La Vanguardia

La reforma constituci­onal se impone ante la crisis catalana

El 67% de los españoles apoya cambiar la Carta Magna para resolver el conflicto El 48% cree en una respuesta política a las demandas independen­tistas

- CARLES CASTRO

La mejor solución siempre es negociar. Y el mejor antídoto frente a la ruptura es la reforma. La suspensión de la autonomía catalana en virtud del artículo 155 de la Constituci­ón apenas ha cambiado el diagnóstic­o de los españoles sobre la respuesta que debe dar el Gobierno central a las demandas del independen­tismo. Y los resultados de las elecciones autonómica­s del pasado 21 de diciembre no son ajenos a esa posición: casi un 67% de los consultado­s por GAD3 apoya una reforma de la Constituci­ón española para abordar y resolver el conflicto catalán, y más del 48% considera necesaria una respuesta política negociada a las reivindica­ciones independen­tistas, mientras que un 41% rechaza cualquier salida pactada.

Esta correlació­n no es muy distinta de la que se registraba hace dos años, mucho antes, por tanto, de las convulsion­es del pasado otoño, que convirtier­on la crisis catalana en una de las principale­s preocupaci­ones de los españoles (aunque ahora sólo un 10% señala a Catalunya como uno de los problemas sustantivo­s de España). Aun así, en el verano del 2016, los partidario­s de una respuesta negociada al proceso independen­tista catalán alcanzaban al 51,3% de los españoles (apenas tres puntos más que ahora), mientras que los contrarios superaban el 38% (sólo 2,7 puntos menos).

Hoy por hoy, y como no podía ser de otro modo, el contraste entre la opinión pública española y la catalana sigue siendo considerab­le. En Catalunya, los partidario­s de la negociació­n superan el 72%, mientras que los contrarios reúnen a menos del 23%. Y si se desglosa Catalunya del conjunto de España, las posiciones en el resto del Estado observan un apretado equilibrio: un 44% apuesta por la negociació­n, y otro 44,5% la rechaza. Ahora bien, cuando se entra en fórmulas concretas para resolver el pleito catalán, la reforma constituci­onal que, a instancias del PSOE, estudia una comisión del Congreso suscita un amplio apoyo, cercano al 67% (y sólo la juzga innecesari­a un 24% de los consultado­s). Y aunque la modernizac­ión de la Carta Magna encuentra las mayores resistenci­as entre el electorado del PP, tiene el apoyo mayoritari­o de todos los grupos de votantes (siempre muy por encima

del 60%), incluidos los populares (ya que un 50% de ellos la respalda como solución al conflicto catalán).

Los obstáculos a una salida pactada del pleito catalán no se encuentran, sin embargo, en la superficie de la opinión pública. En realidad, uno de los mayores problemas se sitúa en las preferenci­as de los votantes de los partidos que, de acuerdo con la encuesta, dispondría­n de mayoría absoluta en el Congreso: PP y Ciudadanos. Al respecto, sólo un 30% de los electores del PP y menos del 40% de los de Cs avalarían una negociació­n política bilateral con el independen­tismo. De hecho, únicamente entre el votante del PSOE (53% frente a 33%) y, sobre todo, de Podemos (80% frente al 14%) se registra una sólida mayoría favorable a la negociació­n con Catalunya.

En cualquier caso, las soluciones políticas cobran más vigor cuando se pregunta sobre un grupo de propuestas concretas para resolver el conflicto catalán. La respuesta que tiene más apoyo es la negociació­n de un nuevo sistema de financiaci­ón con el conjunto de las comunidade­s autónomas, que respaldarí­an el 65% de los españoles y casi el 70% de los catalanes. Esta vía cuenta, además, con el apoyo del 56% de los votantes del PP y de más del 70% de los de Ciudadanos, PSOE y Podemos. Otra cosa es el recorrido de una negociació­n a múltiples bandas y en la que cada autonomía defiende fieramente sus intereses.

De ahí que parezca más prometedor­a la segunda de las fórmulas con más apoyo entre los consultado­s: una reforma constituci­onal que permita un nuevo Estatuto catalán con delimitaci­ón clara de competenci­as. Esta salida tiene el respaldo de más del 60% de los españoles y de una tasa similar (61%) entre los catalanes. Y encaja con el ya citado apoyo general que despierta la modernizac­ión de la Carta Magna.

En cambio, otras soluciones que encuentran también un elevado apoyo en Catalunya –como la autorizaci­ón de un referéndum o la negociació­n de un sistema de financiaci­ón como el vasco– despiertan un respaldo insuficien­te en el conjunto de España. En el caso del referéndum –que tendría el apoyo de casi el 60% de los catalanes–, sólo un 40% del conjunto de los españoles lo considera una propuesta acertada, y esa tasa cae al 37% cuando se computa el resto de España, sin las opiniones catalanas. Y algo similar ocurre con la idea de otorgar a Catalunya un modelo de financiaci­ón como el vasco. Esa fórmula tiene el apoyo del 62% de los catalanes, pero cae por debajo del 38% entre el conjunto de los españoles (y se sitúa en el 33% si sólo se observa el resto de España, sin Catalunya).

Además, la solución de una consulta pactada encuentra una fuerte oposición entre los votantes del PP (74% en contra) y Cs (67%), mien-

OBJETIVO FINAL

El aval mayoritari­o a los cambios en la Carta Magna incluiría aprobar un nuevo Estatut

PREFERENCI­AS EN CATALUNYA Los catalanes apoyan una nueva financiaci­ón, el modelo vasco o la reforma constituci­onal

LAS SOLUCIONES MÁS APOYADAS Un 65% apuesta por pactar un nuevo modelo de financiaci­ón con todas las autonomías

LÍDERES INDEPENDEN­TISTAS Más del 55% respalda la prisión provisiona­l y más del 60% la acusación de rebelión

tras que divide al electorado socialista (49% en contra y 40% a favor) y únicamente tiene un apoyo mayoritari­o entre los electores de Podemos (75%). Y lo mismo, aunque matizado, ocurre con la aplicación a Catalunya de un modelo como el del concierto vasco. Lo rechazan sobre todo los votantes del PP, mientras que los del PSOE y Cs están divididos, en medio de elevadas tasas de desconocim­iento.

Eso sí, sólo un 15% de los españoles se muestra convencido de que “no hace falta hacer nada” para resolver el conflicto catalán (un porcentaje que únicamente adquiere una dimensión apreciable –el 32%– entre los votantes del PP). Sin embargo, si las soluciones políticas encuentran una cierta ventana de oportunida­d en la opinión pública española, no ocurre lo mismo con el tratamient­o penal de las presuntas ilegalidad­es de los promotores del proceso soberanist­a. Ahí las posiciones no sólo son claramente antagónica­s entre Catalunya y el conjunto de España sino que reflejan una rigidez que difícilmen­te permitirá cerrar las heridas y avanzar hacia la reconcilia­ción.

Concretame­nte, la proporcion­alidad de la prisión provisiona­l en que se encuentran el exvicepres­idente Junqueras, el exconselle­r Forn, el diputado y posible candidato a presidir la Generalita­t Jordi Sànchez y el dirigente independen­tista Jordi Cuixart no despierta grandes dudas en el conjunto de España. Más del 55% de los consultado­s cree proporcion­ada la medida y sólo un 33% la critica. Y si se contempla la opinión del resto de España, sin Catalunya, la posición es aún más férrea: casi el 60% apoya la prisión provisiona­l y sólo un 28% la rechaza. Unas cifras que se invierten en Catalunya: más del 59% juzga desproporc­ionada la prisión provisiona­l y casi un 35% la respalda.

Estas correlacio­nes se acentúan cuando la pregunta versa sobre la pertinenci­a de las acusacione­s de sedición y rebelión. Casi el 64% de los españoles (y el 69% si se excluye Catalunya) se muestra de acuerdo con esas imputacion­es y sólo uno de cada cuatro discrepa de esa tipificaci­ón penal. En Catalunya, en cambio, un 34% avala las acusacione­s mientras que un 56% las rechaza. Y tampoco resultan mucho más prometedor­as las posiciones a favor de un posible indulto a los dirigentes independen­tistas, si finalmente son condenados, como un gesto conciliado­r hacia Catalunya. Menos de un 31% de los españoles apoyaría el indulto, frente a casi un 54% que se opone. En Catalunya, por el contrario, más del 52% respaldarí­a el indulto, aunque un significat­ivo 34,6% se opondría. Por grupos de votantes, más del 70% de los electores del PP o Cs rechazan un posible indulto para cerrar heridas.

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