“Los ultras” de la Puerta del Sol
Por el bien de Cristina Cifuentes, es de desear que no acabe como sus dos predecesores en el cargo, progenitores también de rumbosas cadenas de agresivas rebajas fiscales. La primera, Esperanza Aguirre, que en el 2003 comenzó a tejer su populista cadena de recortes de impuestos, primero el IRPF y luego sucesiones y donaciones.
Continuó el sucesor a dedo de la lideresa, Ignacio González, quien diez años después anunció “la mayor rebaja de impuestos de una comunidad”, con el siempre agradecido argumento de que “el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Axioma que el expresidente aplicó sobre todo en primer persona, como ha quedado acreditado por la vía de la instrucción judicial.
Ya sabemos en qué ha acabado ese discurso del minimalismo fiscal gracias a la excelencia en la gestión. Una, desahuciada políticamente por haber medrado rodeándose, por propia elección, de una manada de corruptos. El otro, directamente encarcelado y encausado, atragantado por coimas sin fin.
En realidad habría que preguntarse cuál es la virtud que permite a la Comunidad de Madrid seguir renunciando voluntariamente a porciones notables de recaudación fiscal, sin hundirse en el déficit y endeudarse hasta las cejas, pese a haber cobijado simultáneamente varias tramas de corrupción pública que han trepado hasta la cúspide de su administración durante las dos últimas décadas.
Los expertos serios reconocen que la comunidad goza del privilegio de albergar la capital del Estado y las actividades que esa concentración de poder arrastra. A quienes lo niegan: basta sólo con que reflexionen sobre lo que le sucedería en la comunidad y en la ciudad si la administración del Estado, y lo que cuelga de ella, buscara nueva ubicación.
El discurso de que el margen fiscal de la Comunidad de Madrid es resultado de su buena gestión mueve a risa. En lenguaje económico se trata de una modalidad de dumping fiscal, sabiendo que el coste de los servicios es asumido por otra administración, la central, y que el nivel de ingresos tributarios está dopado por la centralidad política que implica la capital.
El anuncio de Cifuentes, como antes los de Aguirre y González, es insolidario. Primero, porque se financian con los recursos aportados por el resto de los ciudadanos, lo que se carga el mantra tan furiosamente defendido por los gobiernos centrales sobre la igualdad de todos. Segundo, porque, pese a lo dicho públicamente, el lugar de residencia sí acaba importando a la hora de pagar impuestos y recibir servicios. Como puede atestiguar cualquier andaluz o catalán, por ejemplo, que compare su declaración de la renta con un madrileño.
Igual por eso en los pasillos de Hacienda, donde se conservan todos los secretos de la fiscalidad española, se habla de “los ultras” al referirse a los inquilinos de la Puerta del Sol. Y porque Cifuentes ya se ha querido adelantar a la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.