El último recurso
La defensa de Sànchez aplaza decidir si recurre al TEDH, que sólo excepcionalmente acuerda cautelares
La defensa de Jordi Sànchez aplaza la decisión de apelar al Tribunal de Estrasburgo, que sólo excepcionalmente acuerda medidas cautelares.
En sus casi sesenta años de existencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sido siempre muy restrictivo en materia de medidas cautelares. Los juristas que más han seguido la evolución de esta institución no recuerdan, por ejemplo, que haya suspendido alguna vez una medida de prisión provisional. Seguramente puede encontrarse ahí una buena razón para que Jordi Sànchez no haya acudido a esta instancia con el fin de plantear ahora su caso, en pleno proceso penal ante el Tribunal Supremo (TS).
El Estado español ha sido corregido en numerosas ocasiones por el TEDH, pero casi siempre una vez concluidos los procedimientos internos. Así sucedió en el caso Atutxa, más tarde con la doctrina Parot –que prolongaba las condenas a los etarras–, o más recientemente por la expulsión en Melilla de inmigrantes “en caliente”.
El Tribunal de Estrasburgo, en suma, es obviamente muy sensible en cuanto a la protección y garantía de los derechos fundamentales, pero interviniendo de forma habitual como última instancia. Fuentes del propio TEDH indican que las cautelares se reservan para los casos en que está en peligro la vida o la integridad física. Así lo subrayan, por ejemplo, Javier Borrego, que fue juez del Tribunal de Estrasburgo entre el 2003 y el 2008, o la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Adela Asúa.
Ambos mencionan la inexistencia de jurisprudencia del TEDH sobre paralización de una medida cautelar de prisión, aunque sí hay precedentes de indemnizaciones cuando la permanencia preventiva en la cárcel ha sido injustificadamente larga. En definitiva, el caso 1-O llegará con toda probabilidad al Tribunal de Estrasburgo, pero cuando se haya dictado sentencia en España. Ahora ese momento sigue estando lejos.
Lo que ha hecho la defensa de Sànchez es recurrir la decisión de mantenerle en prisión ante la Sala de Apelaciones del Supremo. Agotar la vía interna es fundamental para poder acudir luego a Estrasburgo con mayores posibilidades de admisión de la iniciativa. De otro modo, lo más probable, de lo que se está más cerca, es de que el TEDH declare la cuestión “out of scope”, es decir, “fuera del ámbito” previsto.
En su recurso al Supremo, la defensa de Sànchez –a cargo del letrado Jordi Pina– argumenta que en el caso de no poder acudir al Parlament para su investidura, dicho Alto Tribunal estará vulnerando “gravemente” la democracia y el autogobierno de Catalunya. El escrito plantea que se responda a la petición “con la mayor celeridad posible”, teniendo en cuenta que el presidente del Parlament “no puede esperar indefinidamente a saber” si Sànchez podrá acudir al pleno. En especial, después de que el Tribunal Constitucional (TC) interpretara “de manera discutible” que la investidura debe ser presencial.
La alusión al presidente del Parlament no es baladí, ya que Roger Torrent ya habló también de acudir a Estrasburgo en defensa de la candidatura del expresident Carles Puigdemont. Pero no lo hizo, probablemente porque la propia defensa del expresident así lo aconsejó. Junts per Catalunya reclamó que la estrategia de defensa debía ser concertada. Luego el propio candidato dio un paso atrás y dejó de optar a la investidura de forma no definitiva, con lo que ya no tuvo sentido continuar por la senda de Estrasburgo, adonde seguro que llegará el caso Puigdemont, pero no ahora.
En paralelo, el proceso judicial va a sufrir una importante aceleración en el Supremo. Dentro de pocas semanas, a lo sumo un mes, se dictará auto de procesamiento. En esa resolución se describirán con detalle supuestos hechos y presuntas responsabilidades. La Fiscalía, que lo sabe, hizo público ayer un comunicado en el que da cuenta de que pedirá que se reactive la euroorden contra Puigdemont y los exconsellers que marcharon con el expresident a Bélgica “una vez se haya dictado auto de procesamiento” contra ellos. Y también solicitará una orden internacional de detención contra la dirigente de la CUP Anna Gabriel.
En el mismo comunicado, la Fiscalía explica que ha pedido que se rechacen los recursos de Joaquim Forn y Jordi Cuixart contra su situación de prisión incondicional. La acción popular, ejercida por Vox, presentó un escrito en el mismo sentido. Respecto a Sànchez, no se pronuncia, porque el juez Llarena ya rechazó su excarcelación el pasado viernes.
Lo más probable es que una cautelar para Sànchez se declarara “out of scope”, fuera del ámbito del tribunal
El expresidente de la ANC alega que no se puede esperar de forma indefinida a saber si puede ser candidato