Todos los días es 8 de Marzo
El año 2018 se ha denominado el año de las mujeres. Las marchas feministas en Estados Unidos contra las actitudes machistas, el movimiento #MeToo contra el acoso sexual, las masivas manifestaciones, el gran seguimiento de la huelga del 8 de Marzo, artículos impregnan los diarios y las redes con una imparable reivindicación: la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres en el ámbito público y en el privado.
La proclamación constitucional del derecho a la igualdad de todos los ciudadanos no supuso sólo una mera declaración, pues la propia Constitución impuso a los poderes públicos promover las condiciones para su realidad, ordenando remover los obstáculos que pudieran impedir o dificultar su plenitud. Tuvimos que esperar hasta el 2007 para la aprobación de la ley orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que ofreció indicaciones a los poderes públicos de adoptar medidas con el fin de conseguir la efectividad del derecho a la igualdad en diferentes ámbitos, previendo un título específico para el derecho al trabajo con igualdad de oportunidades. A pesar de las buenas intenciones, ha resultado acreditado que disponer de un marco regulador no es suficiente. Las leyes, por sí solas, no solucionan los problemas si no existe una voluntad firme de aplicarlas y una dotación presupuestaria.
Uno de los aspectos que nos preocupan profundamente a las mujeres es el llamado techo de cristal, que de una forma sutil dificulta a las mujeres el acceso a puestos de responsabilidad. En los últimos tiempos, se han hecho patentes diferentes propuestas sobre la llamada brecha salarial de género, entre las que se encuentran el establecimiento de sanciones cuando se constaten incumplimientos en la materia. Es innegable la capacidad del derecho sancionador para hacer cambiar hábitos de desigualdad a la sociedad, nadie duda hoy en día de la necesidad del estricto cumplimiento de las medidas de seguridad en el ámbito laboral, hasta hace poco impensable. Sería, por lo tanto, una de las fórmulas que se podrían utilizar.
Con un nuevo enfoque transformador de la sociedad y el incremento de influencia de las mujeres en los poderes públicos, se podrá ejercer un ordenamiento jurídico compensado y equilibrado, así como unas políticas públicas e internas en las empresas que sean igualitarias, paritarias, conciliadoras y, en definitiva, democráticas y justas.