De lo local a lo global
La grave situación de la vivienda en Barcelona, que pone de manifiesto el elevado número de desahucios; y la esperanzadora apertura de negociaciones entre las dos Coreas.
LA ejecución de 2.519 desahucios en Barcelona durante el año pasado, ocho de cada diez por impagos de alquiler, ilustra la gravedad del problema de la vivienda en la ciudad del que venimos alertando desde hace tiempo. En el conjunto de Catalunya la cifra se elevó a 13.308 desahucios, lo que la convirtió en la comunidad autónoma con mayor número de ellos, en concreto una quinta parte de todos los registrados en el Estado. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca calificó ayer la situación de emergencia habitacional que, además, amenaza con hacerse crónica.
Reclamamos una vez más una decidida voluntad política para resolver los problemas de la vivienda en Barcelona, en el conjunto del área metropolitana y en toda Catalunya, ya que hay medios y alternativas suficientes para poder afrontarlos con soluciones reales. Los dirigentes políticos de la ciudad deberían gobernar con mayor eficacia y dejar de seguir actuando como si todavía fueran –dicho sea con todos los respetos– militantes de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca. Resulta incomprensible, en este sentido, que la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, en lugar de buscar soluciones para los afectados, convocase en días pasados a los vecinos del barrio para que intentasen detener ellos mismos los desahucios previstos. No es eso lo que se espera de un gobernante.
Tampoco es consuelo que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se limite a quejarse de que son los fondos buitre los que acosan la ciudad y atacan el derecho a la vivienda de los vecinos. Eso es lo fácil. De un gobernante se espera un verdadero liderazgo para afrontar los problemas de fondo de la vivienda, al tiempo que arbitra los medios necesarios para buscar alternativas habitacionales a todos aquellos afectados por desahucios.
Como ha denunciado hace escasos días el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, la situación de las viviendas sociales en Catalunya es un problema vergonzoso, ya que su proporción se encuentra muy por debajo de lo que sería necesario. Solucionar el problema de la vivienda, como hemos dicho en otras ocasiones, no es sencillo ni tampoco es responsabilidad única del Consistorio barcelonés. Implica también a la Generalitat, al Gobierno y al conjunto del área metropolitana. Se hace necesaria una actuación global. Ello exigiría, asimismo, la mejora consiguiente de los transportes públicos –redes ferroviarias de cercanías y líneas de autobuses– para que se conviertan en una verdadera solución de movilidad para poder vivir en toda el área metropolitana como en una única ciudad.
El objetivo, en suma, debería consistir en establecer un plan de choque, en colaboración con el sector privado, para fomentar con la máxima rapidez la oferta y la construcción de pisos de alquiler, fundamentalmente de alquiler social. A corto plazo, además, como propone el Síndic de Greuges, habría que negociar con la Sareb –conocido como banco malo– que ceda un mayor porcentaje de sus viviendas a los municipios para uso social, ya que actualmente sólo destina un 2%. Con todo ello se podría lograr que los precios se estabilizasen y garantizar, asimismo, un hogar a las familias con rentas más bajas.
Ese conjunto de medidas, por encima de todo, exige un liderazgo político que, por el momento, no existe. Es una lástima, en este sentido, que el llamamiento que hizo a principios de febrero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, para establecer un pacto de ciudad por la vivienda, no haya tenido ningún eco. Es hora de reclamarlo de nuevo.