Análisis demoscópico
El sistema catalán beneficia al nacionalismo mientras que el modelo español favorece sobre todo al centroderecha
El sistema electoral catalán beneficia al nacionalismo, mientras que el modelo español favorece sobre todo a los partidos de centroderecha.
En medio del debate sobre la proporcionalidad del sistema electoral español, el resultado del 21-D genera una pregunta inevitable: ¿por qué el bloque soberanista, con el 47,5% de los votos, obtuvo casi el 52% de los escaños, y el resto de las formaciones, pese a reunir casi el 51% de los sufragios, sólo consiguió poco más del 48% de los diputados? Esta pregunta también se le podría formular al sistema electoral español (en el que se inspiró el procedimiento catalán en 1979 para regular provisionalmente los comicios al Parlament). De hecho, el modelo que regula las elecciones legislativas en el conjunto de España viene generando distorsiones desde 1977 que han llegado a suponer una sobrerrepresentación de hasta 13 puntos en el caso de las formaciones de centroderecha (logrando el 48% de los escaños con sólo el 35% de los votos) y de diez puntos en el caso del PSOE.
Naturalmente, esas distorsiones afectan a la alternancia, ya que favorecen a unas formaciones en detrimento de otras a la hora de sumar mayorías en las cámaras. Son los paradigmáticos cuatro escaños de ventaja de CiU sobre el PSC en 1999 y el 2003, pese a que los socialistas habían obtenido hasta siete mil votos más. La diferencia entre España y Catalunya es que en el primer caso las distorsiones influyen en la al- ternancia ideológica (derecha frente a izquierda) mientras que en el escenario catalán cierran el paso a la alternancia identitaria (nacionalistas frente a no nacionalistas).
Este fenómeno ya se producía con Pujol (más del 53% de los escaños con menos del 47% de los votos) o con Artur Mas en el 2010 (casi el 46% de los escaños con poco más del 38% de los votos; ambos obtuvieron entre 6 y 8 puntos de sobre- rrepresentación). Sin embargo, ese problema no tenía entonces una dimensión existencial. Las distorsiones electorales sólo han adquirido una importancia determinante desde el momento en que se ha roto el consenso autonomista y Catalunya se ha dividido en dos mitades que defienden horizontes antagónicos.
Además, la sobrerrepresentación nacionalista no afecta sólo a los herederos de CiU (PDECat o JxCat), sino a cualquier formación de ese signo que supere el umbral del 10% del voto, como ha sido el caso de ERC. De ahí, por ejemplo, que en el 2012 –y pese a sumar menos votos– Oriol Junqueras ya obtuviera más escaños que el socialista Pere Navarro. Esa misma dinámica propició que en unas “plebiscitarias” como las del 2015, la coalición JxSí lograse casi el 46% de los escaños con el 39,6% de los votos, y el conjunto del soberanismo reuniera el 53,3% de los diputados del Parlament con menos del 48% de los sufragios.
Los comicios del 21-D volvieron a reproducir el fenómeno. El independentismo disfrutó de una sobrerrepresentación de más de cuatro puntos y cosechó una mayoría absoluta en diputados que no había obtenido en votos. La formación más beneficiada fue la lista de Puigdemont (más de tres puntos), seguida de ERC (2,3). Entre los contrarios a la secesión, el partido más beneficiado fue Cs, en tanto que fuerza más votada (1,3 puntos). La izquierda, en cambio, sufrió una infrarrepresentación de casi tres puntos (1,5, CatComú y 1,3, el PSC).
Se ha señalado repetidamente a la ley d’Hondt como principal culpable de estas decisivas distorsiones. Sin embargo, la aplicación de otro sistema más proporcional, como el Sainte-Laguë –que propone Podemos para el conjunto de España–, no habría evitado la mayoría soberanista el 21-D. En cambio, la sustitución de los distritos electorales actuales por una única circunscripción catalana (ver gráfico) ya atenuaría las desviaciones y, por ejemplo, brindaría a los soberanistas algo menos del 49% de los escaños. Y lo mismo ocurriría si el número de diputados que se atribuyen a cada provincia se adecuara al peso de su respectiva población.
La clave de las distorsiones electorales reside en el distinto valor que tiene cada voto según el territorio de Catalunya (o de España) donde se emita. Y ello se explica porque la provincia de Barcelona elige muchos menos escaños de los que le corresponderían, y Tarragona, Girona y, sobre todo, Lleida, bastantes más. De ese modo, las siglas que suman más votos en esas tres provincias (JxCat y ERC) rentabilizan los sufragios mejor que las que los concentran en Barcelona (como PSC o CatComú, que cosechan casi el 85% de sus papeletas en esa circunscripción). La paradoja es que en el resto de España ocurre algo similar, pero a los independentistas no les perturba esa analogía y a los otros sí, aunque no pueden o no quieren evitarla.
El independentismo no tendría mayoría absoluta si los escaños se atribuyeran en función de la población