Los tiempos muertos
El problema no es que se tarde mucho tiempo en investir a un presidente. Lo que importa es qué hay al final del túnel de las complicadas negociaciones para formar un gobierno. En Gran Bretaña se suele anunciar el nuevo Ejecutivo al día siguiente de las elecciones. Pero en Alemania se ha pactado una coalición entre Angela Merkel y los socialdemócratas seis meses después de las elecciones de septiembre; en Holanda se tardaron siete meses; Mariano Rajoy estuvo diez meses en funciones hasta las elecciones generales de junio del año pasado; en Italia, nadie puede prever cómo y cuándo se podrá formar gobierno tras la fragmentación de votos hacia los extremos el 4 de marzo pasado.
El récord mundial de democracias sin gobierno o con un gobierno en funciones tras unas elecciones lo ostenta Bélgica, que entre el 2010 y el 2011 pasó 541 días sin Ejecutivo. Lo más paradójico del caso es que la inestabilidad no se tradujo en una crisis económica sino que el país creció por encima de la media europea durante ese periodo.
La democracia soporta todas las imperfecciones, la corrupción, los abusos y cualquier otra disfuncionalidad. Las urnas vuelven a poner el contador a cero y se intenta volver a gobernar o se pasa a la oposición, lo que en muchos casos equivale a irse a casa. No se trata sólo de la facultad de elegir gobiernos sino de la necesidad de echarlos cuando no han cumplido sus objetivos o promesas.
La interinidad de las negociaciones interminables no equivale a la negación de una salida a corto, medio o largo plazo. El problema en Catalunya no es que se tarde más o menos en investir a un president sino que el elegido tenga posibilidad de gobernar sin ser inhabilitado por los tribunales.
Son del todo discutibles los argumentos que el juez Pablo Llarena invoca para justificar la prisión preventiva de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Joaquim Forn y
Jordi Cuixart. Los riesgos de fuga son inapreciables y la destrucción de pruebas ya no tiene sentido. Lo que pueda hacer cualquiera de ellos al librarse de la prisión preventiva no deja de ser un juicio de intenciones. Otra cosa sería la sentencia firme, que no se va a dictar hasta dentro de unos meses.
Mientras tanto, hay que investir al president posible entre las filas del independentismo. La dificultad está en que no hay un acuerdo entre los tres partidos que suman 72 escaños. Carles Puigdemont está exhibiendo un concepto patrimonial de la política con fórmulas novedosas que no se han pensado para servir al país desde Bruselas sino para mantener su estatus personal y el de algunos de los diputados electos que le acompañan.
Mientras Puigdemont actúa con toda soltura en los medios desde Bélgica, Oriol Junqueras y sus compañeros de cautiverio son sometidos a la rigidez de los reglamentos penitenciarios. La coherencia de los encarcelados contrasta con la astucia de los fugados, exiliados o como se les quiera llamar, que toman decisiones sin repercusión política desde el cuartel general de Waterloo y que tampoco contribuyen a una internacionalización política del conflicto.
La CUP no se cansa de repetir que no dará apoyo a una investidura en clave autonómica y que sólo ofrecerá sus cuatro votos a quien se comprometa a la causa de la república catalana.
Este es el panorama en el que los personalismos y la ideología pasan por encima de las necesidades de un país que pretende vivir en la normalidad institucional de cualquier democracia.
Mientras tanto, vivimos en tiempo muerto sin que el presidente del Parlament, Roger Torrent, decida poner el reloj en marcha para que, al menos, sepamos el tiempo que nos queda hasta la celebración de unas nuevas elecciones. No es cuestión de tiempo ni de plazos, sino de viabilidad del proyecto y de levantar cuanto antes la aplicación del artículo 155 que mantiene intervenida la Generalitat.
El cansancio, el desinterés y la frustración penetran en muchos ámbitos de la sociedad catalana. También en el campo independentista. El sentido común indicaría encontrar un candidato en las filas independentistas y activar cuanto antes los mecanismos de la investidura. El problema no está en la oposición, que no tiene mayoría, sino en encontrar un pacto posible entre los independentistas para que gobiernen en los próximos cuatro años .
La advertencia de Tucídides en su guerra del Peloponeso puede ser oportuna. La creencia en la inevitabilidad del conflicto puede convertirse en una de sus principales causas. Hay un sector del independentismo que cree que la única salida es la confrontación con el Estado, pensando que así la causa adquirirá una notoriedad internacional que el Gobierno Rajoy no podrá contrarrestar. Hasta ahora se ha demostrado que es un error. Hacen falta políticos más realistas que duden un poco de sus creencias.
No es cuestión de plazos, sino de viabilidad del proyecto que permita levantar cuanto antes el 155 y recuperar la Generalitat