Una reforma para el progreso
CASI la mitad de los españoles –el 48,4%– cree pertinente negociar una respuesta política a las demandas independentistas. Entre los catalanes, ese porcentaje asciende hasta el 72%. Son datos del sondeo de GAD3 cuya segunda entrega publica hoy La Vanguardia. E indican que gran parte de los ciudadanos siguen preocupados por la crisis catalana y deseosos de dar con una solución. Las fórmulas que se barajan son de dos tipos. Una sería perfilar un nuevo sistema de financiación. La otra, reformar la Constitución Española y el Estatut.
En repetidas ocasiones nos hemos manifestado partidarios de acometer esa reforma constitucional. Por dos motivos. El primero es que podría incluir los retoques necesarios en el ámbito de la financiación autonómica. El segundo es que hay otros motivos diversos que aconsejan, desde tiempo atrás, afrontar la reforma de la Carta Magna. La reclaman también, además de las mejoras relativas a la organización territorial de España, la necesidad de mejorar la compatibilidad del sistema legal español con el europeo, la supresión de la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona, la reforma del sistema electoral o el blindaje de determinados derechos sociales en el marco constitucional.
Aunque esta demanda de reforma de nuestra ley superior viene de antiguo, lo cierto es que no acaba de concretarse, salvo en dos retoques específicos realizados en los años 1992 y 2011. Hay una resistencia ancestral, sobre todo entre las filas conservadoras, a modificar el articulado constitucional. Aduce esta corriente de opinión que la Constitución promulgada en 1978 ha prestado muy buenos servicios a España. Lo cual es bien cierto. Pero la Constitución, como todo en esta vida, necesita adaptarse a los cambios y los nuevos tiempos o, simplemente, a la evolución de la sociedad. Este año se cumplirán cuarenta de su entrada en vigor. La situación actual, tanto en lo político como en lo social, es muy distinta de aquella en la que la Carta Magna vio la luz. No cabe por tanto la menor duda de que una reforma consensuada, mesurada y guiada por el afán de sintonizarla con el presente podría dar buen resultado.
Consciente de ello, el PSOE impulsó tiempo atrás una comisión para la reforma constitucional. Al echar a andar, en un ambiente alterado por el desafío independentista catalán, los principales partidos consideraron atentamente la posibilidad de avanzar hacia la mencionada reforma. Pero ahora mismo ese proyecto ha perdido fuerza, además de impulsores. El fracaso del proceso soberanista hace pensar a algunos dos cosas. Una es que la reivindicación catalana, además de perder fuelle, ha pasado a mejor vida. Otra es que la reforma constitucional puede seguir esperando. Ambas apreciaciones son erróneas.
Es verdad que el momento político es delicado: el PP y Ciudadanos flirtean el populismo en su rivalidad por el timón de la derecha, el PSOE no gana apoyos y Podemos los pierde. En esta coyuntura, con las espadas en alto, no es sencillo tejer acuerdos de fondo para encarar cambios estructurales. Pero también es cierto que no hay momentos políticos sencillos. Y que la urgencia de la reforma constitucional pervive. Es, por tanto, momento de recuperar el impulso reformista y de darle contenido. Las diversas incomodidades que sufre a diario la política española podrían verse atenuadas con una reforma constitucional para el progreso colectivo.