Esperanza joven
MARCHA por nuestras vidas”: este es el lema de la manifestación nacional convocada en Estados Unidos para el próximo sábado, día 24. Su propósito es presionar para que se modifiquen en alguna medida las leyes que permiten a los estadounidenses poseer y llevar armas de fuego y, de este modo, tratar de poner coto a la plaga de tiroteos en escuelas y universidades. En su organización participan, entre otros, adolescentes que sobrevivieron a la última de estas matanzas, la perpetrada el pasado día 14 en un instituto de secundaria de Florida, con un balance de 17 muertos y 15 heridos.
En los últimos cinco años se han contabilizado en Estados Unidos 291 tiroteos en centros educativos; es decir, un promedio de uno a la semana. Las dimensiones de este fenómeno norteamericano no tienen parangón en otros países del mundo avanzado. Se inscriben, más allá del ámbito escolar, en un marco general todavía más preocupante: cada año se cuentan en EE.UU. unos 13.000 muertos por arma de fuego. El fenómeno está fuera de control. Y no halla en la administración pública una reforma legal que lo atenúe. Acaso, entre otros motivos, porque durante la campaña electoral la candidatura de Donald Trump recibió donaciones millonarias de la Asociación Nacional del Rifle, el lobby que protege el derecho de los norteamericanos a poseer armas y, por consiguiente, los intereses de la industria armamentista.
Es cierto que Trump declaró, pronto hará un año, que nunca suprimiría el derecho de sus conciudadanos a tener y portar armas, recogido en la Segunda Enmienda de la Constitución. También lo es que hasta la fecha los intentos de restringir los supuestos legales relativos a posesión de armas han tenido poco éxito. Pero no lo es menos que, entre tanto, van reproduciéndose los ataques a escuelas, va aumentando el número de muertos y es ya inexcusable contener la hemorragia. De ahí que las víctimas exijan que la lucha contra los ataques a las escuelas sea ya una prioridad política.
A esa realidad apela, precisamente, el lema de la manifestación. Los convocantes no defienden una opción política o social más. Se manifiestan, sencillamente, en defensa de sus vidas, para asegurarse de que su futuro no se verá truncado por un demente que opera al albur de unas leyes laxas. También para reprochar a los políticos su pasividad ante estos ataques. La historia nos dice, como apuntábamos, que intentos similares fracasaron en el pasado. Pero el sentido común nos indica que hay que seguir luchando. Y que la fuerza joven tras esta iniciativa aporta un renovado factor de esperanza.