La oposición agita las pensiones para presionar a Rajoy
Todos los partidos salvo el PP piden que actualice las pagas de jubilación según el IPC
La oposición prepara la artillería contra Mariano Rajoy, que mañana comparece en el Congreso para abordar las reclamaciones de los pensionistas. Todos le piden que suba las pagas de jubilación en función del IPC antes de la manifestación de los pensionistas, el fin de semana.
Mientras de nuevo resuenan atronadores los tambores de guerra de los pensionistas, que este sábado volverán a hacer oír sus protestas en toda España, Mariano Rajoy comparece mañana en el pleno del Congreso para intentar apagar un incendio que se le ha descontrolado al Gobierno. El PP intenta neutralizar la ola de indignación a la que se han subido tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias.
El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, clamó ayer desde Génova contra “la hipocresía y la demagogia”. “Los que calientan la calle son los que congelaron las pensiones y los que piden su revalorización son los que quebraron el sistema”, denunció, tras asegurar que el PSOE dejó quebrado el sistema público de pensiones hasta en dos ocasiones –con González en 1996 y con Zapatero en el 2011, cuando criticó que quedaron congeladas–, mientras Podemos apoyó al primer ministro griego, Alexis Tsipras, cuando recortó las pensiones en su país en más de un 40%.
Pero hoy mismo Pedro Sánchez protagonizará la reunión del grupo socialista en el Congreso para intentar que nadie le arrebate lo que el PSOE considera que es una bandera propia. Y mañana será la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, la que pretende plantar cara ante un Rajoy que, según reiteró ayer Adriana Lastra, comparece en el Congreso “arrastrando los pies”. La vicesecretaria general del PSOE hizo responsable al PP de las protestas de los pensionistas, por la reforma “unilateral” que acometió en el 2013, “de espaldas al pacto de Toledo”, y por la reforma laboral que también impuso en el 2012, durante su etapa de mayoría absoluta.
El líder del PSOE lleva a gala haber impuesto este debate en la agenda política con la ofensiva que desplegó desde el pasado mes de enero, al demandar entre otras medidas dos impuestos especiales a la banca y a las transferencias financieras para garantizar el sistema público de pensiones. Y ahora le exige a Rajoy que, para empezar, incremente las pensiones un 1,6%, en función del IPC, frente al 0,25% que aprobó el Gobierno y que llevó a los pensionistas a protestar en las calles de España. El PSOE, insistió ayer Lastra, también se sumará a las manifestaciones del próximo sábado. “¡Allí estará todo el PSOE!”, prometió.
Los de Pablo Iglesias, por su parte, han pintado su diana sobre las dos reformas del sistema de pensiones, la del PP del 2013 y la del PSOE del 2011, y reivindican la indexación al IPC y la supresión del llamado factor de sostenibilidad. Apelan al cumplimiento de la Constitución, que impone que el Estado tiene el
Todos los grupos salvo el popular reclaman la aplicación del IPC a las prestaciones
PSOE y Podemos creen que las pensiones se deben asegurar a cargo de los presupuestos
deber de actualizar las pensiones y garantizar su “suficiencia”. Ayer las diputadas Yolanda Díaz y Meri Pita denunciaron el veto del Gobierno a la proposición de ley impulsada por el grupo confederal y anunciaron su apoyo a la movilización del sábado de los pensionistas, a la que llamaron a sumarse a todos los actores sociales. Díaz califica de “fraudulento e ilegítimo” el veto del Gobierno y pide a Ciudadanos que contribuya a revocarlo hoy en la Mesa del Congreso. La diputada gallega estima que la aplicación del factor de sostenibilidad, que arranca en enero, supone “el asalto definitivo al sistema público de pensiones” y, a medio plazo, un recorte de estas de entre el 7% y el 12%, según proyecciones del Banco de España para el 2030 y 2040, respectivamente. Podemos cree que no hay un problema de gasto sino de ingresos, aboga por acompasar la presión fiscal española a la media de la UE y eliminar desgravaciones a los planes de pensiones privados, cuya merma de ingresos a las arcas públicas equivale a lo necesario para aplicar una subida de pensiones pareja al IPC.
Ciudadanos tampoco es ajeno a la reclamación de un aumento de las pensiones públicas y, tras las últimas y multitudinarias manifestaciones, ha defendido recuperar –vía IPC– el poder adquisitivo de los pensionistas, dejando de esta forma solo al Gobierno. Pero tampoco se alinea con PSOE y Podemos. Los liberales piden “no resignarse” a hacer parches al actual modelo y, para ello, consideran necesario analizar de dónde se saca ese dinero y “cómo se hace sostenible el sistema a medio y largo plazo”. En este sentido, Cs considera que el principal enemigo de las pensiones son los bajos salarios y la baja natalidad.
ERC, en sentido contrario al grupo de Cs, responsabiliza precisamente a las políticas neoliberales de la quiebra de la caja de las pensiones. Los republicanos, cuyo diputado Jordi Salvador será el encargado de fijar mañana la posición del grupo en el pleno monográfico, aseguran que esta no es una crisis del sistema de pensiones en sí mismo, sino la expresión de una crisis financiera del Estado “a la que nos han conducido las políticas neoliberales del PP y antes del PSOE, que han comportado menos ocupación y más precariedad laboral”, es decir, una merma de ingresos del Estado.
El PDECat, por su parte, lleva semanas insistiendo en que el pacto de Toledo no se rompe ahora, con la posición de los grupos ante la ola de indignación de los jubilados, sino que fue violentado en el 2013 por el Gobierno de Rajoy, aprobando una reforma sin contar con los agentes sociales ni con los grupos políticos del Congreso de los Diputados, algo que no había ocurrido desde 1995.
Carles Campuzano, portavoz del PDEcat en el Congreso, subraya que esta reforma fue esencialmente “injusta” porque modificó la indexación de las pensiones al IPC y, por tanto, acabó con la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Esta decisión ya repercutió en mermas en los jubilados catalanes desde el 2016, un empobrecimiento que en el 2018 ya afecta a la totalidad de los jubilados españoles. Campuzano coincide en la necesidad de “introducir reformas que garanticen el futuro del sistema público de pensiones”, pero recuerda que para que esas reformas sean viables a largo plazo, deben afrontarse desde posiciones de consenso.