puigdemont se presente previamente ante el juez es relevante porque, de forma implícita, pero clara, equivale a considerar que no se tomaría en cuenta una mera petición por escrito. Si la eventual investidura de Puigdemont ha de ser presencial, con tanta o más razón debería serlo el paso previo, el de pedir dicho permiso al juez, dado que se trata de una persona que, hasta el momento, se ha sustraído a la acción de la justicia y, por tanto, de alguien que en ningún momento ha comparecido ni ha prestado declaración alguna ante el Supremo.
En medios del tribunal también se advierte que es poco probable que hubiera facilidades para la salida de Puigdemont de la cárcel, sobre todo si se tienen en cuenta los precedentes y la valoración que pudiera hacer el Supremo de su conducta desde su marcha a Bruselas a finales de octubre. Se da por hecho que el TS apreciará riesgo de reiteración delictiva en Puigdemont, teniendo en cuenta que así lo mantiene en los casos de Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, que sí se presentaron ante el juez cuando fueron citados. Y se advierte de que tampoco sería fácil ver signos inequívocos de una supuesta voluntad de participar de la vida política desde la aceptación del marco constitucional, teniendo en cuenta sus declaraciones, aunque para tomar el acta de diputado haya acatado la Constitución.
En paralelo también se trabaja para remitir las alegaciones de Junts per Catalunya y del propio Parlament ante el Tribunal Constitucional para rebatir el recurso del Gobierno central contra la candidatura de Puigdemont. Aunque disponen de diez días, la intención tanto del grupo parlamentario como de la Cámara es acelerar la tramitación con la demanda de que el Alto Tribunal se resuelva antes de la hora fijada para el pleno. No obstante, están también pendientes de la notificación oficial, que debería llegar hoy a través del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Al margen de cómo se vehicule la respuesta judicial y los frentes que se abran, Junts per Catalunya no está dispuesta a que el pleno se posponga y para ello presiona al presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent. Ese fue el mensaje que lanzó el portavoz Eduard Pujol, convencido de que “actuará de acuerdo con la legitimidad de su cargo, con el peso de la historia, con la dignidad del país y que hará todo lo que haga falta para proteger a los derechos de los diputados”.
El objetivo de JxCat es forzar el pleno y, si debe suspenderse, sea por decisión del presidente de la Cámara, así que la tensión en el bloque independentista va en aumento. ERC se apresuró ayer a cerrar filas después de la entrevista de Joan Tardà en La Vanguardia en la que planteaba un relevo de Puigdemont. “Ahora que el emba-
LAS OPCIONES
El Supremo no ve margen para dar permiso a Puigdemont para ser investido
LA ESTRATEGIA
JxCat quiere que Torrent no ceda y confirme el pleno de mañana
te es más feroz que nunca, queda más claro que Puigdemont ha de ser nuestro candidato, el de Junts per Catalunya, el de ERC, de la CUP y de todos los demócratas”, zanjó el portavoz del partido, Sergi Sabrià en RAC 1.
En JxCat consideran que los republicanos actúan con un exceso de tibieza con sus llamamientos constantes al “realismo” y a la urgencia de formar gobierno, mientras que en el equipo de Puigdemont sigue sin descartarse el escenario electoral e incluso se contabilizan los votos que le concederían a Puigdemont los envites de Madrid.
Los desajustes en el bloque independentista incluyen las renuncias de Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret, tres de los diputados que acompañan a Puigdemont en Bruselas. El Tribunal Constitucional dejó claro que desde la capital comunitaria no pueden delegar sus votos, que son necesarios para garantizar una mayoría absoluta independentista que permita una investidura en primera votación. Los escritos de renuncia estaban a disposición de sus grupos parlamentarios desde hacía días, pero no se habían formalizado. Fue Puig quien anoche anunció que cedían sus escaños, aunque, posteriormente pidió disculpas por incluir a Serret . ERC aseguró que la diputada todavía no había dado el visto bueno a la renuncia, por lo que la mayoría se quedaba en 67 votos, insuficientes.
Puigdemont también recibió ayer el apoyo de la CUP con el argumento de que “el único que decide quién es candidato a la presidencia es el Parlament”, señaló Carles Riera. Los cuperos mantienen su llamamiento a la desobediencia e incluso anunció que existe el pacto en el bloque independentista para poner en marcha una asamblea constituyente de la república.
Por el contrario, el delegado del Gobierno central en Catalunya, Enric Millo, insistió en que Puigdemont debería dar un paso atrás porque “todo un pueblo no se puede sacrificar por un hombre”. Desde Ciudadanos, Fernando de Páramo lamentó que el Parlament lleve camino de convertirse en “un plató para los shows de Puigdemont”, mientras en el PSC Salvador Illa sostuvo que los cargos deben ocuparlos personas que pueden ejercerlos en plenitud.
Tanto Ciudadanos como los socialistas han garantizado al Gobierno central que mantendrán su apoyo a las medidas que Rajoy tome para garantizar la unidad de España. Con vehemencia lo defendió el secretario del organización del PSOE, José Luis Ábalos: “Siempre hay algo peor que ser independentista y es ser indiferente”. Mientras, unas 5.000 personas se manifestaron ayer en Girona y Barcelona por la libertad de Junqueras, Forn y los Jordis.