Hospitales públicos otra vez
Valencia revierte el sistema que privatizó la sanidad durante veinte años
La ciudad valenciana de Alzira volverá a ser el próximo 1 de abril motivo de experimentación de modelos de gestión del sistema público sanitario. Si en 1999 fue el lugar elegido por el PP valenciano, con Eduardo Zaplana de president, para ensayar su primer hospital público de gestión privada, a final de mes el modelo se revertirá para que la Generalitat Valenciana vuelva a aplicar la gestión directa, es decir, la desprivatización.
El Ejecutivo de Ximo Puig inicia así lo que se conoce como el fin del modelo Alzira, que también se instaló en las localidades de Torrevieja, Elx, Dénia y Manises: un millón de valencianos, uno de cada cinco, recibe atención sanitaria con este modelo. Pero de momento, sólo se revertirá el de Alzira porque es ahora cuando finaliza el contrato suscrito con la concesionaria, Ribera Salud, que ha iniciado una dura lucha en la opinión pública y en los tribunales para evitar la reversión del modelo.
Se trata, ante todo, de una decisión política, que comenzó a gestarse con la victoria de las izquierdas –PSPV, Compromís y Podem– en las elecciones de mayo del 2015, que apartaron al PP de las instituciones. La consellera de Sanitat valenciana, la socialista Carmen Montón, lo resume diciendo: “Recuperamos el derecho a la salud como un derecho, y desterramos la mercantilización de la salud en el ámbito del negocio”. Y reconoce que se trata de “todo un reto”, pues no existe en España otro objetivo similar “para devolver a la gestión directa pública una gestión privada de tanta envergadura”.
El modelo Alzira del hospital de la Ribera que diseñó el PP consistía en una fórmula novedosa en España: un actor privado construía un centro sanitario, contrataba a los profesionales y servicios, y a cambio la Administración pagaba un canon a la concesionaria. Este canon se establecía en función de los ciudadanos a los que se atendía, y estos seguían recibiendo la atención sanitaria gratuita. En el caso de Alzira, el hospital daba cobertura a toda la comarca de la Ribera Alta; en total 250.000 valencianos. El canon actual ronda los 16 millones de euros al mes.
La hipótesis que defendió y sigue defendiendo el PP es que con el modelo Alzira la Administración pública se ahorraba dinero per cápita en atención sanitaria, se mejoraba la calidad asistencial, se acortaban las listas de espera y se optimizaban recursos públicos. Así lo defiende también el actual gerente del hospital de la Ribera, Javier Palau, para quien la Administración valenciana ha decidido revertir la gestión “sin tomar en consideración todos los informes y auditorías que avalan el ahorro y la mejora de los servicios, y vulnera las reglas de la colaboración pública y privada”. Javier Palau reconoce el derecho de la Generalitat a, “una vez finalizado el contrato revertir el modelo, pero lo hacen sin pensar en lo que más beneficia a los ciudadanos que lo necesitan”.
Desde la conselleria no tienen la misma opinión. Recuerdan, que el modelo quebró en el año 2003. En aquellas fechas, la concesión estaba en manos de Adeslas, que aportaba la experiencia, y de las Cajas de Ahorros Valencianas, bajo control directo del PP. Se perdía dinero. Fue entonces cuando la Generalitat Valenciana, en manos de Francisco Camps, adoptó una decisión compleja: además de gestionar el hospital se autorizaba a gestionar también toda la atención primaria de la Ribera Alta, es decir, 14 centros de salud y 31 consultorios en 35 municipios de la comarca. Y así se ampliaba el canon para que la concesionaria no perdiera dinero. Según datos de Sanitat, la Administración valenciana pagaba 225 euros por habitante en el 2002, mientras que en el 2017 se pagaba 777 euros.
Además, según recuerdan desde el PSPV, el PP fracasó en su intento de exportar el modelo a otras autonomías gobernadas por este partido. En Madrid el intento de implantarlo generó una durísima oposición no sólo del sector sanitario, sino también de destacados actores de la sociedad civil.
La actual concesionaria Ribera Salud, propiedad al 50% del Sabadell y la aseguradora norteamericana Centene, ha intentado en los juzgados paralizar la reversión, sin éxito.
“La salud es un derecho y debemos desterrar su mercantilización en el ámbito del negocio privado en esta comunidad”
Carmen Montón Consellera de Sanitat de la Generalitat Valenciana
PAGO PER CÁPITA
La sanidad valenciana paga un canon a la concesionaria por la población a su cargo
MODELO SÓLO VALENCIANO
El PP intentó exportar sin éxito el modelo, que afecta a uno de cada cinco valencianos
Y han alertado del posible “colapso” que se puede producir en el departamento de salud de La Ribera Alta por el cambio de modelo. Desde la conselleria lo niegan y explican el ambicioso plan que se lleva preparando desde hace meses para que todo siga igual “y con más servicios”, según Carmen Montón. De
entrada, los empleados pasarán a serlo de la Generalitat bajo la categoría de “trabajadores laborales a extinguir”. Una fórmula que, a pesar de su nombre, les garantiza el empleo y sus condiciones actuales hasta la jubilación. Además, se invertirán a corto plazo siete millones de euros para mejorar todas las instalaciones, y se ha previsto que la carta de servicios sanitarios aumente en beneficio de los pacientes.
Mientras, en Alzira, los ciudadanos están tranquilos. No ha habido ni protestas ni manifestaciones contra la reversión . “Lo que nos importa es que la asistencia siga siendo de calidad”, señala Josep Boix, un empresario de esta localidad. Y en el hospital, los trabajadores sólo esperan que todo siga igual. “Muchos preferimos que sea la Administración quien lo gestione”, según una doctora que pide el anonimato. El 1 de abril será el principio del fin del modelo Alzira.