El fiscal pide que se archive el caso de los ordenadores de Bárcenas
La acusación pública no ve claro que el PP destruyera datos relevantes
La Fiscalía de Madrid considera que no se ha acreditado delito alguno en relación con el borrado de los ordenadores del extesorero del PP, Luis Bárcenas. En consecuencia, ayer solicitó la absolución del PP como persona jurídica y del resto de acusados en el caso de la destrucción de los terminales que el extesorero popular Luis Bárcenas utilizó en la sede del partido. La Fiscalía estima que se debe aplicar a este caso la “doctrina Botín”, por la que el Tribunal Supremo estableció que no se puede mantener un proceso cuando sólo ejerce la acusación quien actúe en uso de las atribuciones de la acción popular.
La tesis de la Fiscalía de Madrid es que procede dictar sentencia absolutoria para el PP, así como para su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán. El delito imputado al PP es el de daños informáticos. Los citados cargos del partido suman a este supuesto delito el de encubrimiento.
La tesis de la Fiscalía es que las entidades que ejercen la acción popular “carecen de legitimación para pedir la apertura del juicio oral” por lo que procede el archivo del proceso. El escrito alude a las sentencias del Supremo que establecieron la “doctrina Botín” y “doctrina Atutxa”, estableciendo límites para la acción popular.
El escrito se apoya en que el extesorero del PP renunció a actuar como acusación particular en septiembre del 2016. El perjudicado directamente por el supuesto delito, por tanto, no acusa a su antiguo partido. Por otra parte, la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento de la causa en ocasiones anteriores. Quienes sí ejercen la acción popular son Izquierda Unida (IU), el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).
Los intentos que realizó el PP para obtener el archivo del caso con anterioridad no le dieron resultado. El PP apeló a la doctrina Botín en septiembre último, con el fin de evitar el juicio. Pero la juez encargada del caso, Rosa María Freire, desestimó dicho argumento y acordó el procesamiento del PP como partido y el de los mencionados cargos de la organización.
La Fiscalía pide la absolución de todos los procesados por considerar que no se ha acreditado el contenido de los ordenadores ni que los datos que contuvieran pudieran ser relevantes para otras investigaciones, como la relativa a los papeles de Bárcenas. También estima el escrito que ni siquiera se ha acreditado cómo fueron adquiridos los ordenadores objeto del borrado ni que esta operación perjudicase al propio Bárcenas, que los dejó en la sede del partido cuando el PP prescindió de sus servicios.
El ministerio público no ve probado que se destruyeran datos relevantes sobre las finanzas del PP