Una acusación particular
Zuccaro dijo el año pasado que tenía pruebas de la colusión con las mafias
El fiscal de Catania que ha ordenado la inmovilización cautelar de un barco de Proactiva Open Arms ha actuado en anteriores ocasiones contra las oenegés que participan en los rescates en el Mediterráneo.
No es la primera vez que el fiscal de Catania que ha ordenado la inmovilización cautelar de uno de los barcos de la catalana Proactiva Open Arms, Carmelo Zuccaro, actúa contra las oenegés que participan en los rescates en el Mediterráneo. El año pasado ya se sumó a la acusación de Frontex de que algunas de las organizaciones hacen de “taxi” entre Libia e Italia, y aseguró en una entrevista con La Stampa que tenía pruebas de la colaboración entre estas organizaciones y los traficantes. Empezó personalmente una investigación, pero luego no podía utilizar las pruebas judicialmente.
“Hay intereses en juego que no son sólo los de los rescatados”, declaró en una comparecencia en el Senado. Ahora investiga a Open Arms por supuestamente favorecer la inmigración clandestina al no haber querido entregar a Libia 218 migrantes que rescataron en aguas internacionales. La situación del barco retenido de Open Arms, así como la investigación sobre tres de sus miembros, vuelve a poner el foco en la presión que ejerce Italia sobre las oenegés desde que se instauró un polémico código de conducta, que algunas como Médicos Sin Fronteras se negaron a firmar. El presidente de Open Arms, Òscar Camps, denuncia una campaña de desprestigio en los últimos años contra estas organizaciones, que según Acnur, todavía son responsables del 40% de los rescates.
“Sin entrar a valorar las decisiones judiciales, no podemos no tener en cuenta el importantísimo trabajo de las oenegés”, explica la portavoz para el sur de Europa de la agencia de la ONU para refugiados, Carlotta Sami. El número de desembarcos disminuyó notablemente en el 2017, algo que se ha aplaudido mucho al ministro del Interior, Marco Minniti. Entre las razones se cuentan más control en el Sahel y la mayor capacidad de la guardia costera libia. Pero mientras bajan las llegadas, aumentan las muertes. Sami recuerda que en este 2018 ya superan las 400. Es decir, una de cada 13 personas que intentaban cruzar han muerto en el Mediterráneo. Antes eran una sobre 29. Con el barco de Open Arms en Pozzallo, ahora sólo queda una oenegé operando en estas aguas, el Aquarius de Sos Mediterranée y Médicos Sin Fronteras.
Tampoco es la primera vez que un fiscal retiene un barco de una oenegé. En agosto bloquearon un barco de la alemana Jugend Rettet en Lampedusa por favorecer la inmigración clandestina, la misma acusación que puede pesar sobre Open Arms. Seguía actuando sin haber firmado el código de conducta propuesto por la UE, por el que, entre otras cosas, deben aceptar la presencia de policías armados, no pueden apagar el radar ni emitir señales luminosas y no deben entrar en aguas territoriales libias. La catalana sí que lo hizo.
“Lo que ha cambiado ahora es que la iniciativa de la magistratura ha obtenido más consenso”, detalla el presidente del comité del Senado italiano por los derechos humanos, Luigi Manconi. En un clima de alta tensión por la crisis migratoria, Manconi es de los pocos políticos que se han posicionado claramente contra la decisión de Zuccaro. A su juicio, el fiscal “pone en discusión el reconocido derecho fundamental al socorro a quien se encuentra en una situación de peligro”. Manconi comparecerá junto a Camps en una conferencia mañana en Roma.
Acnur recuerda que estas organizaciones todavía son responsables del 40% de los rescates