Un triunfo moral que puede salir caro
Carles Puigdemont no podrá ser investido presidente de la Generalitat ni seguramente consumará su desafío al Estado presentándose en Catalunya pero se le tiene que reconocer que con su obstinada estrategia le ha sacado los colores al Gobierno y a la administración de justicia. Puigdemont empezó la semana con un osado viaje a Dinamarca que no se sabía qué final podía tener y que provocó una petición de la Fiscalía y un auto del juez Pablo Llarena con comentarios más políticos que judiciales. Y Puigdemont acabó la semana poniendo en evidencia las contradicciones del Gobierno. Mariano Rajoy decía el miércoles que no se podía solicitar su inhabilitación antes de la sesión de investidura, pero Soraya Sáenz de Santamaría ha acabado forzando las costuras del Consejo de Estado y del TC para conseguir finalmente una decisión exprés del Alto Tribunal que impedirá la proclamación de Puigdemont. Todo vale para frenar a Puigdemont, aunque esta maniobra de última hora ha desgastado a la Moncloa, al Consejo de Estado, cuya opinión no se ha tenido en cuenta, y al Constitucional, que ha tenido que hacer encaje de bolillos para satisfacer la petición del Gobierno.
A partir de aquí, la pelota vuelve al tejado de los partidos catalanes. No parece que Puigdemont, que ayer estudiaba pedir autorización judicial para asistir a la sesión de investidura, ceje en su empeño de poner contra las cuerdas al Estado. Según ha admitido en privado estos últimos días, es plenamente consciente que va a ser muy difícil poder gobernar desde Bruselas, pero él quiere ser investido president, aunque después este nombramiento
Carles Puigdemont y su equipo no quieren ceder y reclaman la presidencia de la Generalitat por dignidad. Han logrado poner contra las cuerdas al Estado, pero ahora si mantienen el pulso se arriesgan a que el 155 se haga eterno
sea revocado. Su propósito es tener un “aval democrático” para poder seguir defendiendo sus ideas por toda Europa el mayor tiempo posible. Puigdemont es plenamente consciente, según las fuentes consultadas, de que la Mesa del Parlament no puede volver a desobedecer al TC y no quiere correr el riesgo de acabar en la cárcel, pero apurará sus opciones hasta el final. En esta línea, valora mucho una carta enviada por Jordi Sànchez desde su celda donde le plantea los riesgos que puede llevar esta estrategia de enfrentamiento.
El miedo que comparten las cúpulas del PDECat y de ERC es que el Gobierno del PP pueda aprovechar esta inestabilidad política para alargar los plazos y que se entre en un bucle legal entre la Mesa del Parlament y el TC que impida designar president e incluso celebrar elecciones en tres meses. Ello alargaría la aplicación del 155 por tiempo indefinido. “¿Dónde está escrito que el Gobierno del PP convocará elecciones inmediatamente si no nos ponemos de acuerdo?”, insisten en estos sectores más posibilistas. Pero quien corta el bacalao no son hoy los dirigentes de estos partidos, sino Puigdemont y su núcleo duro de la lista de JxCat, que no quieren ni oír hablar de un nuevo candidato a president. Por ello, no será fácil la mediación que hoy comenzará el presidente del Parlament, Roger Torrent, quien debe iniciar una nueva ronda de contactos con los partidos. Parece difícil que se arriesgue a desobedecer al TC y esperará a que las formaciones escojan otro candidato. Si Puigdemont no se sacrifica, la crisis latente entre los dos principales partidos independentistas estallará y las consecuencias son imprevisibiles. Seguramente, este dato ha estado sobre la mesa de la Moncloa a la hora de decidir la estrategia de estos últimos días para evitar a toda costa la investidura telemática, presencial o por delegación de Puigdemont. Nada iría mejor a la estrategia monclovita que hubiera un nuevo choque de trenes, pero esta vez entre JxCat y Esquerra, que se está incubando en los últimos meses. Si la Mesa del Parlament opta por la no desobediencia, habrá que ver hasta qué punto el discurso moderado del que hace gala Puigdemont en privado en Bruselas concuerda con la realidad final. Los partidarios de que el president cesado haga un paso al lado creen que es hora de tener ya un gobierno soberanista sin más dilación que se aproveche de la crisis que se avecina en Madrid por la inestabilidad en la que puede entrar el PP. Y también por el futuro de los cuatro presos que, guste o no guste, se quiera admitir o no, dependerá bastante de como acabe la designación del futuro presidente de la Generalitat.