Pagar las pensiones
Por quinto año consecutivo, los pensionistas se han encontrado con un aumento ridículo de la pensión. Aunque el conjunto de la inflación se mantiene moderada, algunos servicios básicos, como la luz, el gas y el agua se han disparado durante los últimos años y la pérdida real de poder adquisitivo es cada vez más grave. El Gobierno español se ha limitado a vaciar la hucha de las pensiones y a empezar a pagar las pagas extras a base de endeudar a la Seguridad Social.
La única solución estructural a la crisis del modelo de reparto de las pensiones es la generación de más empleo, con más valor añadido y mejor pagado, que permita aportar cotizaciones más elevadas al sistema. Desde Madrid tampoco hacen casi nada en este sentido, pero ya sabemos que esta sólo es una solución a largo plazo. En medio, tenemos que modificar un apriorismo insostenible, aquel que establece que las cuentas de las pensiones son un mundo aparte, desvinculado del resto del Estado de bienestar y del sistema fiscal. Veamos en este sentido tres propuestas inmediatas y otra con efectos a medio plazo, pero igualmente urgente.
Primera, la recaudación de la Seguridad Social no tiene por qué actuar como instrumento de política económica. Si se quiere incentivar la creación de empleo, asalariado o autónomo, lo dejamos de hacer vía bonificaciones de las cuotas sociales y utilizamos otros mecanismos fiscales que no vayan en detrimento de la recaudación.
Segunda, si hace unos años las prestaciones no contributivas se dejaron de financiar vía Seguridad Social y fueron a cargo de los presupuestos, quizás deberíamos incluir en este concepto las pensiones de viudedad, que en sentido estricto tampoco derivan de la contribución directa del beneficiario.
Tercera, no parece muy lógico que una
Tres propuestas inmediatas y una a medio plazo para mejorar el pago del sistema de pensiones
prestación social del Estado como la pensión tenga que soportar una fiscalidad equivalente a la de los ingresos del trabajo. Antes no era así y tenemos que nos plantearnos ir rebajando el IRPF progresivamente en las pensiones más elevadas. Eso permitiría congelarlas nominalmente unos años, de modo que no perdieran poder adquisitivo y no incrementaran el gasto global en pensiones. Evidentemente, eso sólo beneficiaría las pensiones más elevadas. En las más bajas sí habría que aumentar el importe nominal –quizás a partir de un índice de precios específico, que tomara en cuenta la especificidad de su cesta de la compra– para que no siguieran perdiendo poder adquisitivo.
Para financiar todo eso, antes que aumentar el IVA, la vía más evidente es la disminución del fraude y de la elisión fiscal. Con más de 75.000 millones de euros de fraude estimado por Gestha y unos tipos efectivos de sociedades que, pese a la recuperación, en el 2017 sólo generaron 25.000 millones de euros por un sistema de exenciones que beneficia básicamente a las grandes empresas, no tendría que ser difícil encontrar los 19.000 millones de euros que el año pasado nos faltaron.