Puigdemont traslada a ERC la presión de su investidura
El candidato pide amparo al presidente del Parlament para poder asistir al pleno El juez impide a Jordi Sànchez y a Oriol Junqueras ir a la sesión
En la caja fuerte del Palau de la Generalitat hay un cofre de 1932 con un medallón de oro cincelado, ónix y con las cuatro barras de la bandera catalana en relieve en el centro. Es el medallón con el que desde la restauración de la Generalitat con Josep Tarradellas se solemniza la toma de posesión del presidente de la Generalitat. La ceremonia tiene una dificultad constante desde entonces: no hay forma humana de abrir el broche del cordón del que cuelga la medalla.
En una legislatura normal, el “maldito broche” –así se refieren a él quienes lo han intentado abrir– sería la preocupación del presidente del Parlament. Por el contrario, lo que tiene delante hoy Roger Torrent es la convocatoria de un pleno de investidura con las instrucciones fijadas por el Tribunal Constitucional con la amenaza de incurrir en un delito si no se cumplen, y con un candidato a la presidencia sobre el que pesa una orden del Tribunal Supremo de busca y captura en España.
Carles Puigdemont reivindica desde Bruselas su derecho a ser candidato y, en paralelo a la partida en los tribunales, ha decidido jugar una partida política en el Parlament con repercusiones en la relación con ERC.
El equipo legal del president cesado descartó ayer por la mañana pedir permiso al Supremo para que Puigdemont pudiera acudir al debate convocado a las 15 h, tal y como planteaba el Tribunal Constitucional. La evidencia de que el juez Pablo Llarena no daría una respuesta positiva si no se ponía antes a disposición de la justicia, y por tanto era detenido y conducido a prisión, no era una alternativa para Puigdemont, cuya prioridad es intentar que el Parlament vote su investidura para reafirmar la legitimidad de los resultados del 21-D. De ahí que el escrito remitido a Llarena se limitara a acreditar su condición de diputado con plenos derechos, especialmente el de la inmunidad parlamentaria, por lo que entiende que no necesita pedir ningún tipo de autorización judicial para el ejercicio de estos derechos.
Puigdemont también se personó por escrito, junto al resto de diputados de Junts per Catalunya, ante el Tribunal Constitucional para denunciar una vulneración de derechos fundamentales al fijar medidas cautelares para condicionar la investidura. El Tribunal no admitió a trámite el recurso del Gobierno central después de una acalorada sesión de seis horas el sábado pero consideró que por razones de “urgencia excepcional” debía poner condiciones a la investidura.
El recurso tendrá resolución inmediata ya que, aunque el Alto Tribunal daba diez días a las partes para posicionarse, los magistrados se reunirán esta mañana para resolver antes de la hora prevista de inicio del pleno. No obstante, Puigdemont ha preferido soslayar la vía judicial para exprimir el reglamento del Parlament y el Estatut y reivindicar ante el presidente de la Cámara la inmunidad de los diputados.
Puigdemont envió una carta a Torrent –firmada como “diputado y candidato a president de la Generalitat”– en la que le reclama amparo y que “adopte las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas” de los miembros del Parlament. Lo que denuncia Carles Puigdemont son “las actuaciones judiciales y gubernamentales del Estado encaminadas a obstaculizar el ejercicio de mi mandato” como diputado y candidato y, particularmente, a “impedir que pueda asistir al pleno de investidura”. La vigilancia en los pasos fronterizos como La Jonquera o los controles en la carretera de Camprodon han provocado colapsos en los últimos días y el despliegue de la Policía Nacional en el entorno del Parlament –vigilancia de alcantarillado incluido y helicópteros sobrevolando el parque de la Ciutadella– han sido objeto de una queja oficial del presidente del Parlament al Ministerio del Interior
Puigdemont, que publicaba ayer en Instagram una foto del paseo Picasso, junto al Parlament, siempre ha querido dejar abierta la puerta al retorno desde Bruselas, aunque condicionada a un pacto con el Estado para evitar la detención. Así que el último paso de su estrategia pone el foco en Roger Torrent, que ayer recibió la notificación del TC con advertencia incluida, y una hipotética desobediencia castigada con penas de inhabilitación. El presidente del Parlament mantuvo contactos ayer por la tarde con JxCat y ERC, los letrados del Parlament y diferentes juristas en busca de una fórmula que permita poner en marcha el pleno sin incurrir en ningún delito. En todos los casos, se sitúa el pleno en situación similar a la vivida el 6 y 7 de septiembre pasados con la aprobación de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica.
El pleno debe arrancar con la lectura por parte del secretario de la candidatura propuesta. Una vez se confirme la ausencia física de Puigdemont, la disputa estará servida.
LA BATALLA JUDICIAL
Puigdemont alega ante el Supremo que no necesita su permiso para ir al Parlament
EL ESCENARIO
Los independentistas se garantizan los 68 votos para una investidura a la primera
Cs, PSC y PP ya han anunciado que pedirán la suspensión, mientras el bloque independentista quiere forzar la investidura a distancia. La decisión está en manos de Torrent.
No sin tensiones, JxCat y ERC han puesto todas las condiciones para lograr una investidura a la primera con 68 votos. Oriol Junqueras y Jordi Sànchez han pedido la delegación del voto amparados por el Supremo, que les niega la libertad, y a las renuncias de Clara Ponsatí y Lluís Puig desde Bruselas se sumó ayer la de la republicana Meritxell Serret, aunque con mensaje a navegantes: “Sacrifico mi escaño y mi inmunidad parlamentaria consciente de que todo el mundo estará a la altura sacrificando intereses personales para recuperar el Govern, restaurar la libertad y la democracia e implementar la república al servicio de la ciudadanía”. Por su parte, Toni Comín renunció a su voto a distancia, que el TC prohíbe.
Los republicanos se han visto obligados a cerrar filas con Puigdemont pero no esconden la preocupación por el paso que puede dar la legislatura hoy. Mientras Puigdemont bloquea cualquier alternativa que no sea su investidura o incluso unas elecciones, en ERC confían en una salida que les permita seguir en el marco de la legalidad, con la vista puesta también en Junqueras, que continúa en prisión y la votación podría tomarse como una reincidencia. A falta de investir president, las fuerzas independentistas avanzan en un plan de gobierno que incluye el fin a los conciertos a colegios de élite, la gestión pública de Aigües Ter-Llobregat y una asamblea constituyente para el desarrollo de la república. La legislatura puede tener en unos días hoja de ruta, pero la medalla del president no se ha llevado a limpiar.