El fiscal facilita la salida de prisión del exconseller Forn
La Fiscalía del Estado defiende la libertad bajo fianza por razones humanitarias Jordi Sànchez prevé renunciar a su escaño para dejar la cárcel
Importantes novedades en el proceso judicial por el caso 1-O, con posibles consecuencias para la celebración de un debate de investidura en el Parlament. El fiscal pidió ayer la libertad con fianza de 100.000 euros para el exconseller de Interior Joaquim Forn, al tiempo que solicitaba la permanencia en prisión incondicional de Jordi Sànchez, quien a su vez anunció, por medio de su letrado, Jordi Pina, que está dispuesto a dejar su escaño, e incluso cualquier tipo de actividad política, si todo ello resulta indispensable para salir de la cárcel.
Estos movimientos se producen cuando ya está muy avanzada la instrucción de la causa y a punto de dictarse el auto de procesamiento, que dejará definitivamente encauzado el proceso hacia el juicio oral. El dato es relevante porque con dicho auto entrará en juego el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que permite suspender de cargo público a quienes resultaren procesados por rebelión, si están en prisión.
Forn ya renunció a su escaño. Si Sànchez lo hace ahora, no podría ser investido president, y si además se aleja de la política, el riesgo de reiteración delictiva se reduce mucho. El temor en el Supremo es que alguno de ellos, o los dos, pudieran ser nombrados consellers, cargo en el que seguirían tras ser procesados. Pero si se separan de la política, ya se habrá conseguido su inhabilitación de facto.
En todo caso, en la Fiscalía sigue habiendo sus más y sus menos. El fiscal que ayer representó a la acusación pública en el Supremo, Fidel Cadena, pidió la libertad con fianza para Forn subrayando que lo hacía por orden del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. Con ello dejaba bastante claro que los fiscales del Supremo habrían mantenido su postura favorable a la continuidad de la prisión incondicio- nal. Esa tesis fue la que sostuvieron por escrito hace pocos días, cuando expusieron su informe ante el nuevo recurso de Forn. ¿Por qué dio Sánchez Melgar esa orden? La Fiscalía General del Estado hizo público un comunicado en el que se menciona la existencia de “razones humanitarias”. Y al explicarlo se añadía que “se ha tenido conocimiento de la aparición de tuberculina” en un examen a Forn. Instituciones Penitenciarias sostiene que el problema no se ha generado en prisión, sino que Forn pudo estar en contacto con la bacteria causante de la enfermedad, que no ha desarrollado, en algún momento de su vida. Pero en el entorno del exconseller se teme que la causa esté en su permanencia en la cárcel.
La Fiscalía subraya también que Forn renunció en enero pasado a su escaño en el Parlament y aprecia “falta de reiteración delictiva derivada de sus manifestaciones y/o actuaciones desde que se inició el cumplimiento de la medida cautelar”. Desde prisión, en efecto, no ha emprendido iniciativas ni ha realizado manifestaciones políticas. Para la defensa de Forn –ejercida por el letrado Cristóbal Martell–, estos argumentos son agua de mayo.
En cuanto a Sànchez, en cambio, la Fiscalía mantuvo la tesis de que existe riesgo de reiteración delictiva, a pesar de su compromiso de abandonar el escaño. Las imágenes del 20 y 21 de septiembre, en la concentración ante la Conselleria d’Economia, con los coches de la Guardia Civil –armas incluidas– a merced de los manifestantes, siguen pesando mucho. “Se han acopiado –dice el comunicado de la Fiscalía General– nuevas e importantes evidencias sobre la concurrencia de violencia, y otros elementos del tipo penal, directamente imputables al solicitante”. El mismo escrito alude en este sentido al mencionado “riesgo de reiteración delictiva”, que según los fiscales es “extraordinario”.
La acción popular, ejercida por el letrado Javier Ortega, en nombre de Vox, pidió que tanto Sànchez como Forn sigan en prisión incondicional. Con toda probabilidad, la Sala de Apelaciones del Supremo dará a conocer su resolución mañana. Si Forn sale de prisión, como parece muy posible, sólo quedarán
El exlíder de la ANC anuncia que dejará su escaño e incluso toda actividad política para salir de prisión
prisión incondicional Oriol Junqueras y los Jordis. También podría salir Sànchez, pero la oposición del fiscal lo hace más difícil. Y si ahora el candidato propuesto es Jordi Turull, procesalmente no tiene cerrado el camino, pero en breve será procesado, y el Supremo ya le avisó de que su permanencia en libertad es reversible si incurre en reiteración delictiva. El Constitucional, a su vez, rechazó ayer la petición del PSC de poner en marcha el reloj para la celebración de nuevas elecciones, si en el plazo de dos meses no hay investidura.
En paralelo, el juez encargado de la investigación, Pablo Llarena, abrió ayer una nueva pieza separada para reunir nuevos datos sobre el uso de fondos públicos con el fin de para organizar el 1-O. Esta pieza permanecerá secreta durante un mes. Cabe la posibilidad de que dentro de ese plazo se dicte auto de procesamiento por los supuestos delitos de rebelión y sedición y que luego se amplíe en lo relativo a la malversación. Pero tampoco cabe excluir que el magistrado espere a recibir la documentación que reclama a la Guardia Civil y dicte dicho auto habiendo completado las acusaciones.
Lo que Llarena le pide a los investigadores es “la aportación de los documentos y demás elementos objetivos que prestan soporte” a su informe sobre “gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia”. Otra pieza separada y secreta, anterior a esta, desembocó en registros y en la recogida de documentación en las sedes de la ANC, Òmnium y el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI).
Otra iniciativa adoptada ayer, en este caso por la Fiscalía, consistió en solicitar al juez Llarena que acuerde “la retención” de los pasaportes de Carles Puigdemont
La Fiscalía reclama formalmente la anulación del pasaporte de Puigdemont
y los exconsellers Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, así como el de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel. Para ello, pide al juez que oficie “la ejecución de la medida a las autoridades administrativas competentes para que anulen la vigencia y validez” de los mencionados pasaportes “temporalmente”, a la vista de que todos ellos están realizando “viajes sin restricción alguna por diferentes países”.