Londres no podrá vetar las leyes de la UE durante la etapa de transición
Los Veintisiete aceptan un periodo de adaptación hasta el 2021, con límites
Seguir viviendo juntos después de un divorcio, bajo el mismo techo y con las mismas normas de convivencia a condición de que solo una de las partes pueda cambiarlas no parece una situación fácil para nadie, aunque pueda ser lo más conveniente desde el punto de vista económico o jurídico, pero es lo que se disponen a hacer la Unión Europea y el Reino Unido después del 29 de marzo del 2019, el día del Brexit.
El trago puede ser especialmente difícil para el Gobierno británico, que durante el periodo de transición de 21 meses que sus socios europeos le han ofrecido, no tendrá voz ni voto en la adopción de nuevas leyes comunitarias, aunque deberá aplicarlas tal y como se decidan en Bruselas. Así consta en las nuevas directrices negociadoras adoptadas ayer por los gobiernos de los otros 27 países del club, en respuesta a la petición de Londres de tener más tiempo para adaptarse al cambio. El documento, muy firme en este punto, es un jarro de agua fría para el Gobierno de Theresa May, que en los últimos días ha intentado conseguir un poder casi de veto sobre las nuevas decisiones de la UE para amortiguar posibles consecuencias negativas para su país o no tener que aplicarlas.
“Los estados miembros han acordado que todo el acervo comunitario siga siendo aplicado en el Reino Unido” durante el periodo de transición, “también cualquier cambio que se adopte en ese tiempo”, recalcó ayer la ministra de Exteriores de Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, en nombre de la presidencia rotatoria de la Unión, recalcando que a partir de la fecha del Brexit “pasará a ser un país tercero”. “Es el Reino Unido quien ha decidido irse de la Unión y de sus instituciones” y quien ha pedido “un periodo de transición para prepararse” y “poder seguir disfrutando del statu quo económico”, recordó por su parte el negociador europeo del Brexit, Michel Barnier. Si sigue dentro del mercado único, deberá aplicar sus normas y seguir sujeto a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE. El claro posicionamiento europeo, en línea con previos pronunciamientos, se produce días después de que algunos
tories hayan criticado las condiciones del periodo transitorio negociado por May, una relación de “vasallaje” para algunos de sus críticos. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha contribuido a la discordia interna este fin de semana al calificar de blanda la estrategia negociadora de May. “Aún se puede apretar más a la UE, creo”, dijo.
Lo único que prevén las directrices adoptadas ayer es que en casos excepcionales el Reino Unido “puede ser invitado a participar en las reuniones” pero “sin derecho de voto” cuando las decisiones afecten muy específicamente al país, pero sin garantías de que sus posiciones vayan a ser tenidas en cuenta. Es, ante todo, una cuestión de principios: las normativas europeas precisan al menos de dos años de tramitación, por lo que en los 21 meses de la transición habrá pocas leyes que el Reino Unido deba aplicar sin haber participado en su tramitación.
Barnier recordó ayer a May que debe resolver los temas pendientes del acuerdo de separación de diciembre (derechos de los ciudadanos, Irlanda y el arreglo financiero). “Sin acuerdo sobre todos los temas de la salida, no habrá acuerdo de transición. Son un todo”, recalcó. Preguntado por la prensa británica si le inquieta la inestabilidad de la política interna británica, respondió lacónico: “A mí lo que me preocupa es la estabilidad de la UE”.
La perspectiva de seguir dentro de la UE y aplicar sus nuevas normas sin votarlas ha revuelto a las filas ‘tories’