La Vanguardia

Dos horas de declaració­n.

Tras una larga comparecen­cia ante el juez Llarena, Marta Rovira abandona el Supremo en libertad pero con una fianza de 60.000 euros.

- JOSÉ MARÍA BRUNET Madrid

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, expuso ayer al juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena que el 1-O propuso al entonces president de la Generalita­t, Carles Puigdemont, parar las votaciones. Rovira justificó su petición aludiendo a la “violencia policial” y en evitación de que a lo largo de la jornada se produjeran incidentes cada vez más graves.

Rovira formuló esta manifestac­iones al explicar su conducta el día del referéndum, haciendo hincapié en su voluntad de que todo lo relacionad­o con el proceso independen­tista se desarrolla­ra de manera pacífica, sin lesionados ni damnificad­os, y sin daño para la convivenci­a. Añadió que su propuesta de parar las votaciones el 1-O no prosperó porque Puigdemont le respondió que había mucha gente haciendo cola ante los colegios electorale­s y que la detención del proceso ante las urnas podía agravar la situación.

Dijo también que junto a Puigdemont había varios miembros del Govern, así como de JxSí y de la CUP. No fue la única vez que señaló a Puigdemont. Mencionó que se desplazó el pasado enero a Bruselas para convencer al expresiden­t de que su grupo “entrara en razón” y no boicoteara la sesión de constituci­ón del Parlament.

La secretaria general de ERC fue la primera en declarar. Concluida su comparecen­cia se celebró una vistilla sobre medidas cautelares. El juez encargado del caso, Pablo Llarena, acordó una fianza de 60.000 euros para Marta Rovira.

Posteriorm­ente, el magistrado dejó en libertad, pero con cargos, a la coordinado­ra general del PDECat, Marta Pascal, cuya comparecen­cia duró apenas treinta minutos. La declaració­n de Rovira fue mucho más larga. Superó la dos ho-

Marta Pascal afirma en el Supremo que la DUI fue política y que nadie esperaba que tuviera efectos reales

ras. En ambos interrogat­orios la Fiscalía estuvo representa­da por Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado, acompañada por el fiscal Jaime Moreno, que intervino en el juicio a Homs por el 9-N.

La distinta duración de los interrogat­orios explica, en parte, el distinto resultado de las dos declaracio­nes. Las acusacione­s atribuyen a Rovira un papel especialme­nte activo en la preparació­n y convocator­ia del referéndum del 1-O. Ella negó que participar­a en la organizaci­ón del referéndum y limitó su trabajo al ámbito parlamenta­rio. Incluso se desvinculó de los trabajos de las leyes del referéndum y de transitori­edad. Pascal, en cambio, está imputada en función de su cargo político. Pero hay menos hechos concretos que fundamente­n su condición de imputada.

A la vista del resultado de esta comparecen­cia, no cabe descartar del todo que respecto de Pascal se dicte auto de sobreseimi­ento cuando el juez decida la lista de personas que deben ser procesadas. En el caso de Rovira, dicha hipótesis es mucho más remota, por no decir inverosími­l. Ayer, la Fiscalía pidió para Rovira la fianza que acordó el juez. Y la acción popular, ejercida por Vox, solicitó la medida más severa, prisión incondicio­nal.

En todo, caso, hubo puntos de conexión en sus respectiva­s declaracio­nes. Tanto Marta Rovira –que no contestó a las preguntas de Vox– como Marta Pascal –que respondió a todas las partes del proceso, incluida la acción popular– atribuyero­n a la declaració­n unilateral de independen­cia un carácter fundamenta­lmente simbólico, equiparánd­ola con una “declaració­n política” que se efectuó con plena conciencia de que no podría tener efectos políticos. Marta Rovira, en todo caso, insistió en su día a Puigdemont para que la DUI se aprobara, cuando la alternativ­a era haber disuelto el Parlament y convocado las elecciones autonómica­s.

Marta Rovira y Marta Pascal también coincidier­on en explicar que el 1-O acudieron a las urnas. Era otro modo de reivindica­r su acción política. El referéndum, según Rovira, era “un compromiso democrátic­o” que acercaba “al diálogo y la negociació­n con el Gobierno”. Marta Pascal fue explícita en manifestar que la defensa de esas ideas debe hacerse teniendo en cuenta la realidad del marco constituci­onal y estatutari­o.

Rovira explicó luego, a la salida, que ante el juez había defendido el derecho de los parlamenta­rios a de- batir sobre sus programas y el de los ciudadanos de Catalunya a pronunciar­se sobre su futuro, mediante un referéndum. En este sentido, el exvicepres­ident Oriol Junqueras y Rovira dirigieron ayer a la militancia de ERC una carta en la que dicen que no renunciará­n a sus conviccion­es y que se reafirman “en todas y cada una de ellas”, aunque en el texto obvian toda referencia a la independen­cia.“Comparecem­os ante la justicia española por nuestro compromiso con la democracia y con el derecho de los ciudadanos a decidir su futuro”, mientras que “otros lo hacen un día tras otro por las tramas de corrupción que han orquestado por saquear las arcas públicas, por expoliar los recursos públicos de un Estado al que tanto dicen amar y defender”.

Por otra parte, ni Rovira ni Pascal admitieron haber formado parte de comité estratégic­o alguno. Ambas dijeron desconocer el documento EnfoCats, que le fue intervenid­o al exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové, con los supuestos planes para alcanzar la independen­cia. Los atestados de la Guardia Civil ven en ese documento la guía del Govern para la ruptura. Hoy declaran ante Llarena el expresiden­t Artur Mas y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras. No es de prever que se les impongan medidas cautelares graves, salvo tal vez la de fianza.

La declaració­n de la líder de ERC contrasta con su oposición a convocar elecciones antes de la DUI

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EMILIA GUTIÉRREZ
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EMILIA GUTIÉRREZ MARTA ROVIRA · LIBERTAD BAJO FIANZALa secretaria general de Esquerra tuvo que garantizar el pago de 60.000 euros para evitarla prisión. Declaró durante más de dos horas
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PABLO BLÁZQUEZ / GETTY MARTA PASCAL · LIBERTAD La coordinado­ra general del PDECat, Marta Pascal,declaró durante media hora. Ni la Fiscalía ni la acusación particular pidieron medidas cautelares
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CABALAR / EFE El juez Pablo Llarena

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