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El bloqueo del Parlament a la espera de la elección del nuevo president, y las acusaciones cruzadas entre Londres y Moscú por el envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia.
EL Parlament de Catalunya –definido como “el Parlament de tothom” en su web oficial– está bloqueado, paralizado, inerte. A efectos prácticos, ahora no es de nadie. La Cámara catalana tiene encomendadas muchas tareas, desde las funciones legislativas hasta las electivas, pasando por las presupuestarias o las relativas al control e impulso de la acción política y de gobierno... Pero no está haciendo nada de todo eso. Han pasado casi tres meses –se cumplirán la próxima semana– desde las elecciones del 21-D. Y, sin embargo, el Parlament sigue inactivo, después de dos convocatorias de pleno de investidura y de los correspondientes, y frustrados, intentos de nombrar presidente de la Generalitat. El último, protagonizado por Jordi Sànchez, número dos de JxCat, actualmente en prisión preventiva. Roger Torrent, presidente del Parlament, aplazó esta investidura hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie sobre el derecho de Sànchez a participar en ella, aunque al final no ha habido ni recurso.
El reloj sigue oficialmente parado. Catalunya sigue sin gobierno. El plazo de dos meses que debe transcurrir desde la primera votación de investidura fallida hasta la convocatoria automática de elecciones sigue sin haber iniciado su cuenta atrás. Todas las funciones del Parlament mencionadas más arriba permanecen en suspenso. Como si Catalunya pudiera permitirse vivir sin la Cámara de representación popular. Como si no hubiera asuntos urgentes que resolver. Como si la decisión de JxCat de elegir presidente de la Generalitat entre exiliados, encarcelados o imputados tuviera prioridad sobre la correcta gobernación del país. Como si la brega política justificara la parálisis institucional.
La Mesa del Parlament se reunió ayer tres horas para avanzar hacia el desbloqueo. Pero los resultados del encuentro fueron magros. La mayoría independentista aprovechó para solicitar un informe a los letrados de la Cámara que analice si el Parlament debe querellarse contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, al que acusa de vulnerar sus prerrogativas al no permitir que Sànchez acuda al pleno de investidura. Por lo demás, se solicitó a petición de Ciudadanos otro pleno, este para que Torrent dé explicaciones sobre la situación. La petición fue admitida. Pero Torrent sigue sin activar el reloj de la cuenta atrás.
El bloqueo persiste. Pese a las quejas de Ciudadanos, del PSC –que ayer pidió a Torrent que reconsidere su decisión de aplazar sine die el pleno de investidura– y del PP. Pese a que ERC no deja de instar a JxCat para que proponga a un nuevo candidato a la investidura y, de este modo, desatasque la situación, puesto que a su entender lo prioritario es desactivar el artículo 155 de la Constitución y recuperar el Govern. Y pese a que el PDECat vería también con agrado tal restitución.
Nos sumamos a esas peticiones para avivar la política catalana. Es comprensible que, en aras del forcejeo político, JxCat se recree en la exhibición de su desencuentro con el Estado, y con tal fin apele a instancias europeas en pos de eco para sus reivindicaciones. Ya lo es menos que, por causas varias, ninguno de los agentes que podrían dar pasos para tratar de activar el reloj de los dos meses –desde Ciudadanos, presentando candidatura, hasta el Tribunal Constitucional o el presidente del Parlament– sea capaz de hacerlo, aun a pesar de la necesidad colectiva de avanzar. Y, en suma, es inadmisible que “el Parlament de tothom” siga parado.