Discrepancias en el Gobierno sobre la viabilidad de la reforma del catalán
Parte del Ejecutivo considera que no se puede poner la casilla sin cambiar la ley
El Gobierno tiene claras sus intenciones. Que los padres puedan elegir el idioma en el que quieren que sus hijos estudien, como lengua preferente o vehicular. Pero la ley es diáfana en esto y o hay un cambio legislativo o no podrá hacerse.
Por esa razón, como mal menor, el Gobierno se planteó, ahora que la Generalitat está intervenida, hacer cumplir las sentencias y que al menos el 25% de las asignaturas troncales se impartan en castellano.
De ahí que el secretario de Estado de Educación hablara el pasado jueves de poner una casilla en la hoja de preinscripción para que se elija esa posibilidad.
Pero las intenciones se han dado de bruces con la realidad y ahora el Gobierno, según las fuentes consultadas, está fuertemente dividido sobre hasta dónde se puede llegar, o hasta dónde no. Las discrepancias no son menores.
Según esas fuentes, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, apoyándose en los abogados del Estado, defiende que la opción de poner una casilla no es factible si no se modifica la ley catalana.
Otro grupo de ministros, en cambio, entre los que figuraría la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, estima que sí es posible.
Esas discrepancias se pusieron de manifiesto ayer públicamente cuando la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, afín a Cospedal, aseguraba en el hospital Can Ruti de Badalona, donde estuvo por la mañana, que el Ejecutivo quiere incorporar la llamada casilla lingüística en la preinscripción escolar.
Pero inmediatamente después, un portavoz del Ministerio de Educación –cuyo titular, Íñigo Méndez de Vigo, está más cerca de la vicepresidenta– señalaba que la ministra de Sanidad “ha tenido una confusión”.
Según las mismas fuentes, también el secretario de Estado de Educación y su ministro mantienen discrepancias sobre si es posible aplicar o no la casilla.
Oficialmente, el ministerio mantiene que “se sigue trabajando en la búsqueda de la fórmula”, y añadía: “La ministra (Montserrat) ha confirmado algo que el Gobierno aún no tiene cerrado”.
El problema es que el Gobierno no logra concretar la fórmula que reúna todas las garantías legales que permita llevar a cabo esa propuesta. Y lo que no quiere el Gobierno es que su resolución, que debería estar adoptada en una o dos semanas, pueda ser echada abajo en los tribunales, en especial porque es en aplicación del artículo 155 de la Constitución y hasta ahora el Gobierno ha tenido mucho cuidado en todo lo que aprueba en virtud de la intervención sea escrupulosamente ajustado a derecho, para que no se le pueda reprochar nada.
Por eso, y mientras el Gobierno central decide qué hace, o encuentra la fórmula que el Ministerio de Educación sigue buscando, el comité de dirección del PP, presidido por Mariano Rajoy, acordó ayer que el grupo parlamentario del PP en el Parlament presentea una proposición para modificar la ley d’Educació de Catalunya.
Lo anunció el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, que subrayó que el objetivo será exclusivamente conseguir que las familias tengan libertad de elegir la lengua en la que son educados sus hijos. En definitiva, que el castellano sea lengua vehicular, al garantizar que el 25% de las asignaturas troncales –es decir, una más de las actuales– sean impartidas en este idioma. Algo que, subraya, no responde “ni a victimismo ni a frentismo”, sino que lo que hace es que “se restituya la legalidad en el sistema educativo catalán. “No va contra nadie”, aseguró.
El PP es consciente de que sus cuatro diputados en el Parlament no tienen ninguna posibilidad de sacar adelante esta iniciativa, ni siquiera con el apoyo de Ciudadanos. Pero la dirección del PP considera que es importante marcar posiciones y hacer que todo el mundo se retrate en una votación. Por otra parte, Ciudadanos ya no podrá quedar como quien toma la iniciativa en este campo, y se evitará que el partido de Albert Rivera aparezca como el abanderado de la defensa del castellano en las escuelas.
En el fondo también se trata de ganar tiempo mientras Educación busca la fórmula para hacer posibles sus intenciones.
El PP lleva al Parlament una proposición para que las familias puedan elegir la lengua en que estudian sus hijos