La juez Lamela imputa a Trapero por supuesta sedición en el referéndum
La magistrada sugiere que le podría acusar por un delito de organización criminal
El exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero fue citado ayer para que comparezca en la Audiencia Nacional el próximo viernes, como supuesto autor de un nuevo delito de sedición, aparte del presuntamente cometido los días 20 y 21 de septiembre del año pasado, en relación con la concentración masiva frente a la Conselleria d’Economia. Esta vez, la supuesta sedición habría sido cometida, según la resolución dictada ayer por la magistrada de la Audiencia Carmen Lamela, por la “total inactividad” de la policía autonómica catalana el 1-O, mientras la Policía y la Guardia Civil trataban de cumplir la orden judicial de impedir las votaciones del referéndum.
El tenor literal del auto de Lamela implica muy graves acusaciones contra el exmayor Trapero para fundamentar la nueva imputación de un delito de sedición. Sostiene la juez que la conducta de los Mossos, desde el 20 de septiembre hasta la fecha del referéndum del 1 de octubre, “enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad”. Lo que se hizo, en cambio, fue diseñar “un plan premeditado para evitar actuar, que procedía de la cúpula policial de Mossos d’Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluís Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico” de los partidos independentistas.
La juez argumenta que en la conducta de Trapero pudo haber, por tanto, dos delitos de sedición, y no uno solo. El primero, por los hechos de septiembre durante el registro a la mencionada Conselleria d’Economia, y el segundo por toda la estrategia ante el referéndum. Y Lamela añade, además, que formula estas acusaciones “sin perjuicio de ulteriores calificaciones y en particular de la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de organización criminal”. Esta tipificación no había aparecido añadida, de momento, en las resoluciones del juez encargado el caso 1-O en el Supremo, Pablo Llarena, que siempre ha mencionado los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación.
La Fiscalía le ha pedido a este magistrado que asuma la investigación sobre Trapero. Llarena, sin embargo, ha preferido que lo relativo a la actuación de los Mossos en torno a las fechas del referéndum quede en manos de la Audiencia Nacional, considerando que la labor de los mandos, por debajo del conseller de Interior, Joaquim Forn, no forma parte de la investigación del Supremo, centrada en la labor ejecutiva y de dirección del proceso de ruptura en relación con el 1-O y la declaración unilateral de independencia (DUI). Llarena, en todo caso, interrogó al coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador de los cuerpos policiales ante el 1-O.
La declaración de este jefe de la Guardia Civil –repetida luego en la Audiencia– fue incriminatoria para los mandos de los Mossos, según recogió Llarena en sus siguientes resoluciones y según asume ahora también la juez Lamela. La magistrada afirma, por ejemplo, que Trapero se comprometió a cambiar el plan de actuación que había elaborado para cumplir la orden de impedir el referéndum, después de que la Fiscalía y el propio Pérez de los Cobos lo consideraran inadecuado. Sin embargo, Trapero “nunca llegó a realizar ninguna modificación, dirigiendo su actuación conforme al plan originario”.
Lamela sostiene que la investigación ha permitido averiguar hechos que indican que la actuación de la policía autonómica, prevista en un principio para impedir la celebración del referéndum, fue dirigida en realidad “a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”. En su resolución, la juez pide varios informes a los Mossos y cita al actual jefe de los Mossos, Ferran López, para que declare asimismo el próximo viernes, en su caso como testigo.
La resolución afirma que el mayor diseñó un plan para garantizar la “total inactividad” de los Mossos ante el 1-O