Solo una clínica salió totalmente del sistema
La desprivatización catalana, concentrada en entidades con ánimo de lucro, que son las menos en el amplio sector privado que da servicio sanitario público, fue uno de los compromisos electoral fundamentales del anterior gobierno de la Generalitat y condición en el pacto con la CUP. Pero se ha quedado a medias en los hospitales y en nada en el resto de servicios sanitarios que se contratan a empresas privadas, como la rehabilitación o las largas convalecencias.
La gran desprivatización prácticamente se limitó a la clínica del Vallès, propiedad del grupo Quirón al comienzo de la legislatura. En 2016 se dejaron de contratar los 3.700 ingresos que atendían. El Parc Taulí, de donde procedían la mayoría de estos pacientes, y el consorcio de Terrassa recuperaron esta actividad y recibieron por ello 5 y 2,5 millones de euros respectivamente, además de 32 empleados de la clínica.
La otra gran bestia negra de la medicina privada integrada en la sanidad pública, el Hospital General de Catalunya –en otro tiempo ejemplo de iniciativa de la sociedad civil–, también propiedad del grupo Quirón y luego de la alemana Fresenius, debía seguir el mismo camino. Incluso se llegó a anunciar un posible acuerdo para que la Generalitat comprara el centro.
Pero en el 2017 la sanidad pública siguió concertando con el centro parte de los servicios de radioterapia y hemodinámica (cateterismos) que contrataba antes y sí redujo drásticamente la cirugía.
La tercera pieza a desprivatizar, el Sagrat Cor, salió pronto de los planes: se barajó la posibilidad de comprarlo, de encargar la actividad a otros centros y finalmente se dejó a la espera de una solución en el futuro más lejano. Sigue ocupándose de una zona de Barcelona, unos 14.000 pacientes al año. Las que no estuvieron nunca dentro de la lista a desprivatizar, a pesar de ser entidades con ánimo de lucro como las del grupo Quirón, son las clínicas privadas de Lleida y Girona, que siguen su actividad pública sin contratiempos.