Balance del 155: ni dinero ni estructuras para el ‘procés’
La Moncloa hace un informe halagüeño de su intervención
Cuatro meses después de intervención de la Generalitat –vigente desde que el 27 de octubre el Senado autorizó al Gobierno a aplicar por primera vez el artículo 155 de la Constitución– y de la destitución de todo el Govern, en la Moncloa creen que han quedado desmanteladas todas las estructuras creadas por los independentistas desde el inicio del procés y, lo que el Ejecutivo considera más importante, se ha “detenido el desvío de dinero público hacia la causa de la independencia”.
Si un nuevo Govern pretendiera seguir adelante con el desafío, tendría que partir de cero, aseguran en el balance que el Gobierno sobre la intervención. Según el documento al que ha tenido acceso La Vanguardia , y en el que se basará la próxima comparecencia del Ejecutivo en el Senado, el 155 es positivo porque entiende que se ha “normalizado” la vida de las instituciones públicas catalanas: “Se ha recuperado la neutralidad institucional y se ha puesto la Generalitat al servicio de todos los catalanes”, subraya este balance.
Este informe señala entre otras medidas, la disolución de “los entes, consejos y organismos que formaban el entramado” del procés. El Ejecutivo hace especial hincapié en la disolución de las delegaciones de la Generalitat en el exterior -excepto la de Bruselas- “que suponían un gasto anual en torno a los 10 millones de euros”. El informe indica que en estos momentos, “las 14 delegaciones de la Generalitat están desprovistas de actividad, sin símbolos -ni banderas ni rótulos- que puedan identificarlas como tales”.
De hecho, todos los trabajadores que no eran funcionarios, están sujetos ahora a un ERE vinculado a la disolución de Diplocat, el consejo de acción exterior del Govern. Esta drástica medida fue avalada por el Tribunal Supremo que rechazó la petición de la Asociación Catalana de Municipis y Comarcas (ACM) para que se paralizara cautelarmente la supresión.
A vueltas con el dinero destinado al procés, según este informe, “se ha impedido el pago indebido por parte de las entidades del sector público catalán a la Agencia Tributaria de Catalunya”, al dejar sin efectos los acuerdos de la Generalitat de abril y julio del 2017 por los cuales se “preveía centralizar en la Agencia Tributaria de Catalunya y en la dirección general de Protección Social de la Generalitat, respectivamente, el pago de tributos de titularidad estatal y de cotizaciones sociales, en ambos casos correspondientes a entes del sector público catalán”.
El Gobierno destaca también que las medidas emprendidas han permitido “restablecer el orden constitucional y estatutario vulnerado”, “reforzar la fortaleza de nuestro estado de Derecho y la plena de diciembre en paz, con libertad y con todas las garantías”.
El informe hace hincapié en la recuperación de la “neutralidad institucional”, un objetivo que considera alcanzado tras el cese del president y su Govern; de los delegados territoriales de la Generalitat en Catalunya y del delegado del Govern en Madrid, y el cese del secretario general de Interior, del director de la. policía autonómica y del mayor de los Mossos d’Esquadra.
El balance dedica una parte a explicar la gestión del Gobierno en Catalunya, que el Ejecutivo de Rajoy pone como ejemplo de eficacia en contra de las críticas independentistas. En veinte Consejos de Ministros, desde que se intervinieron las competencias del Govern, se han gestionado unos 1.500 millones de euros para el funcionamiento de servicios, en especial sanidad, educación y servicios sociales, así como en atender a las necesidades de ayuntamientos que siempre han tenido la impresión de ser el hermano desheredado del Govern.
Entre las medidas adoptadas como consecuencia de la intervención destaca la convocatoria de 2.00 plazas para maestros y profesores, tras siete años sin ninguna convocatoria de acceso a la función pública docente en Catalunya; la renovación de los conciertos educativos de infantil y secundaria –no sin polémica al incluir escuelas que segregan por sexos–.
También se ha modificado la oferta parcial de empleo público del cuerpo de Mossos d’Esquadra para el 2017 con la finalidad de incluir 455 plazas. Asimismo se han destinado 18 millones de euros para infraestructuras deportivas destinadas a los Juegos del Mediterráneo de Tarragona; se han destinado 18 millones al Instituto Catalán de la Salud para el incremento del 1% de las retribuciones correspondientes al 2017. En el último Consejo se acordó abonar el 20% de devolución de la paga extra suprimida en el 2012.
El Ejecutivo central sostiene que además se ha logrado revertir uno de los mayores problemas del Govern: la quiebra de las finanzas públicas catalanas cuyo principal acreedor es el propio Estado.