El Supremo permitiría que Turull sea investido pero bajo advertencia

El Tribunal Supremo (TS) no pondrá obstáculos insalvables a la eventual candidatura del exconseller de Presidència Jordi Turull, si finalmente esta opción toma cuerpo, tras la renuncia no definitiva del expresident Puigdemont. El expresidente de la ANC Jordi Sànchez sí tendría que hacer frente, en cambio, a dificultades insuperables, porque al igual que Carles Puigdemont –aunque por razones distintas– no podría acudir al Parlament. Turull, en cambio, sí podría hacerlo, porque a diferencia de los anteriores no está ni fuera de España ni en situación de prisión incondicional.

El exconseller, por tanto, podría ir al Parlament para defender personalmente su candidatura, aunque se ha especulado mucho con la posibilidad de que se le aplicara el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Este precepto supone que los “individuos terroristas o rebeldes” que sean procesados y estuvieran ejerciendo un cargo público quedarán suspendidos automáticamente “en el ejercicio del mismo” si contra ellos se hubiera dictado también auto de prisión provisional. Es dudoso que el concepto “rebeldes” se refiera a los acusados del delito de rebelión. Pero en el caso de Turull lo más relevante es que, a diferencia de Jordi Sànchez, está en libertad, tras haber pagado una fianza de 100.000 euros. Y no es previsible que el juez encargado del caso, Pablo Llarena, que fue quien le impuso dicha caución, revise su decisión.

Desde el punto de vista legal, por tanto, Turull está en condiciones de someterse a un debate de investidura. La Fiscalía no va a tratar de impedirlo, y el Supremo tampoco. Ahora bien, pesa sobre el citado exconseller una clara advertencia del juez Llarena, quien, al dejar en libertad con fianza a la mayor parte de los exmiembros del Govern, les avisó de que modificaría su situación –es decir, que les enviaría a prisión– en caso de que incurrieran en reiteración delictiva. Esta advertencia figurará con más o menos intensidad en el auto de procesamiento que se va a dictar contra los investigados dentro de pocas semanas.

Por tanto, si Turull llegara a someterse al debate de investidura lo haría bajo aviso de los límites infranqueables que ya le impuso el Supremo. De este modo, el riesgo cierto que correría el exconseller, en el caso de reeditar los proyectos independentistas de la pasada legislatura, sería el de que magistrado cambiara su situación de libertad con fianza por la de prisión incondicional. Y el Supremo podría hacerlo, por muy presidente electo de la Generalitat que Turull hubiera llegado a ser.

Otro problema derivado de la hipotética investidura de alguno de los investigados por los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación es que dentro de unos meses, posiblemente a la vuelta del verano, tendrá lugar el correspondiente juicio oral. Y hay muy pocas dudas, por no decir ninguna, de que los exconsellers tendrán que sentarse en el banquillo. De ahí, en parte, la insistencia del Gobierno en que se acuerde la investidura de un dirigente que esté “limpio” de procedimientos judiciales.

El Tribunal Constitucional (TC) se reunirá a su vez mañana para debatir la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la propuesta de investidura de Puigdemont. Lo previsto era la admisión. Y aunque luego se ha conocido la renuncia del expresident, que no es definitiva, el criterio mayoritario es que no se ha producido una pérdida de objeto de la impugnación. La opinión dominante, por tanto, es que no hay motivo para archivar el recurso, y que debe ser admitido a trámite.

EL CASO PENDIENTE

El TC no va a archivar el recurso contra Puigdemont por su renuncia provisional