Debate en un momento candente

El debate en el Congreso sobre la prisión permanente revisable –introducida en el Código Penal con los votos de la mayoría absoluta del PP y que se encuentra recurrida ante el TC– llega justo en un momento especialmente sensible, tras la detención del asesino de Diana Quer, de la joven pareja de Susqueda o el todavía candente caso de Gabriel Cruz. Estos acontecimientos han provocado una gran conmoción social. La prisión permanente revisable –las revisiones a partir de los 25 años y 35 años debe realizarlas de oficio el tribunal– es la máxima pena que se contempla en estos momentos en el Código Penal y para sus detractores es un modo de cadena perpetua que, consideran, no permite la Constitución. Es una pena excepcional para delitos de extrema gravedad, desde el asesinato del Rey hasta el secuestro. Antes del 2015, el tiempo máximo que un condenado podía estar en la cárcel era de 40 años, pero raramente se cumplían. Para impedir que se derogue la prisión revisable, como solicitan el PNV y los grupos de la oposición, los familiares de Diana Quer, Marta del Castillo o Mariluz Cortés lanzaron hace unos meses una iniciativa en la plataforma Change.org. Hasta la fecha ya han conseguido más de 2,5 millones de firmas. El texto de la petición de los familiares de víctimas se titula “Tu protección es nuestra lucha” y llama a evitar que “se vulneren los derechos más elementales del ser humano y que otras familias tengan que vivir nuestro calvario”. Quienes defienden el fin de la prisión revisable advierten que esta pena, vigente desde el 2015, desgraciadamente no evitó estos asesinatos.