¡Los presos a la calle!
Es reiterada la afirmación de que el independentismo como gran fuerza política es también fruto del mal gobierno español, omisiones, errores e injusticias hacia Catalunya. Creo que tal cosa es cierta y avalada por las encuestas. La última lo anuncia una vez más (Metroscopia 12 y 15 de enero): los partidarios de la independencia son sólo el 26% si se ofrece la opción de la mejora del autogobierno, que es la primera preferencia (51%), además de seguir como hasta ahora (17%). Dentro de esta lógica, ¿quién puede negar que la prisión preventiva de dirigentes del proceso tuvo una influencia decisiva en los resultados electorales?
No cuestiono que los responsables del proceso hayan cometido delitos con respecto a la legalidad española. En todo caso eso ya se verá en el juicio, pero sí critico la naturaleza de las figuras penales que se les imputan, y el uso abusivo y pretendidamente intimidatorio de la prisión preventiva, una medida extrema e irreparable, más cuando es evidente que no existe riesgo de fuga, y la pretendida posibilidad de reiteración tiene más de juicio político y justicia preventiva –poco justa por tanto– que de medida prudente. La justicia institucional no se puede separar de las virtudes porque entonces hay un Estado de leyes pero no uno de derecho. La virtud de la justicia se alimenta de la prudencia, que define la capacidad práctica de seguir el mejor camino para los fines que se buscan. Y ciertamente la aplicación tan prologada de la prisión preventiva está lejos de todo carácter prudencial, virtuoso. Más bien recuerda lo que Alasdair MacIntyre escribe en Justicia y racionalidad sobre la desintegración de la justicia, y más específicamente del impacto del emotivismo en ella. Es en este sentido especialmente relevante la actitud de la Fiscalía, que de todas las opciones racionalmente posible ha elegido siempre la más extrema.
El fin de la prisión preventiva de los inculpados por el proceso no interpela sólo a las filas del independentismo y su lógica tendencia a instrumentalizar políticamente la situación, sino a toda la sociedad catalana, encarnada en sus instituciones y dirigentes, que deben hacer oír su voz. Promover la libertad no es alinearse con la independencia –significa, también, justo lo contrario– ni cuestionar la justicia, sino rechazar la inadecuada aplicación de aquel tipo de sanción carcelaria.