Un centenar de municipios recurrirán la subida de tarifas del agua
Aigües Ter-Llobregat aumenta los precios un 12%, y la ausencia de Govern impide negociar
El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el Consorci BesòsTordera y la Federació de Municipis de Catalunya, que representan a un total de 116 municipios afectados, anunciaron ayer que impugnarán ante los tribunales el aumento del 11,88% del precio del agua que suministra la agencia Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Una subida del coste que, según aclaró la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), supondrá un “aumento de un euro al mes por recibo”. No obstante, el impacto final de esta subida del valor de mercado sobre el ciudadano es difícil de calcular, pues dependerá, en última instancia, de la cantidad de agua que compre cada suministrador final a ATLL.
Algunos municipios, como Parets del Vallès, han decidido asumir ellos el coste extra para no repercutir en el recibo final de los vecinos. Otros irán a buscar agua a sus propios pozos para comprar menos a ATLL, algo que, según el vicepresidente de Medio Ambiente del AMB y concejal de Energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, es un “sinsentido” justo en un momento de prealerta por la falta de agua y en el que estos pozos deberían ser una “reserva disponible en caso de sequía”.
La estrategia de recurrir a los tribunales busca “frenar el golpe” para la administración y “los 4,5 millones de personas que viven en poblaciones que compran agua a la ATLL”. Para Badia, el aumento del precio es “injustificado y desproporcionado”. Uno de los argumentos jurídicos del contencioso que presentarán los municipios, que reclaman medidas cautelares para que la situación no afecte a la factura del agua del próximo mes de marzo, es que esta subida está muy por encima del IPC y no se corresponde “a ninguna mejora del servicio”. Además, el vocal de la FMC y alcalde de Parets, Sergi Mingote, recordó ayer que la adjudicación de ATLL a Acciona en el 2011 fue declarada nula y que próximamente “saldrá la sentencia que la devuelva a la gestión pública”.
El aumento del precio del agua que vende ATLL está “condicionado por unos motivos que no tiene que asumir el mundo local”, reivindicó ayer Mingote. Concretamente, este encarecimiento del agua se aprobó en el consejo de administración de la ACA del pasado mes de diciembre por 10 votos a favor y 7 en contra. Los representantes de la Generalitat votaron a favor, y los de los municipios y los consumidores industriales, en contra. Según fuentes de la Generalitat, se vieron obligados a apoyar los nuevos precios ante la “imposibilidad de modificar el contrato de gestión del servicio que presta ATLL a raíz de la situación política de Catalunya y la ausencia de Govern”. Y es que el acuerdo firmado en el 2012 incluía una revisión de los precios a los cinco años. Según estas fuentes, sin margen de maniobra para cambiar el documento por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a la Generalitat no le quedaba otro camino.
El exconseller de Territori y Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya Josep Rull se comprometió en su día a congelar la tarifa del agua a cambio de la renuncia a una parte del canon concesional. Con el apoyo de todo el consejo de administración, el ACA quería incoar un “expediente de revisión de la retribución financiera” para ajustarla a los “actuales tipos de mercado”. En su estrategia, argumentaban que hace cinco años la situación económica era muy diferente a la actual y que era necesario revisar el acuerdo. “Sin la capacidad de decisión política no se ha podido llevar a cabo la modificación del contrato de concesión en que la Generalitat dejaba de percibir 7 de los 15 millones de euros que le corresponden para minimizar el aumento de la tarifa”, reconoce la Generalitat.
Según estas mismas fuentes, una “revisión exhaustiva por parte de los técnicos de la ACA” redujo el aumento del precio del 15% al 11,88%. Se comprometen a “estudiar las posibilidades para cumplir con los compromisos adquiridos durante el 2017” cuando se constituya el nuevo Govern.
INDIGNACIÓN EN LOS MUNICIPIOS El mundo local asegura que no es responsable de la situación creada
SIN MARGEN DE MANIOBRA La Generalitat afirma que no se pudo revisar el contrato por la aplicación del 155