De refugiada a “irregular”
Personas que no logran el asilo se enfrentan a la misión casi imposible de conseguir un contrato de trabajo de un año para optar a la residencia
Jennifer sobrevivía gracias a su trabajo en un matadero de Girona hasta que el pasado 27 de febrero recibió una carta en la que se le notificaba que el Ministerio del Interior había desestimado su petición de asilo. Esta mujer nigeriana se quedó sin papeles, perdió su empleo y este mes de marzo ya no podrá enviar dinero a su marido y a sus dos hijos, que siguen en el país africano. Jennifer, de 39 años, no se plantea regresar a Nigeria, de donde huyó por el terror de Boko Haram y de otra banda armada islamista, Yan Daba. Como tantos otros refugiados a los que se deniega la protección internacional, Jennifer sólo ve una salida, solicitar el permiso de residencia por la vía del arraigo social, al cumplirse ya los tres años desde su llegada a España. Pero para ello precisa presentar un contrato laboral de doce meses.
Jennifer considera que esto es el pez que se muerde la cola. Ella ya tenía un empleo que perdió automáticamente al cerrarse la vía del asilo y quedarse por tanto sin papeles. Antes de en el matadero había trabajado en una lavandería, normalmente por periodos de seis meses coincidiendo con la temporada turística. “Pero ahora, cuando pido un contrato por un año, me dicen que no, que no pueden... ¿y sin contrato cómo voy a poder pedir la residencia?”, exclama entre sollozos. “Estas personas, a las que el Estado no da el asilo pero tampoco las envía de vuelta a sus países, y que conste que yo no pido expulsiones, sólo les quedan tres maneras de ganarse la vida: con ayuda social, en la economía sumergida o delinquiendo. Por eso, cada vez que el Estado genera una persona en situación irregular también genera un problema”, considera Oriol Amorós, secretario de Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat.
Amorós pronostica que a lo largo del 2018 se producirán centenares de denegaciones de asilo en Catalunya, con lo que el contingente de personas sin recursos irá en aumento.
Desde la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), su presidente, Miguel Pajares, lamenta que en el 2017 se redujeran las resoluciones favorables al asilo y a la protección internacional en comparación con el 2016. “El porcentaje de aceptaciones en España siempre había sido bajo, de alrededor del 30%, pero en el 2016 se invirtieron las cifras debido a la llegada de refugiados de la guerra de Siria, cuyas solicitudes se resolvieron favorablemente en su práctica totalidad (6.160 positivas por sólo 59 negativas)”, apunta Paja- res. Un informe publicado esta semana por el Consejo Europeo para Refugiados y Exiliados (ECRE) confirma que España rechazó en el 2017 el 60% de las solicitudes.
Durante ese mismo año se registraron casi 31.738 peticiones de asilo en el conjunto de España frente a las 16.544 del 2016. Venezuela repitió como el país con más solicitantes (10.627), seguido de Siria (4.277), Colombia (2.503), Ucrania (2.312), Argelia (1.176), Palestina (1.175), El Salvador (1.143) y Honduras (985). En Catalunya, la suma total rondó las 4.000, más del doble que en el 2016.
Desde el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) expresan su preocupación “por el bajísimo reconocimiento de las demandas de los venezolanos”. De los 35.261 expedientes de asilo que a finales del 2017 España tenía pendientes de resolución, 12.000 eran de personas procedentes de dicho país latinoamericano, alerta Acnur.
“Nos preocupa que España sea líder en denegaciones, por las cifras parece que se rechaza en función de la nacionalidad y no de las historias personales de cada caso. Y claro, si no ejecutas la expulsión, se fomenta la estancia irregular”, opina Amorós, que precisa que actualmente 1.160 personas siguen el programa estatal de acogida en Catalunya, aunque el total de refugiados estima que es muy superior, como mínimo de 2.000 ciudadanos.
“A Jennifer no le concedieron el asilo al considerar que podía reubicarse dentro de su país, en alguno de los estados donde no actúan los grupos armados. Al llevar ya más de tres años aquí intentaremos la vía del arraigo social, pero necesita un contrato de trabajo de un año”, explica Anna Serra, responsable de Inmigración y Refugio de Cruz Roja en Girona. Durante el 2017, sólo ocho personas procedentes de Nigeria consiguieron la protección internacional frente a las 46 resoluciones negativas registradas en España.
Jennifer marchó a finales del 2014 de Nigeria, donde residía con su marido, su hija, que ahora tiene doce años, y su hijo, de nueve, por la extrema violencia. Cuenta que era maestra de infantil y primaria y que varias veces tuvo que salir corriendo de clase con sus alumnos por los ataques terroristas, en el estado de Kano. Un bombardeo de la banda fundamentalista islámica Boko Haram fue la gota que colmó el vaso en el 2012. Los cuatro emprendieron la marcha, se instalaron en el estado de Edo y solicitaron el visado para viajar a España. Sólo lo consiguió Jennifer. Su marido se quedó con los niños con la esperanza de reunirse todos en un futuro próximo.
Ahora, Jennifer está en punto muerto, desorientada, sin contactos y con escasos recursos para lograr un contrato. “Las personas sin red social lo tienen más complicado. Algunos nos cuentan que hay empresas que les piden dinero para hacerles un contrato”, señala Serra.
El rechazo al asilo se produce en algunos casos cuando los solicitantes han encarrilado su integración laboral y social. Núria Alcalà, coordinadora del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers en el Servei d’ Atenció a Inmigrantes i Refugiats (Saier) de Barcelona, apunta que se producen situaciones kafkianas, de personas que llevan dos años trabajando en una misma empresa, no obtienen el asilo y son despedidas. “Vuelven a contratarlas cuando obtienen la residencia por la vía del arraigo”, añade.
Los problemas se multiplican en el caso de los refugiados que se quedan fuera del asilo y todavía les queda mucho tiempo para cumplir los preceptivos tres años que posibilitan optar al permiso de residencia. Como a Olekssi y Nataliya Shostak, una joven pareja de ingenieros de Ucrania con dos hijas de corta edad que vieron truncado el asilo cuando les faltaban doce meses para los citados tres años. Ahora, Olekssi ha podido empezar los trámites para la residencia gracias al compromiso de la compañía en la que trabajaba de ofrecerle el preciado contrato.
Jennifer, que huyó de Nigeria, se ganaba la vida en un matadero de Girona hasta que le denegaron el asilo
Durante el año pasado, España casi duplicó las peticiones de refugio alcanzando la cifra de 32.000