Ineficacia y eficiencia
La parálisis legislativa en la que se ha instalado el Congreso de los Diputados; y la importancia para el sector textil y de la moda de la pasarela 080.
Alo largo del 2016 no se aprobó en España ni una iniciativa legislativa con rango de ley. Nunca, en los últimos 40 años a contar desde que se recuperó la democracia, había transcurrido un año sin la promulgación de nuevas leyes. Cierto es que ese año transcurrió en España sin gobierno o, mejor dicho, con el gobierno del PP en funciones. Pero también lo es que en el 2017 la cosecha legal fue muy parca: doce iniciativas legales con rango de ley y dos con rango de ley orgánica. Y el año en curso no se anuncia como el de la recuperación legislativa.
Son diversos los factores que propician esta sequía legislativa. Obviamente, no ayuda que el Parlamento esté muy fragmentado, porque eso dificulta consensos y alianzas. Pero la principal razón para la escasez de leyes quizás no sea esa, sino el abuso que está haciendo el Gobierno de su prerrogativa de veto, ejercitada en la Mesa del Congreso, donde el Partido Popular y Ciudadanos suman mayoría. Decimos abuso porque si bien esa prerrogativa es legal, lo cierto es que originalmente se estableció para evitar la aprobación de normas que dificultaran el cumplimiento de las políticas de ejecución presupuestaria. Y, también, porque esa mayoría que rige en la Mesa del Congreso no se corresponde con la distribución de fuerzas en el hemiciclo, de manera que la imposición de aquella sobre estas es, en términos democráticos, cuando menos, opinable.
Este último argumento basta para indicarnos que la aplicación extensiva del veto en la Mesa del Congreso por parte de quienes la dominan no constituye una actuación de recibo. Pero hay otros argumentos. Este obstruccionismo tiene unos efectos que llevan a España a la parálisis legislativa. Y eso da que pensar, y no precisamente en términos tranquilizadores. Por más que unos presupuestos del Estado pendientes de aprobación, desde hace demasiado tiempo, puedan presentarse como excusa para esa política de vetos.
El poder legislativo es uno de los puntales indispensables de la democracia. A él le corresponde la facultad para adecuar, paulatinamente, la normativa legal a la evolución social. No se trata de una adecuación caprichosa, sino necesaria para que las leyes no sean tanto una limitación que asfixie a la sociedad como un instrumento que la acompañe en su desarrollo. Una sociedad que, como es sabido por todos, resulta ser diversa y debe por tanto hallar los mecanismos para que tal condición se manifieste en las leyes que rigen nuestra convivencia.
Obstaculizar estos procesos, que deberían evolucionar casi de modo automático al ritmo de los tiempos, puede tener de entrada efectos convenientes para quienes ejercen el poder. Pero, a medio y largo plazo, esta parálisis legislativa es la antesala de disfunciones. La ley no es un corsé, sino una vestimenta en la que la sociedad debe sentirse protegida, pero también cómoda. Y, como decíamos, la sociedad es diversa, y la obligación de quienes se ocupan de renovar su cuerpo legal es actuar de modo atento a esa diversidad.
¿Es eso lo que sucede ahora en España? Nos tememos que no. En los últimos tiempos, hasta medio centenar de iniciativas legislativas impulsadas por la oposición han sido vetadas en la Mesa del Congreso. Son demasiadas. No le pedimos al Gobierno que legisle contra sus intereses. Pero sí le pedimos que recuerde que debe servir por igual a toda la sociedad, incluyendo a aquellos que piensan de modo distinto al suyo.