Discapacitado y desahuciado
Un joven de 24 años con la edad mental de un niño de 12, o la historia de uno de los once desalojos de esta semana en Barcelona y l’Hospitalet
Juan Carlos Portela, de 57 años, tiene amoratada la uña del índice derecho. “Me golpeé cerrando una ventana. Estoy tan nervioso que no retiré la mano”. La uña se caerá y nacerá otra. Sin embargo, cuando derriben su casa, en la calle Roger, 31, de Sants, no nacerá otra. Y si naciera, no sería suya. El juzgado de primera instancia 57 de Barcelona ha ordenado el desalojo de Juan Carlos, de su mujer Cristina y de su hijo, con una discapacidad del 70%. “Tiene 24 años y una edad mental de 12. El niño. Lo llaman así. El niño. De momento, los servicios sociales del Ayuntamiento sólo les han ofrecido un trastero para los muebles.
Ayer se paralizó el segundo intento de desalojo, gracias a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la presión vecinal. Juan Carlos nació aquí. Sus padres, Agustín y Carmen, gallegos que se conocieron en Catalunya, vivieron en esta casita hasta que se murieron. Juan Carlos y su esposa, que se trasladaron con los suegros cuando se casaron, heredaron el alquiler indefinido.
En esta finca nació también su hijo, hoy ajeno al drama y feliz. “Dice que si lo echan, se irá a vivir a con sus tíos, a los que adora”.
La capital catalana registra una media de siete desahucios diarios, según el Consejo General del Poder Judicial. Esta semana habrá once en Barcelona y l’Hospitalet, sin contar los que se produzcan sin conocimiento de la PAH. Cuesta menos aceptar once desahucios que mirar a los ojos a once familias. Más que los miles de destierros paralizados, el gran éxito de la PAH ha sido poner cara al drama. Humanizarlo.
Juan Carlos tenía una empresa de impermeabilización que cerró con la crisis porque dejaron de pagarle los encargos. La pareja sigue adelante gracias al sueldo de ella, aunque ahora está de baja por ansiedad. Este no es un desahucio por impago del alquiler, como el 85% de los 2.519 que hubo en Barcelona en el 2017. Tampoco es un problema de dinero, recalca Alfredo Martínez, el presidente de la asociación de vecinos de Badal, Brasil y la Bordeta, que apoya sin fisuras a la familia.
“No es un caso indecente: es pornográfico”, decía una de las personas concentradas ante la vivienda para impedir que se ejecutara la orden judicial. La casita está afectada por una expropiación para una reforma urbanística. Si se hubiera respetado el contrato antiguo, la familia tendría ahora derecho a una indemnización, pero gracias a la ley Boyer y a la extinción de los alquileres indefinidos la inmobiliaria les obligó a renegociar el contrato en el 2012, un año después de la aprobación del plan urbanístico.
Una vez se extinguió el nuevo contrato, que cuadruplicó las mensualidades, de 200 euros a 800, la firma propietaria se negó a renovarlo. Durante tres meses y hasta que su propio abogado les aconsejó que dejaran de hacerlo, la familia siguió ingresando en la cuenta el dinero de los recibos. El juzgado ya ha fallado en contra de la familia, a pesar de que aún no hay una alternativa para ellos.
La inmobiliaria ya puede vender la casa sin el bicho a la promotora que reurbanizará la calle. Se suele recordar a los justiciables que todo lo que digan puede ser utilizado en su contra. La funcionaria del juzgado no lo tuvo presente ayer, cuando preguntó a una trabajadora social: “¿Pero esta gente no tiene preferencia para un piso social?”. Esta gente son Juan Carlos y Cristina, cuyo hijo tiene una discapacidad del 70%.
La espera puede tardar aún seis meses, respondió la interpelada. La Mesa de Emergencias no tiene suficientes pisos. “¿Pueden acreditar la situación de su hijo con documentos?”, preguntó entonces la funcionaria judicial, y hasta la procuradora de la inmobiliaria respondió que conoce bien esta historia y la discapacidad es incuestionable. La PAH alega que no tiene sentido echar a una familia cuando aún no hay fecha para las obras del plan urbanístico. La espada de Damocles sigue ahí, pero todos han ganado tiempo.
Cuando los Mossos se marcharon, Juan Carlos se fue a ayudar a la calle Estrella, 3, de l’Hospitalet, donde se paralizó otro desahucio. Mientras esperaba a la comitiva judicial y daba gracias a la PAH, charló con otro activista antidesalojos. Este es su caso: “He logrado la condonación de la hipoteca y una mensualidad ajustada a mis exiguos ingresos, pero viví un infierno hasta que el banco me dijo que me dejaba en mi piso con un alquiler social de 49 euros”. Los aleteos de sus manos mientras hablaba dejaban ver otra mariposa morada. La uña de un pulgar.
Hasta la funcionaria judicial se sorprende de que un matrimonio con esta situación no tenga ya un piso social