El problema de las pensiones
NO nos engañemos. Todas las reformas del sistema de pensiones, tanto las que se han realizado como las que están en estudio, responden a un único objetivo: rebajar el importe de estas, bien para los actuales pensionistas, como ya sucede hoy en día, como para los futuros. Con ello se intenta ajustar el creciente gasto de la Seguridad Social.
La reciente reforma propuesta por el Gobierno de usar todas las cotizaciones de la vida laboral para el cálculo de la pensión se ha presentado como una fórmula generosa. Pero en el mejor de los casos sólo tendría un efecto redistributivo. Beneficiaría a los numerosos trabajadores que han perdido el empleo o han visto rebajado su nivel salarial en los últimos años de su actividad. Pero perjudicaría a todos los demás, ya que los salarios de los primeros años de trabajo que se incorporarían al cómputo de la pensión, salvo en los casos citados, son generalmente más bajos que los de los últimos.
La Seguridad Social arrastra un déficit de 100.000 millones de euros. El problema es conocido. La reducción del número de cotizantes al aumentar el desempleo durante la crisis, así como el descenso de los salarios, ha provocado la caída de los ingresos por cotizaciones. Pero, por el contrario, han aumentado mucho los gastos al crecer el número de nuevos jubilados, por la evolución de la pirámide de edad, que además tienen derecho a pensiones más elevadas que las generaciones anteriores porque han cotizado durante más años y por sueldos más altos. Las cuentas, por tanto, no cuadran y difícilmente lo harán en el futuro a causa del progresivo envejecimiento de la población.
El país tiene un enorme problema sobre la mesa. La solución no puede basarse en condenar a los más de nueve millones de pensionistas actuales a una creciente pérdida de poder adquisitivo, como hace la reforma en curso, y tampoco reducir más las pensiones futuras, ya que ello supondría dejar a los jubilados en el umbral de pobreza el día de mañana. La única reforma justa es aquella que aplaza progresivamente la edad de jubilación, ya que se ha retrasado también la edad de entrada en el mercado laboral y ha aumentado la esperanza de vida.
La sociedad española debe respetar el pacto intergeneracional que garantiza pensiones dignas de jubilación. Si no lo puede hacer vía cotizaciones de la Seguridad Social, debe hacerlo vía presupuestos generales del Estado, como se ha empezado a hacer ya en los últimos dos años con los préstamos del Tesoro. Las soluciones de fondo, en todo caso, deben venir de una política de natalidad –actualmente inexistente– que modifique la pirámide de edad a largo plazo, para rejuvenecer la población, y de un sistema productivo que aumente el empleo y su calidad.