Hacienda investiga pagos del Govern a afines al ‘procés’
oeEl Gobierno reclama detalles sobre una larga lista de personas y empresas
oePide a la Generalitat que revise las cuentas desde el 2015
El Ministerio de Hacienda, pese a haber garantizado que tenía la plena seguridad de que no se había destinado ni un euro público a financiar el proceso político catalán, no las tiene todas consigo.
De ahí que el secretario de Estado, José Enrique Fernández de Moya, haya reclamado a la interventora de la Generalitat un minucioso informe en el que se detallen uno por uno los nombres y encargos realizados por el anterior Govern y que están bajo sospecha.
En el centro de la investigación, las múltiples empresas vinculadas a Oriol Soler –editor y uno de los socios fundadores del Ara, del que está desvinculado desde el 2012–, que formaba parte del denominado Estado Mayor que acompañó al president Carles Puigdemont hasta la declaración unilateral de independencia, y de las que ahora Hacienda reclama los datos relativos a “la totalidad de pagos efectuados por cualquier concepto por parte de la Generalitat o de cualquier entidad del sector público autonómico desde el 2015 hasta la actualidad”.
Junto a los datos sobre Soler y sus empresas se requieren también, con las mismas precisiones y urgencia –el informe debe estar encima de la mesa del secretario de Estado a las 10 de la mañana del día 12–, las facturas y trabajos encargados y pagados, entre otras, a empresas del grupo Mediapro, a Agrolimen, a las empresas del grupo editor del diario Ara y, a título personal, a Ferran Rodés, consejero asesor para el desarrollo sostenible de la Generalitat, Antoni Bassas, Toni Soler, Albert Om o Xavier Bosch. También a diversas empresas vinculadas a la Fundació Josep Irla de Esquerra Republicana. Sobre todos ellos, el secretario de Estado reclama una relación detallada de todos los pagos realizados por cualquier departamento del Govern.
Junto a las empresas citadas, el requerimiento de Hacienda señala también una larga lista de artículos y publicaciones así como un programa de becas cuya vía de financiación también está bajo sospecha. Entre ellas figuran artículos de la Revista Catalana de Dret Públic y trabajos realizados por algunos destacados juristas vinculados de un modo u otro al procés como Enoch Albertí, Joan Ridao o Antoni Bayona, estos dos últimos letrados del Parlament.
También señala y pone bajo sospecha cualquier pago realizado por T-Systems, IBM Global y DXC, al tiempo que señala específicamente los pagos realizados por Diplocat a Wim Kok Refund, que supuestamente se habría utilizado para financiar el traslado de los observadores internacionales que visitaron Catalunya el pasado 1 de octubre.
De hecho estos fondos han sido objeto de un requerimiento del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que investiga, en paralelo al Supremo, el 1-O.
Por último, el informe requerido por Hacienda reclama que se detalle cualquier pago realizado a dieciséis organizaciones civiles que apoyan el proceso, desde la ANC, Òmnium y la AMI, hasta Súmate, Reinicia Catalunya o Sobirania i Justícia. La petición también incluye a los responsables de estas entidades. Cualquier pago desde el 2015 hasta la actualidad debe ser informado.
La minuciosidad del requerimiento obligó a la interventora de la Generalitat a adoptar una medida singular: ayer remitió a todos los departamentos, empresas y cualquier centro de los 159 con capacidad de facturar el requerimiento de Hacienda para que cada responsable lo cumplimente.
La carta remitida por Hacienda da a entender que la Administración central ya intentó obtener en otra ocasión estos datos y que la intervención del Govern le respondió que esa era una misión imposible. Ahora, Hacienda le conmina a dar cuenta de todo. De hecho, algunos departamentos llevan días respondiendo a requerimientos relacionados con pagos anteriores al 2015.
La investigación sobre la financiación ha sido uno de los objetivos prioritarios de los tribunales en las causas abiertas contra los promotores del proceso, a quienes se acusa, además de sedición y rebelión, de malversación de fondos públicos.
El ministerio exige revisar las cuentas de los departamentos y las 159 entidades públicas de la Generalitat