El llanto de ‘la abuela de Fuerteventura’
La casa de Josefa Hernández cae bajo la piqueta al ejecutarse la orden judicial de derribo por una ampliación que hizo en un área protegida
Tras seis años de lucha que incluyen un ingreso en prisión en el 2015 por un delito contra la ordenación del territorio, Josefa Hernández, más conocida como la abuela de Fuerteventura ,noha logrado vencer a la piqueta, y ayer la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias derribó sin miramientos su vivienda ubicada en el parque natural de Betancuria.
Varios agentes de la Guardia Civil cerraron desde el día anterior las vías de acceso a la vivienda para evitar cualquier tipo de acción de protesta. Pero no hubo nada, sólo las lágrimas de las dos hijas de Josefa que acudieron al derribo. “Ha sido horrible. Han tirado todo, incluso un aljibe que teníamos y que estaba en la finca antes de la declaración de protección ambiental. No les ha importado nada”, indica Minerva Cerpa, una de las hijas presentes. “Ahora no tendremos ni agua para poder regar los árboles y plantas. No hay derecho”, indica. Su madre no ha acudido. “Lleva más de dos semanas llorando y esperando un milagro. Está destrozada. Le han arrebatado su vida”, manifiesta Minerva.
Construida en 1995, antes de que el terreno recibiera la protección medioambiental, el error de esa mujer fue realizar en el 2007, después del paso de la tormenta tropical Delta, unas obras de mejora con dinero facilitado por el Cabildo de Fuerteventura. Entonces arregló los techos y amplió la vivienda 20 metros para dar cobijo a los cinco hijos (tiene 7) y tres nietos que entonces vivían con ella. A consecuencia de aquella ampliación fue denunciada por el Seprona y condenada en el 2012 a seis meses de prisión, una multa de 700 euros y el derribo de lo construido. Su caso saltó tres años después a los medios de comunicación de todo el país porque Josefa, de 63 en aquel momento y sin antecedentes penales, ingresó en la cárcel de Tahíche (Lanzarote), donde estuvo tres días, hasta que la Audiencia Provincial de Las Palmas intervino y suspendió la condena.
“¿Qué mal tan grave he cometido yo, que en mi vida lo único que hecho es trabajar y cuidar de mi familia?”, se pregunta Josefa Hernández, que se siente abandonada por todos los políticos, a excepción del alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, y que, según asegura, ha intentado sin éxito hasta el último momento salvar su vivienda. “Para la foto estuvo muy bien, cuando me acompañaron a la cárcel, pero luego, si te he visto no me acuerdo”, indica.
Josefa y su familia han formulado en estos años numerosas peticiones a todas las instancias “habidas y por haber” para reclamar un indulto y “salvar” su casa, pero no ha habido respuesta. “Podían haber hecho algo para ayudarme. Era lo único que tenía, pero me han dado la espalda”, indica la mujer, que acaba de jubilarse tras toda una vida de sacrificio para sacar adelante ella sola a toda su prole. “Se me parte el alma. No tengo nada más. Desde que me divorcié, toda la vida luchando para tener un techo, y cuando lo tengo, me lo quitan”.
Tras su salida de la cárcel en el 2015, Josefa Hernández se fue a vivir a Puerto del Rosario, a una casa de protección oficial cedida por el Gobierno de Canarias y cuyo contrato se renueva cada seis meses. En ella vive con su hija Cristina, de 40 años y que tiene una discapacidad del 39% por trastorno bipolar, y los tres hijos de esta –Yoel (15 años), Albi (12) y Yanira (8)–, que están a su cargo. Ellos son el motivo “que le quita el sueño”. “Mi vida me da igual, pero me preocupan mis nietos, que no tienen un padre que les pague la pensión ni otro sitio donde ir”, asegura. Su temor ahora es que la puedan echar de la actual vivienda. “No he firmado nada que garantice que voy a seguir en esa casa. Y ahora estoy bien, pero para morirse no hace falta nada más que estar vivo, ¿qué sucederá entonces con mis nietos?”.
Los cinco viven con 600 euros al mes. Es un presupuesto ajustado con el que apenas tienen para comer. Con un abogado, quizás hubiera ganado el litigio. “Y si no, que alguien me explique por qué tiran mi casa mientras siguen en pie los hoteles construidos a orilla de playa en zonas protegidas de todas las islas o las viviendas vacacionales de muchos. ¿Por qué ellos no y yo, que es lo único que tenía, sí? La ley no es igual para el pobre”.
La mujer vivía con cinco hijos y tres nietos en el edificio demolido ayer en el parque natural de Betancuria