Política y justicia

Intentar retransmitir una deliberación judicial como si se tratara de un partido de fútbol es absurdo. Estas últimas semanas y, muy especialmente, este último fin de semana, con ocasión de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por el Gobierno central sobre la posible investidura de Carles Puigdemont, ha sido una demostración muy evidente de esta absurdidad. Se informaba del inicio de la reunión como si empezara el partido: a los pocos minutos ya se decía que duraba demasiado; minutos después, que había una gran división entre los magistrados (que acabaron decidiendo por unanimidad), que la decisión ya estaba tomada, cuando aún faltaban dos horas para llegar al final, etcétera.

Sin saber nada de nada, los comentaristas ya opinaban de lo que se decidiría, con contundencia y sin ningún margen de duda. Se señalaban bandos de ganadores y perdedores que iban variando a medida que la deliberación se alargaba. Se pedían opiniones, que se daban, sin conocer la decisión; se denunciaban sus carencias, los excesos, los defectos y los errores cuando aún no se sabía sobre qué se opinaba. Daba igual: ¡se estaba jugando el partido a puerta cerrada pero los informadores tenían que demostrar que estaban dentro de la reunión y que ellos participaban de la redacción de la resolución!

Cuando la justicia sustituye a la acción política pasa esto. El debate político es, generalmente, muy público –a veces, quizás demasiado–. La justicia se mueve con otros parámetros y la única publicidad de sus deliberaciones es mediante sus decisiones. Y mal si no es así. La política está muy obligada por los votos; la justicia no debería tener más patrón que la ley. Por esta razón, la justicia tiene sus ritmos, su tiempo, sus contenidos. Y cuando la política sitúa los conflictos en el campo de la justicia, no sólo cambia el escenario,

Cuando la política sitúa los conflictos en el campo de la justicia, no sólo cambia

el escenario, cambia también la naturaleza

del debate

cambia también la naturaleza del debate, las referencias que deberán tenerse en cuenta y las consecuencias.

Cuando la justicia es llamada a sustituir a la acción política, esta –la política– pierde el control de la situación. Y recuperarlo no será fácil. Ya no se trata de mayorías ni de minorías, ni de votos, ni de movilizaciones, ni sensibilidades, ni emociones. El derecho y su expresión más emblemática, la ley, son ciertamente interpretables; este es el campo de la doctrina y de la jurisprudencia. Pero el campo está mucho más acotado y delimitado que el que corresponde al debate político, en el que el juego de las alternanzas y del cambio social dan mucho más margen para resolver situaciones de conflicto. Si primero se habla políticamente, después el derecho puede dar forma y contenido a los acuerdos. Cuando la justicia es llamada a resolver, la política constata su fracaso.

Ahora y aquí, la justicia ocupa el escenario. Llamada por unos y por otros, ha tomado la responsabilidad sobre la decisión del conflicto. Llamada por los que la han ignorado y por los que se han refugiado en ella. ¡Por todos! Nadie tiene derecho a quejarse de la judicialización: esta posibilidad estaba escrita, prevista, contemplada y valorada; ¡por todos! Por esto, ahora no tiene sentido intentarla retransmitir en directo, como si se tratase de un partido de fútbol. Ahora se debería, o en todo caso, valdría más pensar en cómo la justicia podría devolver a la política lo que no debería haber salido nunca de su campo. De entrada, quizás, teniéndola más en cuenta. Facilitar una percepción más normalizada de la realidad. Algún filósofo del derecho habla de la fuerza normativa creadora de la realidad social como motor del cambio. Al final, en democracia, transformar la legalidad es más positivo que ignorarla o transgredirla.