El Estado sin dueño
Desde la recuperación democrática, el Estado personifica la soberanía popular. La Constitución afirma que “España se constituye en Estado social y democrático de derecho” y de inmediato que la “soberanía reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado” (¡incluida la justicia!).
Tras la entrada en vigor de la Constitución española (CE) de 1978, hay tres fechas decisivas en las que el Estado (la soberanía popular) se ha visto sacudido y ha tenido que reaccionar: el intento de golpe de Estado (23 de febrero de 1981), que duró unas horas, pero zarandeó las cuadernas de la joven democracia española y desató una crisis de extrema gravedad, saldada con condenas ejemplares; la declaración, por primera vez desde la CE, del estado de alarma para hacer frente al caos aeroportuario originado por el plante masivo de los controladores aéreos (4 de diciembre del 2010), y la aprobación por el Senado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, para frenar el proceso independentista de Catalunya (27 de octubre del 2017).
En todos los casos, el Estado se vio sacudido por fuerzas que pretendían violentar la legalidad. Y reaccionó con desabrimiento, con objeto de garantizar la democracia. En línea con la idea que defendía el general De Gaulle: “El Estado fuerte es el único que puede garantizar la democracia”.
La percepción extendida es que, en España, el Estado ha visto reducido su margen de maniobra, por abajo, desde las comunidades autónomas (educación, sanidad…), y por arriba, desde la Unión Europea (política monetaria, energética, agrícola…), al verse desprovisto, progresivamente, de un elemento fundamental de toda organización política: el poder.
El Estado de las autonomías ha remedado el empuje hidrostático de Arquímedes: “Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de la masa del volumen del fluido que desaloja”. De esta manera, el Estado se resiente de su propia ausencia. Y como la naturaleza tiene horror al vacío, este lo ocupan con codicia los usufructuarios nacionalistas, que, no contentos con la posesión que les reserva la Constitución, exigen la nuda propiedad, que no es otra cosa que la independencia.
Y esto ha ido convirtiendo al Estado en un concepto sin dueño, sin propietario que lo cuide y vele por él. El español percibe poco al Estado, porque la presencia en su vida tiene que deducirla de ver al Rey en actos oficiales o el logo de los ministerios cuando financian algo, y luego, casi siempre, con intención electoral. Por no hablar de la ausencia prolongada del Estado en las regiones históricas, fundamentalmente País Vasco y Catalunya, donde ha menguado su presencia, reducida a delegaciones menores de la Administración del Estado, Correos, estancos y administraciones de lotería.
En las grandes cuestiones –el rescate bancario, la realidad catalana–, el administrador del Estado se ha visto inerme. Fundamentalmente, porque las instituciones han sido, en muchos casos, envilecidas o los gobernantes han carecido de los reflejos y resortes que proporciona la pulsión de la supervivencia y no disponen de medios adecuados o los que tienen son arcaicos o indigentes, salvo pocas excepciones (la Agencia Tributaria o el AVE).
Tras la pretensión de declarar la república catalana y desgajar a esta región del conjunto del Estado, la falta de una activa y categórica defensa por parte del establishment político (los déficits gubernativos) ha dejado en manos del poder judicial la respuesta al desafío más grave que se ha producido en España, en los últimos cuarenta años.
Jueces y magistrados ejercen su función constitucional y moral de defensa de la legalidad. Lo mismo que policías y guardias civiles, el Tribunal Constitucional o la Fiscalía
El modelo autonómico ha ido convirtiendo al Estado en un concepto sin propietario que lo cuide y vele por él
General del Estado, médicos de la Seguridad Social, profesores de instituto o maestros nacionales. Tantos funcionarios anónimos, genuinos servidores públicos que, precisamente desde su anonimato, cumplen cada día con su deber.
Y coincidiendo con la insurrección de las instituciones catalanas, el Estado español ha sido denostado de forma grave, acusado de no ser democrático, no respetar la división de poderes, tener presos políticos, reprimir las libertades, mantener resabios franquistas, contar con instituciones politizadas y, por tanto, no ser un Estado como los de su entorno.
¿Qué le falta al Estado español, que tiene territorio, población y poder, aun con competencias menguadas? El elemento fundamental que acicala la situación es la falta de orgullo de pertenencia, de sensación de primacía por formar parte de algo grande. ¿Por qué yo no tengo derecho a disfrutar de la pertenencia a una nación? Ese orgullo lucha por encontrar acomodo: sin himno que cantar, sin bandera que ondear con libertad, sin paisanos de uno u otro sesgo con los que sentirse identificado. Ese orgullo que busca Estado se encuentra en el espíritu de muchos grandes españoles.
Sólo los libros de historia y algunos deportistas suplen la necesaria e inexistente ejemplaridad pública
En España faltan elementos de unión: no hay un liderazgo que transmita valores de excelencia
y liderazgo emocional que motive a los habitantes de un país a hacerse mejores.
Más allá del fútbol y de algún que otro éxito deportivo (colectivo o individual) faltan elementos de unión. No hay un liderazgo de ejemplaridad, de ejemplaridad pública, que transmita los valores de la excelencia: mérito, capacidad y satisfacción por el cumplimiento del deber y por las cosas bien hechas. Retribución por la contribución y no por el contactismo. Capitalismo de mérito y no de ventaja. Faltan, en fin, valores sociales y de conducta y personas que los encarnen y que hagan de ejemplo.
Dentro del Estado abunda, en mayor o menor cuantía, en función de cada región, un sentimiento de soledad y tristeza. ¿A quién sirvo? La impotencia del testigo, del testigo inútil que nada puede hacer por evitar que una nación (con Estado, sin dueños y sin líderes) se sumerja en la globalización sin valores que lo gobiernen.
El irreversible proceso de globalización ha puesto más de manifiesto muchas de estas carencias. El cortoplacismo y la mediocridad quedan notoriamente a la vista, ante estándares internacionales mucho más previsibles, organizados y solventes. La inseguridad jurídica, los imprevisibles cambios, la falta, en definitiva, de un sentido de Estado,
Hay que primar mérito, capacidad, transparencia y seguridad jurídica para así generar orgullo de pertenencia
por encima de siglas y de intereses electorales hace que los grandes inversores manifiesten sus miedos. Y lo hacen como ellos saben: encareciendo la financiación y cuestionando la solvencia.
En las distintas regiones, el desapego a la idea de España ha crecido exponencialmente como consecuencia de no haber sido capaces, desde la cabecera del Estado, de plantear proyectos, objetivos, ilusiones, aspiraciones… que movilicen tanta desgana, escepticismo, desistimiento.
La cuestión catalana ha supuesto un cambio de rumbo frente al efecto inercial de la Constitución expandido durante los últimos 40 años. El progresivo desgaste jurídico, competencial y emocional del Estado se ha visto sorprendido, por primera vez, por un enemigo común que ha obligado a unir fuerzas en balcones y en las Cortes.
Queda la corrupción, eso sí. Signo inequívoco de lo latino: recomendación, chalaneo e impunidad popular, ingredientes perfectos para una corrupción patológica. No estamos ante una enfermedad sino ante una epidemia. Y con ella se mata la ejemplaridad pública, el liderazgo, la ilusión y la grandeza.
España como Estado es sobre todo un estado de ánimo. La pasión de sus habitantes, el marcado carácter latino y la constante expresión de los sentimientos caracterizan sin duda a esta parte meridional de Europa. Los negocios, las relaciones personales y las relaciones con la Administración vienen presididos por el juego de las pasiones.
Manifestamos nuestro estado de ánimo en todo lo que hacemos, y las relaciones personales presiden todos los lémures de la vida. Pero esa pasión también es positiva y, bien llevada, constituye un hecho diferencial favorable.
El Estado español debe desarrollarse en el nuevo marco global sobre la base de un estado de ánimo positivo. Tiene que ser reconocible y lo será si se logra que primen mérito y capacidad, transparencia y valores, seguridad jurídica y confianza. Todo ello con el objetivo ineludible de generar orgullo de pertenencia. Los dueños del Estado se lo merecen.