Madrid desoye las críticas y vuelve a bajar impuestos
La comunidad tendrá los tipos mínimo y máximo de IRPF más bajos del sistema Cifuentes también reduce sucesiones entre hermanos y tíos y sobrinos
Mientras el Gobierno central lucha por encauzar la compleja negociación sobre la reforma de la financiación autonómica, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes volvió ayer sacar pecho en la defensa a ultranza de una fiscalidad reducida. La presidenta popular de la Comunidad de Madrid –investida gracias al apoyo de Ciudadanos– anunció que rebajará en medio punto el tipo mínimo de la parte autonómica del IRPF. Además tienen previsto incluir en el anteproyecto de medidas fiscales otras rebajas, como una nueva bonificación en los impuestos de sucesiones y donaciones para las realizadas entre hermanos (15%) y entre tíos y sobrinos (10%).
Con la rebaja del impuesto de la renta, Madrid se convierte en la comunidad del régimen común con el tipo mínimo agregado más bajo –el que aplican a los primeros 12.450 euros de base liquidable–, al dejarlo en 18,5%. Abandona así el grupo de autonomías que lo tienen en el 19% (Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Canarias, Baleares y Extremadura), al tiempo que gana distancia también de las que lo mantienen en el 19,5% (Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia y Comunidad Valenciana). Y, por supuesto, de Catalunya, que destaca con un 21,5%.
Esta rebaja en el tramo autonómico del IRPF, defendieron, “beneficiará a todos los contribuyentes madrileños, pero especialmente a las rentas más bajas, gracias a una rebaja del 5,3% en el primer tramo” del impuesto de la renta. También mejoran otras deducciones, como la del alquiler para jóvenes y adultos de hasta 40 años en desempleo. Según estimaciones de la Comunidad de Madrid, el nuevo paquete de medidas supone que las arcas públicas dejarán de ingresar un total 125 millones de euros al año, de los que 56,25 millones corresponde al tipo mínimo del IRPF.
La mejora para los familiares de segundo y tercer grado que tributen por sucesiones y donaciones se produce justo en un momento en que una parte significativa de las autonomías han entrado a competir con Madrid en cuanto a la baja presión fiscal sobre este tipo de impuestos sobre transmisiones. Según recoge el reciente informe sobre fiscalidad autonómica del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo de Economistas, los cambios introducidos en el impuesto de sucesiones en el último año han hecho que Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla y León y Asturias se hayan sumado al camino de una presión fiscal “simbólica”, emprendido en su momento primero por Madrid y después por Canarias. Una lucha que ha acabado estabilizando los ingresos por los impuestos de sucesiones y donaciones en torno a los 2.300 millones de euros anuales.
El Ejecutivo madrileño espera sacar adelante esta batería de medidas el próximo otoño, de forma que la rebaja relacionada con el impuesto sobre la renta entre en vigor el próximo 1 de enero del 2019 y el resto de las medidas relacionadas con otros impuestos se aplicarían de forma inmediata.
El movimiento de Cristina Cifuentes acentúa aún más las diferencias entre comunidades y agria el debate sobre cómo gestionar y distribuir los ingresos tributarios. El Gobierno central, con el ministro Cristóbal Montoro al frente, es consciente de que no saldrá adelante una reforma en el sistema de financiación autonómica sin un entendimiento con el PSOE, por lo que lleva tiempo tratando de impulsar el diálogo a través de los barones socialistas. El propio Montoro también ha reconocido que en esta negociación no puede permanecer ausente como
Cifuentes mejora también la tributación de donaciones y sucesiones entre tíos y sobrinos y hermanos
hasta ahora la Generalitat de Catalunya, por lo que sigue condicionada a la formación de un nuevo Govern.
Ante el complicado acuerdo sobre un nuevo sistema de reparto de fondos para las autonomías y las corporaciones locales, el ministro de Hacienda ya ha adelantado su predisposición a simplificar los fondos de financiación autonómica y a convertir en perpetua parte de la deuda que mantienen las autonomías con el Estado. Esta medida, que beneficiaría a comunidades como Catalunya o la Valenciana, genera fuertes reticencias entre gobiernos autonómicos del PP como el de Madrid. Cifuentes insistió ayer en que está “en absoluto desacuerdo” con una “quita” a la deuda de las autonomías, porque supondría “premiar” a aquellas que han incumplido los objetivos de estabilidad fiscal.